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Propuestas ciudadanas para combatir la violencia en El Salvador

Propuestas ciudadanas para combatir a la criminalidad que azota al país
Por Carlos A Aguilar*

“Los ciudadanos son el origen y destino de toda política pública”
Felipe Calderón, presidente de la república de Mexico-2010

Partiendo del hecho aceptado de que las autoridades son las responsables de promover y mantener el orden público, lo que es lo mismo que la paz ciudadana, el pueblo soberano debería, a través de la Asamblea Legislativa del país, de promulgar leyes de responsabilidad civil de los ciudadanos electos y nombrados para cargos públicos de dirección de las instituciones encargadas de garantizar el orden público, la salud, el trabajo y la educación de la población nacional.

Esta legislación, de alguna manera haría más concreto y visible el acuerdo entre pueblo y gobierno en cuanto al compromiso de aplicación de las estrategias de combate a los enemigos del orden público, de tal manera que la falla en cumplimiento de esos compromisos, podría traer como consecuencia, castigos para el funcionario responsable de ella.

Es angustioso para el ciudadano común no poder desahogar la frustración que le causa no tener a quien dirigir sus quejas y no contar con organizaciones que lo representen para formular sus exigencias de efectividad de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones.

LA EXIGENCIA DE LA CIUDADANIA A LAS AUTORIDADES.

De nada sirve a la ciudadanía, que estemos empeñados en construir una plataforma económica social que fantasiosamente lleven al país a un estado ideal de desarrollo, si estamos al descubierto de la delincuencia organizada que amenaza con destruir el tejido social y a todos los proyectos de progreso para esta sociedad; es como si nos empeñáramos en construir un edificio sobre arena movediza, todos los esfuerzos nos resultaran infructuosos.

Por otro lado, la sociedad, mejor dicho la ciudadanía debería organizarse en entidades de vigilancia del quehacer de los responsables de la aplicación de las políticas de seguridad y de paz social y exigir a estas, rendición de cuentas, cada cierto tiempo, de los resultados del plan de seguridad que el ministerio de seguridad se hubiere comprometido a seguir.

Es lógico suponer que sin las herramientas institucionales adecuadas, la ciudadanía no va a estar en capacidad de ejercer ese derecho de vigilancia y exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios responsables ; se hace necesario entonces, la creación de organismos autónomos o del fortalecimiento de los ya existentes, cuyos dirigentes sean electos por el pueblo, para canalizar denuncias, investigaciones y exigir responsabilidades; estos organismos, deberían de tener la misión específica de llevar a la práctica esa gran misión de auditoría operacional del estado y de mantener el espíritu de servicio que todo funcionario público debería de practicar y para lo cual fueron elegidos.

Obviamente que si no se implementa un plan de trabajo como parte de las herramientas de vigilancia del quehacer público, un plan que marque la ruta en el quehacer de todas las instancias de gobierno, no existirán las fuentes de información suficientes, ni los comparables de actuación; este plan de trabajo debería incluir tres áreas:
  1. Formulación y definición de planes de trabajo en las áreas de la administración publica relacionadas con la seguridad, la educación, la salud y el trabajo de la población del país.
  2. Publicidad y promoción ante la ciudadanía del plan de trabajo formulado.
  3. Creación de las instancias y procedimientos de vigilancia y rendición de cuentas de los funcionarios responsables, a través de las instituciones creadas para ese fin.
Para la creación de las instancias de vigilancia ciudadana y sobre todo para concretar el área de rendición de cuentas, es indispensable también la implementación de un plan estratégico de amplio espectro social e institucional que de vida y dinámica al plan global anti delincuencial; es decir un plan de implementación del plan global planteado anteriormente; este plan de implementación debería incluir lo siguiente:
  1. Presencia más activa y permanente de la discusión y seguimiento de las políticas en materia de seguridad, de todos los niveles del gobierno y de todos los grupos políticos y sociales del país.
  2. Exigencia, a todas las autoridades de todos los niveles del gobierno de la nación y a las instituciones por igual, que tienen la obligación de luchar y sobre todo prevenir la delincuencia en el país, desde el alcalde del más humilde pueblecito del territorio, hasta el presidente de la república, de resultados concretos en la lucha anti delincuencial.
  3. Revisar con cada uno de los actores. como parte de la evaluación de la estrategia nacional de seguridad, la ejecución y los avances de los compromisos establecidos en el acuerdo para la seguridad, la justicia y la legalidad, así como el cumplimiento de los objetivos que se deriven de las leyes que la asamblea hubiere aprobado y que obligan a todos estos actores por igual.
  4. Como resultado de la evaluación, se formulen propuestas específicas para el fortalecimiento de las instituciones, mejorar la estrategia y lograr un mayor compromiso de todas las autoridades en el combate a la delincuencia, más allá del reparto de culpas por las fallas.
Esta es una oportunidad irrepetible que el gobierno actual está dejando pasar para realizar todas las reformas indispensables que por lo menos aseguren que se está haciendo lo correcto en el combate a la delincuencia organizada, mas allá de la garantía de eficacia y de los resultados medibles que estas medidas puedan tener.

Para darle duración, solidez y claridad a la actual administración es importante llevar adelante reformas de índole económica social, fiscal, etc. ; pero sobre todo, si el gobierno actual, especialmente el presidente de la republica, desea tener credibilidad y ser recordado por generaciones futuras en forma positiva, se vuelve totalmente indispensable darle al país, un plan nacional de seguridad cuyo origen sea un consenso nacional, en el cual converjan las opiniones y propuestas de todos los sectores sociales y gubernamentales, un plan que incluya no solamente la solución represiva de los síntomas presentes de fenómeno, sino y sobre todo, el plan amplio de prevención y protección de la niñez y la juventud proclives a caer en las garras de tan terrible esquema.

SIN SEGURIDAD LA DEMOCRACIA NO SIRVE PARA NADA, SEGURIDAD ES LA PALABRA, SIN SEGURIDAD PATRIMONIAL Y SOBRE TODO PERSONAL Y FAMILIAR, LO DEMAS SALE SOBRANDO; ¿ QUE GANAMOS CON SALIR A VOTAR?, NECESITAMOS SEGURIDAD, DESPUES, PODEMOS CONSTRUIR TODO LO DEMAS.

Carlos A Aguilar es salvadoreño residente en Los Angeles, C.A.
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1 comment :

  1. Muy encomiable el que alguien desde el exterior presente un plan de trabajo y así comenzar una conversación acerca de cómo parar y combatir este flagelo de la violencia incrustado en la sociedad salvadoreña

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Gracias por participar en SPMNEWS de Salvadoreños por el Mundo


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