La justicia llora porque ya es hora
Porque ya es hora
Por Benjamín Cuéllar Martínez
SAN SALVADOR - ¿Seré yo quien oyó mal y, luego, leyó peor? ¿Seré yo el que estoy equivocado y fue otra cosa lo que ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? Porque bastante gente y no menos organismos nacionales e internacionales sostienen, con toda seguridad, que hoy sí le llegó su hora a los grandes criminales de este país; que sí se investigarán las violaciones de derechos humanos, desde aquellas que más impactaron al mundo hasta las sufridas por decenas de miles de personas, víctimas humildes y anónimas asesinadas y desaparecidas, detenidas y torturadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, se afirma que sancionarán a sus responsables y la amnistía será derogada. Eso flota en el ambiente, generando un entusiasmo legítimo entre amplios sectores de la sociedad salvadoreña que –a día de hoy– han sido discriminadas en lo que a justicia se refiere.
“Acepta El Salvador recomendaciones CIDH sobre caso Romero”, “Histórico que Estado salvadoreño acepte culpabilidad en caso Romero”, “El Salvador: Estado reparará daños por asesinato de Monseñor Romero”, “Pide Estado de El Salvador disculpas por asesinato de Romero”… Esos son algunos titulares de las notas que se encuentran en el ciber espacio. Pero también hay otros como el de la nota firmada por Pablo Ordaz, publicada en El País el lunes 9 de noviembre del 2009; “El Salvador hace justicia a monseñor Óscar Romero”, dice literalmente. Está además la que reza así: “El Salvador investigará el asesinato de monseñor Romero tras 29 años”.
Entonces, ¿comenzamos ya a dejar atrás el reino de la impunidad para vivir en el imperio de la igualdad ante la ley? ¿Será? Veamos qué dijo David Morales sobre el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, algún tiempo atrás de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el más alto funcionario en derechos humanos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del “cambio”.
El 10 octubre del 2007 declaró a la Agencia Francesa de Prensa, en el marco de la audiencia concedida para ese día por la CIDH, que el "Estado de El Salvador hasta la fecha ha convertido el caso en un símbolo de impunidad"; catorce días después denunció que los representantes oficiales, "tajante y abiertamente dijeron que no reconocían responsabilidad, que no anularían la Ley de Amnistía y que no investigarían el crimen de Romero". En la edición del Diario CoLatino del 13 de junio del 2008 calificó de vergonzosa la actitud estatal de “desacato”, por el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
En una entrevista publicada por MetroLatinoUSA el 12 de marzo del 2008, expresó que la impunidad continuaba vigente al permanecer libres los grandes violadores de los derechos humanos tras el conflicto que finalizó en 1992”. Dijo que una consecuencia de eso era “la discriminación de las víctimas de la guerra que como seres humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia, a las reparaciones adecuadas y este derecho incluso ha sido anulado en la Asamblea Legislativa de El Salvador”. Asimismo, reiteró el “franco desacato” del Estado salvadoreño ante la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA) en aras de blindar grupos pequeños pero políticamente poderosos, dentro de los cuales hay “criminales de lesa humanidad”. Y agregó: “Estamos hablando de generales o de coroneles que devastaban zonas campesinas enteras, asesinando a centenares de mujeres, niños, ancianos; de directores de la tortura generalizada”.
En la audiencia de octubre del 2007, Carlos Méndez Flores afirmó: "El Estado no reconoce la responsabilidad estatal". Con ese impresentable agente oficial tuve, el martes 11 de marzo del 2008, un desagradable encuentro durante una reunión de trabajo en la CIDH sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). Aclaro los dos calificativos incluidos en lo antes dicho. Impresentable, porque no entiendo cómo alguien que fue abogado defensor de los autores materiales e intelectuales de los seis sacerdotes jesuitas, de Julia Elba Ramos y de Celina Mariceth, puede presentarse ante la representación de las víctimas en ese foro de derechos humanos a discutir sobre el cumplimiento de sus recomendaciones. Y desagradable porque, además de eso, finalizada la reunión se acercó reclamándome que lo había insultado. Testigos, sobran.
El viernes recién pasado, 6 de noviembre del presente año, vimos a través del Internet un cambio de discurso oficial. A diferencia de lo planteado por Méndez Flores, David Morales expuso el pleno reconocimiento estatal de “la autoridad de la CIDH […], por tanto admite el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones; en ese sentido avala las conclusiones dictadas por esta comisión en el caso de Monseñor Romero y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones ahí establecidas”. Bien por eso, porque al admitir el carácter vinculante –léase: que vincula, que es obligatorio– de lo que produce la Comisión Interamericana se le abren posibilidades a la verdad, la justicia, la reparación y a la superación de esa piedra de tropiezo para avanzar en la transición a la paz: la amnistía.
Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de “buena fe” y “en la medida de sus posibilidades”? ¿A todo? ¿A nada? ¿A las que liberarán a la sociedad salvadoreña de “los grandes violadores de los derechos humanos” que permanecen impunes? ¿O sólo a las compensaciones económicas, que deben darse también de forma obligatoria, y a otro tipo re reparaciones individuales y colectivas?
En la audiencia, Morales también manifestó que “la investigación del crimen y la derogación de la Ley de Amnistía, son competencia de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa”. Por eso, dijo, “el Estado coordinará un trabajo con el Fiscal General y con el presidente de Asamblea Legislativa para introducir en la agenda actual el conocimiento de las recomendaciones para que las mismas sean consideradas nuevamente”. ¿Y cuándo fueron consideradas por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial –los tres poderes del Estado– para que ahora lo hagan nuevamente? ¡Nunca! Siempre fueron autoritariamente rechazadas.
El primer artículo constitucional establece que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común […] En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Entonces, en la lógica oficial argumentada durante la audiencia en la CIDH, ¿todo eso le corresponde sólo al Ejecutivo? ¿Y las demás entidades?
En el caso que nos ocupa, relacionado con esos altos objetivos, ¿se va a investigar únicamente si el Fiscal General de la República decide hacerlo? ¿Se cumplirá la recomendación sobre la amnistía, dependiendo de la “aritmética política” propia de la “casa de cambio” en que convirtieron a la Asamblea Legislativa? ¿El papel del jefe de Estado, Mauricio Funes, se restringirá a intentar que el Fiscal y el presidente consideren en su agenda las recomendaciones, aunque sea sólo para su conocimiento? El secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón le preguntó a Morales: “¿Tiene el Ejecutivo la posibilidad de llevar un proyecto de ley a la Asamblea? ¿Tiene el poder legal de enviar el proyecto?”. La respuesta fue afirmativa. Entonces, lo que hay que averiguar es si tiene voluntad y valentía para hacerlo.
Por último, es peligroso afirmar que la amnistía “es un tema que carece de la discusión técnica suficiente en El Salvador”. El mismo funcionario de Cancillería, a renglón seguido, manifestó que “ya desde hace nueve años la Sala Constitucional de la Corte Suprema determinó que la amnistía no era aplicable a violaciones de los derechos humanos”. A eso se llegó después de varias demandas de inconstitucionalidad contra la amnistía vigente y otras anteriores, planteadas desde los organismos de derechos humanos que estudiaron, analizaron y discutieron al respecto.
Quiero recordar particularmente una: la que presentaron Segundo Montes y Margarita Aguilar, directores del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y del Socorro Jurídico Cristiano (SJC) respectivamente, contra la amnistía de 1987. Sobre la misma, la Sala de lo Constitucional de la época concluyó que en este caso no estaba “autorizada para examinar y decidir sobre la ley impugnada de inconstitucionalidad pues tal situación excedería con demasia (sic) la órbita de competencia que le está delimitada por la Carta Fundamental, e invadiría el campo propio de los otros poderes del Estado”. ¡Qué de cosas se dicen y hacen en nombre del Estado!
El problema de todo esto son las nuevas ilusiones, que pueden convertirse en renovadas frustraciones. Mientras, habrá que andar tatareando –junto al Cuarteto Zupay– los versos de la “Oración a la justicia”: “Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora, porque ya es hora. Porque ya es hora”.
Benjamín Cuéllar Martínez es Director del Instito de Derechos Humanos de la Universidad Centroamricana José Simeon Cañas
Por Benjamín Cuéllar Martínez
SAN SALVADOR - ¿Seré yo quien oyó mal y, luego, leyó peor? ¿Seré yo el que estoy equivocado y fue otra cosa lo que ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? Porque bastante gente y no menos organismos nacionales e internacionales sostienen, con toda seguridad, que hoy sí le llegó su hora a los grandes criminales de este país; que sí se investigarán las violaciones de derechos humanos, desde aquellas que más impactaron al mundo hasta las sufridas por decenas de miles de personas, víctimas humildes y anónimas asesinadas y desaparecidas, detenidas y torturadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, se afirma que sancionarán a sus responsables y la amnistía será derogada. Eso flota en el ambiente, generando un entusiasmo legítimo entre amplios sectores de la sociedad salvadoreña que –a día de hoy– han sido discriminadas en lo que a justicia se refiere.
“Acepta El Salvador recomendaciones CIDH sobre caso Romero”, “Histórico que Estado salvadoreño acepte culpabilidad en caso Romero”, “El Salvador: Estado reparará daños por asesinato de Monseñor Romero”, “Pide Estado de El Salvador disculpas por asesinato de Romero”… Esos son algunos titulares de las notas que se encuentran en el ciber espacio. Pero también hay otros como el de la nota firmada por Pablo Ordaz, publicada en El País el lunes 9 de noviembre del 2009; “El Salvador hace justicia a monseñor Óscar Romero”, dice literalmente. Está además la que reza así: “El Salvador investigará el asesinato de monseñor Romero tras 29 años”.
Entonces, ¿comenzamos ya a dejar atrás el reino de la impunidad para vivir en el imperio de la igualdad ante la ley? ¿Será? Veamos qué dijo David Morales sobre el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, algún tiempo atrás de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el más alto funcionario en derechos humanos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del “cambio”.
El 10 octubre del 2007 declaró a la Agencia Francesa de Prensa, en el marco de la audiencia concedida para ese día por la CIDH, que el "Estado de El Salvador hasta la fecha ha convertido el caso en un símbolo de impunidad"; catorce días después denunció que los representantes oficiales, "tajante y abiertamente dijeron que no reconocían responsabilidad, que no anularían la Ley de Amnistía y que no investigarían el crimen de Romero". En la edición del Diario CoLatino del 13 de junio del 2008 calificó de vergonzosa la actitud estatal de “desacato”, por el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
En una entrevista publicada por MetroLatinoUSA el 12 de marzo del 2008, expresó que la impunidad continuaba vigente al permanecer libres los grandes violadores de los derechos humanos tras el conflicto que finalizó en 1992”. Dijo que una consecuencia de eso era “la discriminación de las víctimas de la guerra que como seres humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia, a las reparaciones adecuadas y este derecho incluso ha sido anulado en la Asamblea Legislativa de El Salvador”. Asimismo, reiteró el “franco desacato” del Estado salvadoreño ante la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA) en aras de blindar grupos pequeños pero políticamente poderosos, dentro de los cuales hay “criminales de lesa humanidad”. Y agregó: “Estamos hablando de generales o de coroneles que devastaban zonas campesinas enteras, asesinando a centenares de mujeres, niños, ancianos; de directores de la tortura generalizada”.
En la audiencia de octubre del 2007, Carlos Méndez Flores afirmó: "El Estado no reconoce la responsabilidad estatal". Con ese impresentable agente oficial tuve, el martes 11 de marzo del 2008, un desagradable encuentro durante una reunión de trabajo en la CIDH sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). Aclaro los dos calificativos incluidos en lo antes dicho. Impresentable, porque no entiendo cómo alguien que fue abogado defensor de los autores materiales e intelectuales de los seis sacerdotes jesuitas, de Julia Elba Ramos y de Celina Mariceth, puede presentarse ante la representación de las víctimas en ese foro de derechos humanos a discutir sobre el cumplimiento de sus recomendaciones. Y desagradable porque, además de eso, finalizada la reunión se acercó reclamándome que lo había insultado. Testigos, sobran.
El viernes recién pasado, 6 de noviembre del presente año, vimos a través del Internet un cambio de discurso oficial. A diferencia de lo planteado por Méndez Flores, David Morales expuso el pleno reconocimiento estatal de “la autoridad de la CIDH […], por tanto admite el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones; en ese sentido avala las conclusiones dictadas por esta comisión en el caso de Monseñor Romero y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones ahí establecidas”. Bien por eso, porque al admitir el carácter vinculante –léase: que vincula, que es obligatorio– de lo que produce la Comisión Interamericana se le abren posibilidades a la verdad, la justicia, la reparación y a la superación de esa piedra de tropiezo para avanzar en la transición a la paz: la amnistía.
Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de “buena fe” y “en la medida de sus posibilidades”? ¿A todo? ¿A nada? ¿A las que liberarán a la sociedad salvadoreña de “los grandes violadores de los derechos humanos” que permanecen impunes? ¿O sólo a las compensaciones económicas, que deben darse también de forma obligatoria, y a otro tipo re reparaciones individuales y colectivas?
En la audiencia, Morales también manifestó que “la investigación del crimen y la derogación de la Ley de Amnistía, son competencia de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa”. Por eso, dijo, “el Estado coordinará un trabajo con el Fiscal General y con el presidente de Asamblea Legislativa para introducir en la agenda actual el conocimiento de las recomendaciones para que las mismas sean consideradas nuevamente”. ¿Y cuándo fueron consideradas por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial –los tres poderes del Estado– para que ahora lo hagan nuevamente? ¡Nunca! Siempre fueron autoritariamente rechazadas.
El primer artículo constitucional establece que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común […] En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Entonces, en la lógica oficial argumentada durante la audiencia en la CIDH, ¿todo eso le corresponde sólo al Ejecutivo? ¿Y las demás entidades?
En el caso que nos ocupa, relacionado con esos altos objetivos, ¿se va a investigar únicamente si el Fiscal General de la República decide hacerlo? ¿Se cumplirá la recomendación sobre la amnistía, dependiendo de la “aritmética política” propia de la “casa de cambio” en que convirtieron a la Asamblea Legislativa? ¿El papel del jefe de Estado, Mauricio Funes, se restringirá a intentar que el Fiscal y el presidente consideren en su agenda las recomendaciones, aunque sea sólo para su conocimiento? El secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón le preguntó a Morales: “¿Tiene el Ejecutivo la posibilidad de llevar un proyecto de ley a la Asamblea? ¿Tiene el poder legal de enviar el proyecto?”. La respuesta fue afirmativa. Entonces, lo que hay que averiguar es si tiene voluntad y valentía para hacerlo.
Por último, es peligroso afirmar que la amnistía “es un tema que carece de la discusión técnica suficiente en El Salvador”. El mismo funcionario de Cancillería, a renglón seguido, manifestó que “ya desde hace nueve años la Sala Constitucional de la Corte Suprema determinó que la amnistía no era aplicable a violaciones de los derechos humanos”. A eso se llegó después de varias demandas de inconstitucionalidad contra la amnistía vigente y otras anteriores, planteadas desde los organismos de derechos humanos que estudiaron, analizaron y discutieron al respecto.
Quiero recordar particularmente una: la que presentaron Segundo Montes y Margarita Aguilar, directores del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y del Socorro Jurídico Cristiano (SJC) respectivamente, contra la amnistía de 1987. Sobre la misma, la Sala de lo Constitucional de la época concluyó que en este caso no estaba “autorizada para examinar y decidir sobre la ley impugnada de inconstitucionalidad pues tal situación excedería con demasia (sic) la órbita de competencia que le está delimitada por la Carta Fundamental, e invadiría el campo propio de los otros poderes del Estado”. ¡Qué de cosas se dicen y hacen en nombre del Estado!
El problema de todo esto son las nuevas ilusiones, que pueden convertirse en renovadas frustraciones. Mientras, habrá que andar tatareando –junto al Cuarteto Zupay– los versos de la “Oración a la justicia”: “Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora, porque ya es hora. Porque ya es hora”.
Benjamín Cuéllar Martínez es Director del Instito de Derechos Humanos de la Universidad Centroamricana José Simeon Cañas
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ReplyDeleteLa amnistia para los aforados solo ha servido para destacar su envalentonada risa a las actuales leyes Salvadoreñas y su consiguiente burla hacia los organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
ReplyDeleteDistinguir pues, entre violaciones a los Derechos Humanos y Amnistia es erroneo y bastaria con probar lo contario.
Los evasores de la ley Nacional y la Ley Internacional los convierte en doble criminales.
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.
Es necesario que se haga cumplir la ley y que esos violadores de los derechos humanos sean encarcelados y paguen por sus crimenes cometidos en personas inocentes, que unicamente por decir la verdad y defender a los mas pobres para que no fueran marginados y ex-cluidos a los pobres, porque estaban siendo pisoteados los derechos que como seres humanos les corresponde, pues los aligarcas siempre tuvieron a nuestra gente enganada, para mantenerse en el poder seguido por algunos militares que hacian lo que ellos les ordenaban, el problema siempre ha sido el querer mantenerse en el poder y hacer lo quieren con el patrimonio del pueblo y hacerse millonarios a costa de nuestro sufrido pueblo y nadie podia hablar de democracia y exigir igualdad de oportunidades porque era tildado de socialista y lo mandaban asesinar a sangra fria, pero eso se acabo ahora tiene que pagar por esos horrendos crimenes....
ReplyDeleteSin justicia no puede haber paz
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