Aberrante manera de legislar
Por Alonso Castillo Ortiz
Es realmente increíble, frustrante e indignante lo que acaba de suceder en nuestro país. El jueves de la semana anterior, la Asamblea Legislativa le puso de nuevo “crespones negros” a nuestra débil e incipiente democracia, al aprobar por simple mayoría, un acuerdo transitorio que obliga a nuestra Honorable Sala de lo Constitucional, a emitir fallos o sentencias por unanimidad o consenso.
Semejante aberración jurídica, sólo podía ocurrírsele a un pleno legislativo que tiene la mala costumbre de legislar en función de intereses minoritarios. O lo que es peor aún, legislar con el propósito de anular, paralizar o entorpecer el excelente trabajo y desempeño de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, que es realmente Honorable porque ha demostrado absoluto respeto a la Constitución y a nuestro estado de Derecho.
Pero lo que es digno de Ripley es que, el mismo día que la Asamblea Legislativa aprobó tan censurable dictamen, el presidente Mauricio Funes, desoyendo las voces ciudadanas que a gritos le pedían una actitud políticamente responsable, al tomar la decisión de vetar semejante adefesio jurídico; sin embargo y contra todos los pronósticos, ese mismo día la convirtió en Ley de la República.
Tan repudiables noticias tuvieron una respuesta inmediata a través de las redes sociales. Cientos de correos electrónicos, dentro y fuera del país, comenzaron a demostrar de manera contundente, su rechazo a esa temaria e intolerable conducta parlamentaria. Así como su incredulidad y estupefacción, por la sorprendente rapidez con la que el presidente sancionó la ley y la mandó a publicar en el Diario Oficial.
Pero lo realmente inaudito en la “firma express” del presidente Funes, lo desnuda el comunicado oficial publicado por la ANEP al día siguiente, bajo el título “Golpe a la Democracia”, con afirmaciones tan obvias, como la que contiene el siguiente párrafo, que textualmente dice: “Con la reforma de esta Ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la Ley fue sancionada y publicada por el presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia.”
Antes de la publicación de dicho comunicado, el diputado Guillermo Avila Qüehl, del partido Arena, dejó sentada su posición profesional como abogado, al negarse a votar a favor de un dictamen como ése, porque profesionalmente, dijo, que no podía traicionar sus principios jurídicos.
Una vez más, la institucionalidad del país se vulnera con absurdos decretos legislativos que ponen de manifiesto que, en El Salvador, se sigue legislando como antes de 1980, con supina ignorancia jurídica, violentando las más elementales normas del Derecho, para favorecer a los de siempre, a los “intocables” del país, a los que se consideran amos y dueños de El Salvador; aunque para ello se pase por encima de la Constitución y de la conciencia de todos los demás.
Por eso alzo mi voz y mi más enérgica protesta, ante semejante abuso y atropello a la inteligencia de mi país. Y profundamente indignado, me pronuncio para que se busquen los mecanismos nacionales e internacionales que sean necesarios, a fin de detener el absolutismo monárquico de esta indeseable clase política que, irrespetando la institucionalidad del país y la voluntad de todo un pueblo, pone irresponsablemente en peligro, lo poco bueno que hoy tenemos y que se obtuvo con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.
West New York, 4 de junio de 2011
Es realmente increíble, frustrante e indignante lo que acaba de suceder en nuestro país. El jueves de la semana anterior, la Asamblea Legislativa le puso de nuevo “crespones negros” a nuestra débil e incipiente democracia, al aprobar por simple mayoría, un acuerdo transitorio que obliga a nuestra Honorable Sala de lo Constitucional, a emitir fallos o sentencias por unanimidad o consenso.
Semejante aberración jurídica, sólo podía ocurrírsele a un pleno legislativo que tiene la mala costumbre de legislar en función de intereses minoritarios. O lo que es peor aún, legislar con el propósito de anular, paralizar o entorpecer el excelente trabajo y desempeño de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, que es realmente Honorable porque ha demostrado absoluto respeto a la Constitución y a nuestro estado de Derecho.
Pero lo que es digno de Ripley es que, el mismo día que la Asamblea Legislativa aprobó tan censurable dictamen, el presidente Mauricio Funes, desoyendo las voces ciudadanas que a gritos le pedían una actitud políticamente responsable, al tomar la decisión de vetar semejante adefesio jurídico; sin embargo y contra todos los pronósticos, ese mismo día la convirtió en Ley de la República.
Tan repudiables noticias tuvieron una respuesta inmediata a través de las redes sociales. Cientos de correos electrónicos, dentro y fuera del país, comenzaron a demostrar de manera contundente, su rechazo a esa temaria e intolerable conducta parlamentaria. Así como su incredulidad y estupefacción, por la sorprendente rapidez con la que el presidente sancionó la ley y la mandó a publicar en el Diario Oficial.
Pero lo realmente inaudito en la “firma express” del presidente Funes, lo desnuda el comunicado oficial publicado por la ANEP al día siguiente, bajo el título “Golpe a la Democracia”, con afirmaciones tan obvias, como la que contiene el siguiente párrafo, que textualmente dice: “Con la reforma de esta Ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la Ley fue sancionada y publicada por el presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia.”
Antes de la publicación de dicho comunicado, el diputado Guillermo Avila Qüehl, del partido Arena, dejó sentada su posición profesional como abogado, al negarse a votar a favor de un dictamen como ése, porque profesionalmente, dijo, que no podía traicionar sus principios jurídicos.
Una vez más, la institucionalidad del país se vulnera con absurdos decretos legislativos que ponen de manifiesto que, en El Salvador, se sigue legislando como antes de 1980, con supina ignorancia jurídica, violentando las más elementales normas del Derecho, para favorecer a los de siempre, a los “intocables” del país, a los que se consideran amos y dueños de El Salvador; aunque para ello se pase por encima de la Constitución y de la conciencia de todos los demás.
Por eso alzo mi voz y mi más enérgica protesta, ante semejante abuso y atropello a la inteligencia de mi país. Y profundamente indignado, me pronuncio para que se busquen los mecanismos nacionales e internacionales que sean necesarios, a fin de detener el absolutismo monárquico de esta indeseable clase política que, irrespetando la institucionalidad del país y la voluntad de todo un pueblo, pone irresponsablemente en peligro, lo poco bueno que hoy tenemos y que se obtuvo con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.
West New York, 4 de junio de 2011
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