Derecho Administrativo y El Salvador

Edgardo Quintanilla (*)
LOS ÁNGELES - Me gustó ver en ContraPunto el anuncio del próximo foro Iberoamericano del derecho administrativo que se efectuará en San Salvador del 26 al 30 de septiembre del 2011. He quedado muy extrañado al no ver a ningún representante experto en ley administrativa de los Estados Unidos, ya sea académico, abogado, político, consultor empresarial, en la lista de ponentes y expositores del primer congreso internacional del derecho administrativo de El Salvador a pesar que cada día hay decisiones de ley administrativa estadunidense que seriamente impactan la vida, la cultura, el arte y la política de El Salvador.

Uno de los mejores ejemplos del impacto del derecho administrativo en América Latina es en el proceso de implementación de la ley migratoria en los Estados Unidos hacia los nacionales de las diferentes repúblicas latinoamericanas.

Hace cuatro meses escribí en ContraPunto sobre la deportación ilegal de Lino Mejía, salvadoreño, en “Dos Dólares de Bienvenida”. Este salvadoreño fue deportado ilegalmente de los Estados Unidos a El Salvador, en un caso real que ningún miembro de cualquier partido político salvadoreño, consulado de L.A., o miembro del gobierno salvadoreño se haya dignado en contactarme. Si esta gente de poder supieron de la deportación errónea de Lino, simplemente se han hecho los majes al menospreciar una seria violación de ley internacional, derechos humanos, y derecho administrativo hacia un salvadoreño. En la parlanza salvatrucha, un “maje” es un tonto, idiota, discapacitado mental. Una persona se “hace el maje” cuando viendo una realidad pretende no verla, ó disimula no haberla vista, ó sabiendo las consecuencias de un evento, no le da ninguna importancia al verdadero significado de una acción. Hay un chiste que dice que en El Salvador uno se casa por las tres leyes: la de Dios, la del Hombre, y la del maje.

Hace varios años, sin conocimiento de Lino, un juez de la Corte de Inmigración en Los Ángeles ordenó la deportación de este oriunda del departamento de Chalatenango en ausencia. Dicha corte es parte de una estructura administrativa que funciona dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la orden de deportación de Lino es de carácter administrativo.

La Corte de Inmigración de Los Ángeles tiene cerca de 25.000 casos migratorios abiertos de deportación para extranjero detenidos, bajo supervisión, ó en libertad. El Salvador recibe cada mes vuelos de salvadoreños deportados que han completado todo el proceso administrativo de revisión de casos migratorios ó que adicionalmente usaron todo el proceso judicial de revisión de sus casos administrativos.

Cada salvadoreño deportado a El Salvador impacta una familia, una comunidad, un pueblo, sobre todo si llega sin dinero, ó si llega a un país donde ya no tiene parientes, con marcadas deficiencias de educación, lenguaje, salud, trastornos mentales, y si lleva vínculos con pandillas, con mafias. Al llegar deportado a El Salvador sin nada en su bolsa, Lino solamente recibió dos dólares de bienvenida de un agente migratorio salvadoreño.

Aunque un extranjero generalmente goza de la plenitud de derechos proveídos por la Constitución americana, la ley migratoria establecida por el Congreso americano, la interpretación de la ley federal migratoria hecha por cortes federales, la interpretación administrativa de la ley migratoria por la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA), la implementación de la ley migratoria en los Estados Unidos es siempre llevada por agencias administrativas. Lino vivió en carne propia el impacto del derecho administrativo errado tanto en los Estados Unidos como en El Salvador.

Cuando Lino fue detenido por agentes de USICE el pasado otoño, una agencia administrativa dentro del Departamento de Seguridad Interna, uno de sus agentes tomó la decisión administrativa de no dejar libre a Lino bajo fianza o bajo condiciones. Dicha decisión era inapelable. El fiscal del gobierno de los Estados Unidos que representa los intereses de los Estados Unidos en cada Corte de Inmigración es parte de USICE.

Antes que Lino fuera deportado, como abogado de ley migratoria, archive una petición de reapertura del caso de deportación de Lino. El código de ley migratoria estadunidense provee que en el momento de archivar dicha petición, la orden de deportación queda suspendida inmediatamente como función del derecho administrativo migratorio. Además, eventualmente antes que Lino fuera deportado, la Corte de Inmigración en Los Ángeles emitió una orden administrativa reabriendo el caso de deportación de Lino.

No obstante, un agente ó agentes de USICE o de DHS tomaron la decisión administrativa de deportar a Lino ilegalmente a El Salvador. Para crédito de dichas agencias, ellos tomaron acciones administrativas para regresar a Lino legalmente de El Salvador a California cuando les expuse el caso nuevamente y tomaron nota de la deportación..

Si Lino hubiera estuviese casado con una ciudadana, entonces Lino podría legalmente legalizarse ya en un proceso de ajuste de estatus migratorio con USCIS, el servicio de inmigración, en otro fallo administrativo. Lino no tuvo que pagar por sus boletos de avión en su viaje inesperado al país que no tenía nada que ofrecerle. La decisión de pagar los boletos fue hecha dentro del contexto del derecho administrativo de una agencia estadunidense que implementa la ley migratoria.

Recuerdo que durante la administración del presidente Antonio Saca, de la derechista ARENA, la Policía Nacional Civil capturó a un par de cubanos y los acusó de estar ilegales en El Salvador. Al anunciar la deportación de ellos a Cuba a la prensa salvadoreña, Saca hizo énfasis a un nivel de jactancia al decir que él había tomado la decisión de deportarlos. Ningún presidente estadunidense ha hablado a la prensa para decir que él tomó la decisión de deportarlos a una persona específica.

El caso de Lino y de estos cubanos ilustra dos universos diferentes del derecho administrativo en El Salvador ó su inexistencia. Lamentablemente el próximo foro Iberoamericano sobre el derecho administrativo no hace relevante el contexto cultural, político, económico y social en el cual las instituciones de El Salvador (donde hay presencia y operativos de otras agencias administrativas americanas como la DEA, la CIA, la ATF como nunca en su historia) están siendo moldeadas por decisiones de derecho administrativo en los Estados Unidos y donde nadie debería hacerse el maje de que no.

(*) Abogado de ley migratoria en los Estados Unidos y colaborador de ContraPunto

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