La sociedad civil salvadoreña protesta contra la ley 743

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ante el Decreto 743, aprobado por los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA para reformar transitoriamente los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial del día 2 de Junio, las instancias abajo firmantes DENUNCIAMOS:

1. Que este decreto es un acto contrario a la institucionalidad del país, que busca romper con el equilibrio de poderes dentro de nuestro Estado y favorecer los intereses de pequeños grupos sobre los intereses de la población salvadoreña


2. Que el Decreto 743 fue aprobado irrespetando los procedimientos establecidos para la formulación de leyes: Se aprobó con DISPENSA DE TRÁMITE y con MODIFICACIÓN DE AGENDA. Esta forma de actuar de la Asamblea Legislativa ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Con lo cual es un decreto aprobado de forma ilegal.


3. La urgencia con la que fue aprobado sancionado y publicado el Decreto 743, y la temporalidad del mismo deja en evidencia que se trata de una maniobra política que otorga a la actual Asamblea Legislativa poderes ilimitados y que busca amordazar a la Sala de lo Constitucional para que no siga emitiendo más sentencias molestas.


4. Que la pretendida homologación de los procesos de decisión y la exigencia que las demandas de inconstitucionalidad se resuelvan con el acuerdo de todos los magistrados tiene como consecuencia la imposibilidad práctica de tomar decisiones. En este sentido, el dictamen aprobado otorga capacidad de veto a cada uno de los Magistrados, lo cual no ocurre en ningún otro órgano del Estado. ¿Qué dirían los mismos diputados si cada dictamen debiera ser aprobado con los votos del 100% de los legisladores?


5. Qué el Decreto es una acción más contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que con hidalguía han demostrado actuar bajo los dos principios que deben caracterizar a todo sistema que pretenda impartir justicia pronta y cumplida: imparcialidad e independencia. Entre otros temas, sus sentencias abren el camino para posibilitar las candidaturas independientes, para que sea la ciudadanía la que elija directamente a sus diputados y diputadas; ordenó la cancelación del PCN y PDC y la remoción de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por habar violentado las leyes del país. Los diputados y las cúpulas de los partidos se resisten a ello.


6. Que la Asamblea Legislativa hizo caso omiso de la existencia de un proyecto de la Ley Orgánica Judicial por lo que interfiere en el proceso ya iniciado del proyecto de la mencionada ley.


7. Que este Decreto, en lugar de resolver los problemas, ocasionará nuevos conflictos si la Sala de lo Constitucional tiene que juzgar sobre la constitucionalidad de un decreto que afecta a su capacidad de tomar decisiones.


8. Que el Presidente de la República, con su sanción y la forma como lo hizo, está apoyando una medida antidemocrática que atenta contra la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones y pone en entredicho su imagen democrática.

Por todo lo anterior, las personas jurídicas y naturales abajo firmantes hacemos público nuestro REPUDIO a esta acción que ha debilitado la democracia y pone en crisis la institucionalidad y exigimos la DEROGACION del mismo.

Pedimos al Pueblo Salvadoreño que se adhiera a este pronunciamiento y demuestre su repudio, por todos los medios pacíficos a su alcance, a este acto indigno y contrario al mandato delegado por los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones, propio de personas sin principios, ni valores cívicos y morales.

San Salvador, 6 de junio de 2011.

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