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Desarrollo portuario en manos de los diputados en El Salvador

La vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, aclaró que a la Comisión Presidencial para el análisis de la concesión de puertos no le compete definir los aspectos legales para completar el proceso de aprobación del Puerto de La Unión sino que es una facultad única de los diputados de la Asamblea Legislativa. (Foto Skycrapercity: Cimientos Puerto La Unión)

"No era la labor de la Comisión entrar en ese detalle, sino de discutir un proyecto que ya se tenía en la Asamblea Legislativa y la temática se dividió en las diferentes comisiones donde se vio la competencia, el desarrollo del negocio, operadores, análisis numérico... y dejamos a los legisladores que ellos fueran los que definieran la temática legal que tenía que complementar el esfuerzo en la concesión de puertos", aseguró de Escobar.

No obstante, la vicemandataria reconoció que existe la necesidad de una ley complementaria que permita el desarrollo del proyecto portuario de manera integral.

Pero de Escobar no especificó qué tipo de normativa es la más recomendable para aplicarse en este caso. "No estoy preparada para darle qué exactamente debe de ser, pero sí sé que hay legislación complementaria que debe apoyar la concesión", dijo.

Para ello, sugiere que para este proyecto se debe de crear un área de régimen especial con el fin de promover un desarrollo ordenado para La Unión.

"La Unión debe de ir creciendo con un propósito para que pueda sacársele provecho. Entonces la Ley de ordenamiento territorial era importante, la Ley de régimen especial es importante", añadió la vicepresidenta.

Pero mientras se define la normativa complementaria (de área de régimen especial) e incluso la de ordenamiento territorial, que tiene meses de estar siendo discutida en el pleno, de Escobar insistió que "el tema no se debe dejar en el tintero".

"Los legisladores van a tener que crear esa área bajo régimen especial al mismo tiempo que se impulsa el proyecto de concesión", enfatizó.

Por su parte, la coordinadora del Plan de Nación, Sandra de Barraza, quien también impulsa el proyecto del Puerto La Unión, indicó la urgencia de establecer una Ley de Área de Régimen Especial (Abre) con el fin de controlar y administrar los seis municipios que se verían beneficiados con la infraestructura marítima.

Dicha normativo controlaría el crecimiento industrial, urbanístico y comercial de la zona.

"La finalidad inmediata es propiciar la coordinación entre las instituciones del gobierno central de tal manera que haya una efectiva articulación entre éste con los gobiernos locales", argumenta el documento Propuestas para el desarrollo de la Subregión La Unión.

"Se trata del aprovechamiento pleno y sostenible del espacio geográfico de la subregión, tal como ha sido previsto en sus ámbitos portuario, logístico, turístico y productivo para lo cual debe asegurarse la construcción de la infraestructura básica que garantice la funcionalidad de las relaciones del puerto/ciudad", apunta el informe especializado.

Otra de las normativas que debe ser reformada para complementar la operación portuaria es la Ley de Servicios Internacionales, según ha insistido el diputado del PCN, Mario Ponce.

Dicha regulación establece las condiciones a que deben adherirse los inversionistas. Asimismo, exime a las empresas extranjeras el pago de impuestos, punto que según el diputado debe revisarse.

Publicación AFP 13/12/2008
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