Delincuencia amenaza con quebrar El Salvador
La delincuencia amenaza con quebrar al país
Por Carlos A Aguilar
A pesar de que este tema ha hecho gastar mucha tinta a escritores especializados y no especializados (como este autor), considero mi derecho y deber, compartir mis observaciones y aportar mis ideas para el combate a la delincuencia, terrible enfermedad social que aqueja a nuestra patria, cuyos síntomas están claramente palpables y el dolor que sufre el cuerpo social es intenso como lo podemos ver todos, cuyos orígenes históricos y causas inmediatas parecen no ser claramente percibidos por los responsables de la formulación de estrategias de combate a tan nefasto fenómeno.(Foto Guardia de Seguridad del Grupo ISE)
“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”
Por Carlos A Aguilar
A pesar de que este tema ha hecho gastar mucha tinta a escritores especializados y no especializados (como este autor), considero mi derecho y deber, compartir mis observaciones y aportar mis ideas para el combate a la delincuencia, terrible enfermedad social que aqueja a nuestra patria, cuyos síntomas están claramente palpables y el dolor que sufre el cuerpo social es intenso como lo podemos ver todos, cuyos orígenes históricos y causas inmediatas parecen no ser claramente percibidos por los responsables de la formulación de estrategias de combate a tan nefasto fenómeno.(Foto Guardia de Seguridad del Grupo ISE)
Según nuestra percepción, son tres las áreas sobre las que el fenómeno delincuencial tiene una influencia crucial, que no solo frena si no también enfrenta y combate el desarrollo de cada una de ellas, aunque también, es necesario decirlo, el grado de percepción de esa influencia, es diferente para cada sector, estos sectores son: área Social, desarrollo económico y área institucional.
Impacto en la sociedad
El sentimiento de frustración y el dolor que la gente común sufre al presenciar y vivir eventos fatídicos como los ocurridos en la semana del 20 al 26 de junio, entre los cuales resaltan, por la barbarie con que fueron cometidos, la masacre del autobús de mejicanos, en el cual murieron en el lugar del crimen, horrorosamente calcinados y balaceados 15 personas y posteriormente otras 5, o el asesinato colectivo de toda una familia en la colonia Utila de la periferia capitalina, sin contar el número diario de asesinados en hechos violentos, número que, dicho sea de paso, es visto por las entidades oficiales, como mera estadística, y que la ciudadanía no lo ve, ni quiere acostumbrarse a verlo de esa manera.
Además del dolor y la tragedia que cada una de las familias de las víctimas de estos actos criminales sufre, la sociedad salvadoreña observa con incredulidad, que los criminales parecen tener el privilegio de que les respeten sus derechos sobre los derechos (valga la aparente redundancia), de sus víctimas y los de los inocentes; nos referimos a la acción de las autoridades, reñida con el sentido común, ocurrida en la misma semana, por la cual un conocido delincuente, jefe pandillero, asesino convicto y secuestrador conocido, salió libre, amparado en, vaya usted a saber que tecnicismos legales; lo inaudito del caso, que tanto estupor y frustración ha causado en la ciudadanía es que este individuo estaba sentenciado a 25 años de prisión y otras penas, por secuestro y asesinato, y a pesar de recomendaciones y advertencias de especialistas que certificaron que el delincuente no tiene posibilidades de readaptación en la sociedad; se dirá tal vez que este individuo tiene el derecho, en virtud de la ley, de gozar de la libertad que le fue otorgada; nos preguntamos, ¿ que no es claro que este señor volverá a delinquir, y a hacer que otros delincan bajo su liderazgo?; ¿ porque no se modifican las leyes que favorecen a los delincuentes como este?; creo que el legislador debe legislar de acuerdo a las circunstancias, y las circunstancias presentes en El Salvador, caracterizan un estado de excepción y por lo tanto las leyes vigentes, en cuanto al tratamiento de la delincuencia, deberían de estar totalmente de acuerdo con ese estado de excepción.
La sociedad salvadoreña está enferma de gravedad; los síntomas, por dolorosos, son evidentes y no se pueden ignorar, creemos que el estado sigue reiteradamente fallando en el diagnostico y en el tratamiento de este terrible flagelo social, al dar prioridad a la opción de represión en lugar de poner la prevención en lugar primerísimo de un plan anti delincuencial; sirva el siguiente ejemplo para explicar mejor nuestra tesis: si usted descubre una fuga de agua en su cocina o baño, por sentido común, cerrara primero el grifo del cual se derrama el agua y luego secara la humedad; en este sentido, jamás debería de emprenderse un plan anti delincuencial que detenga los actos criminales sin proteger antes a la infancia y haciendo lo que debe hacerse para detener el avance de la proliferación y aumento de miembros de las pandillas criminales, cuidando físicamente los colegios y escuelas para evitar el contacto de las nuevas generaciones con los pandilleros reclutadores.
A pesar de entender la intima relación e influencia que existe entre el fenómeno delincuencial y el daño al tejido social, ya que ambos son mutuamente influyentes nos inclinamos por creer que el fenómeno delincuencial tiene como causa preponderante el daño profundo e intenso que el tejido social ha sufrido a través del tiempo, especialmente durante y después de la guerra.
Los gobiernos del pasado (y por lo que se ve, el presente no tiene planes que reviertan la situación), jamás se preocuparon por restaurar el tejido social que tanto sufrió en los tiempos de guerra; una sociedad que se vio enfrentada a sectores de población armada, aun después del conflicto de los años 80, que se acostumbró a ver la muerte como algo natural, ya que su entorno la obligaba a ello, que sufrió carencias económicas y de falta de espacio de desarrollo para su juventud, que enfrentó un fenómeno de importación de sistemas criminales con jóvenes "entrenados" en los países de destino de los inmigrantes, jóvenes que a la vez sufrieron carencias de espacio afectivo, de promoción y desarrollo y que encontraron en las pandillas, la identidad y espacio que el ambiente extraño no les ofrecía y el cuidado, orientación y guía que sus padres tampoco les brindaban, ocupados como estaban estos, trabajando para sobrevivir y para hacer que sobrevivieran sus parientes del país.
Si a lo anterior se agrega, la negación de la participación de los padres en el proceso de educación de sus hijos, la desintegración de las familias y la pérdida de valores morales tradicionales, cuya práctica constituyó en un tiempo un muro de contención al desvió de los niños y jóvenes y permitió un involucramiento no solo material sino ideológico por parte de la familia en la educación de la juventud, tendremos el fenómeno completo para que se diera lo que ahora presenciamos con terror.
Poniendo todos los ingredientes anteriores juntos: una sociedad con una cultura de muerte como consecuencia de una guerra, grandes sectores poblacionales armados con remanentes del conflicto, poco o nulo espacio y cero alternativas de desarrollo humano y empleo para los jóvenes, deterioro intenso de los valores familiares y daño profundo al tejido social-familiar, con tanto niño y joven sin padres (unos muertos y otros emigrados), tenemos la bomba molotov lista a explotar, la cual, ya nos está explotando en las manos.
Impacto sobre el Desarrollo Económico.
En una reciente visita al país, nos impusimos la tarea de conversar con comerciantes y empresarios de bajo nivel, tanto de la capital como de poblaciones aledañas a San Salvador y a través de esas entrevistas personales pudimos comprobar lo que ya es conocido por todo el mundo; los negocios pequeños, aquellos que son, en la mayoría de los casos, el único sostén económico de las familias que los operan, como tiendas, pequeños restaurantes y comedores, ventas de ropa de segunda mano, etc.; negocios que funcionan en colonias y barrios humildes de las ciudades principales del país, sufren el flagelo de tener que compartir sus escasos ingresos por la extorsión de que son víctimas, diaria, semanal o mensualmente con las pandillas organizadas de delincuentes, lo que los obliga a cerrar sus negocios poco tiempo después de haberlos iniciado y tener que enfrentar la dolorosa alternativa de emigrar al norte, a un país que está ahogando a los inmigrantes.
Es curiosa según las personas con las que conversé, la forma en que los extorsionistas calculan el rescate que deben pagar sus víctimas; en los casos en que se hace difícil calcular los ingresos de estos, usualmente cobran una cuota fija ($5, $10, $25 o hasta $100 diarios o semanales), a otros negocios más grandes le cobran una cuota semanal o mensual según el número de empleados que los negocios tienen.
Supe del caso de una empresa mediana (óigase bien, empresa), que tiene ( a estas alturas podríamos perfectamente decir “tenia”) entre 40 a 60 empleados, que paga a los delincuentes $ 20.00 por empleado, cada semana para funcionar normalmente; el gerente de esta empresa me confesó que el negocio estaba a punto de cerrar por que no podía soportar pagar alrededor de $ 3,000.00 mensuales.
Es increíble que el esquema planteado en El salvador, sea una copia calcada del fenómeno de extorsión, conocido como “protección” que sufrieron los Estados Unidos hasta el fin de la primera mitad del siglo XX; los negocios cierran y los ciudadanos no ven opciones para continuar con una vida normal; si esto no obedeciera a un esquema organizado de practica delincuencial, si fueran hechos aislados, quizás la angustia no sería tan grande, pero la verdad que estos hechos se han convertido en un fenómeno constante, una de las cosas que lo empeoran es que la prensa, por ser tan cotidianos y numerosos, ya no los divulga; todo esto ante los ojos de los responsables de “hacer algo”; ocupados como están, estos señores, en hacer política o politiquería y en hacer grandes planes macro económicos de largo plazo, se están olvidando del “hoy” y del “ya”, que está clamando la sociedad; las muertes, la violencia, los autobuses quemados con pasajeros, los desmanes y extorsiones están en la calle, en los barrios y los cantones, no en las lujosas oficinas gubernamentales o los magníficos recintos del congreso, lo cual explicaría, de alguna manera, la falta de sensibilidad aparente de las autoridades ante el dolor del pueblo.
Recordamos con desaliento las políticas de gobierno en tiempos de Elías A Saca, René Figueroa y Rodrigo Ávila, Presidente de la república, Ministro de Justicia y Director de la PNC, respectivamente, y los dispositivos estratégicos de “mano dura” y “súper-mano dura” y el esfuerzo institucional de desfigurar las estadísticas delincuenciales, y vemos además el estado de situación actual, en el cual la población carcelaria ha aumentado, los niveles desempleo han subido, y la gente común sigue buscando alternativas de vida y emigrando al norte a hacer ”a saber qué”.
La peligrosa y amplia publicidad que se da en el exterior a la situación delincuencial en El Salvador, que además de amplia es sospechosamente dimensionada y dosificada por los medios “serios”, quien sabe con qué propósitos (aunque los sospechamos); pone también en peligro la inversión extranjera en el país ya que al bajar los índices de confianza que los inversionistas foráneos puedan tener en la economía, debido más que todo a la descomposición social que produce la violencia y la delincuencia, bajará también el proceso de desarrollo económico, aumentará el desempleo y se potenciará el fenómeno de auto-alimentación de la delincuencia con la caída de la actividad económica.
El año 2009 estuvo caracterizado por una baja en la exportaciones, disminución en el consumo y de la inversión en general, descuido a la agro industria y a la agricultura, todo atribuible a la crisis económica mundial que ha producido una contracción global de los mercados; sería interesante y necesario medir la el impacto que tuvo y tiene el miedo generalizado como corolario de la intensa actividad delincuencial, en la baja de producción y por ende en las exportaciones del país.
También es interesante incluir, como causa del aumento de la delincuencia, las deportaciones que los Estados Unidos realizan de connacionales, que en los últimos años han alcanzado hasta 30,000 personas, gran porcentaje de estos individuos deportados, quiérase o no, al no encontrar ocupación en el país, deciden tomar la delincuencia como medio para sobrevivir, también se puede atribuir como causa de la baja en el consumo nacional, la caída de las remesas familiares (tema en el que he insistido desde hace algunos años), como consecuencia de la reducción de los espacios de empleo en la nación del norte y de las mismas deportaciones, con el doble efecto negativo de menos brazos que trabajan y envían dinero del extranjero y mas bocas que alimentar en el territorio.
Peligro para instituciones del estado.
En la semana que termino el 19 de junio pasado, el INSTITUTO DE ESTUDIOS JURIDICOS DE EL SALVADOR, publicó un breve pronunciamiento, no por breve menos claro, en cuanto a la criminalidad como posible producto de intereses de sectores de la sociedad para, según el pronunciamiento, justificar esos intereses de dichos sectores.
Lamentablemente, el pronunciamiento no especifica a que sectores se refiere, sino que se pierde en un análisis en el que menciona tanto a la PNC, los derechos y garantías ciudadanas y a la primera como responsable del cumplimiento de los segundos. Sin embargo el señalamiento, aunque un poco confuso, es importante por la luz de alarma que enciende, la cual nosotros la vemos rutilante y fuerte desde hace algún tiempo.
La pregunta que nos haremos a nosotros mismos, para clarificar nuestra exposición, seria: ¿ a quién favorece el clima de desorden social generado por la delincuencia organizada?; como corolario vendría la segunda pregunta: ¿a quién perjudica políticamente dicho fenómeno delincuencial?, la respuesta a la primera pregunta habría que buscarla no solamente en sectores de la oposición del gobierno, sino también en los sectores de la derecha extrema, sectores que son muy visibles para la ciudadanía, los cuales sin ser necesariamente los propulsores o estimuladores de la violencia, obviamente obtienen ventajas de la debilidad de un gobierno, que ocupado como parece estar, buscando soluciones al problema delictivo (soluciones que ameritan un análisis crítico y serio), no se ocupa de buscar soluciones y de formular planes serios para los otros grandes problemas cuya solución el pueblo demanda.
La Presidencia de la República, el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil, en ese orden jerárquico, como instituciones de estado, son los responsables del mantenimiento del orden público; la PNC desde los tiempos de instauración de los gobiernos de ARENA y ya en los tiempos del FMLN-Funes, ha pasado por muchas reorganizaciones, siempre tendientes a mejorar su efectividad, como es natural; desde el aumento de sus efectivos, mejoras en su equipo y armamento, hasta apoyo del ejército, que en operativos impresionantes ocuparon recientemente los recintos carcelarios de los delincuentes más notorios y peligrosos del país y lograron apoderarse de armas de alto poder y hechizas, así como, de acuerdo a informaciones impresas leídas por el autor, 23 teléfonos celulares ( muy pocos para tan grande población carcelaria, especialmente si como se difundió, el crimen del autobús de Mejicanos, fue planeado y ordenado desde la cárcel).
No se necesita ser adivino para darse cuenta del precio político que el gobierno en el poder tendrá que pagar ( o ya está pagando) por su ineficacia en el combate a la delincuencia y por los males derivados de esta falla; y aunque algunos aseguran corta vida a este gobierno, sobre todo al presidente como tal, estamos en la creencia que en El Salvador ya se superaron los esquemas golpistas, sí creemos, que la debilidad patente de las instituciones responsable del combate a la delincuencia, tendrá un efecto domino, con el resto del aparato gubernamental, lo cual será un costo altísimo que el Sr. Presidente, su equipo de gobierno y por contagio al FMLN (aunque ya haya puesto distancia con el candidato que llevo al poder) tendrán que pagar, lo cual creara espacios para que las fuerzas que han mantenido al país en retraso profundo por tantos años, retomen posiciones perdidas y redoblen esfuerzos para volver al poder.
Por finalizar, quisiera hacer un par de reflexiones y a la vez preguntas al Sr. Mauricio Funes: Sr. Presidente, ¿cómo ve usted al país dentro de apenas cinco años, con la ola de violencia y delincuencia desatada?, ¿cómo ve usted el futuro de los niños que ahora tienen 10 o 12 años, expuestos a no tener otro futuro que el de la delincuencia? y por último, ¿cómo ve usted la esperanza del cambio que todo un pueblo puso en usted y que muchos aun no hemos perdido?.
Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño……..
Carlos A Aguilar es un escritor y analista independiente residente en USA
Impacto en la sociedad
El sentimiento de frustración y el dolor que la gente común sufre al presenciar y vivir eventos fatídicos como los ocurridos en la semana del 20 al 26 de junio, entre los cuales resaltan, por la barbarie con que fueron cometidos, la masacre del autobús de mejicanos, en el cual murieron en el lugar del crimen, horrorosamente calcinados y balaceados 15 personas y posteriormente otras 5, o el asesinato colectivo de toda una familia en la colonia Utila de la periferia capitalina, sin contar el número diario de asesinados en hechos violentos, número que, dicho sea de paso, es visto por las entidades oficiales, como mera estadística, y que la ciudadanía no lo ve, ni quiere acostumbrarse a verlo de esa manera.
Además del dolor y la tragedia que cada una de las familias de las víctimas de estos actos criminales sufre, la sociedad salvadoreña observa con incredulidad, que los criminales parecen tener el privilegio de que les respeten sus derechos sobre los derechos (valga la aparente redundancia), de sus víctimas y los de los inocentes; nos referimos a la acción de las autoridades, reñida con el sentido común, ocurrida en la misma semana, por la cual un conocido delincuente, jefe pandillero, asesino convicto y secuestrador conocido, salió libre, amparado en, vaya usted a saber que tecnicismos legales; lo inaudito del caso, que tanto estupor y frustración ha causado en la ciudadanía es que este individuo estaba sentenciado a 25 años de prisión y otras penas, por secuestro y asesinato, y a pesar de recomendaciones y advertencias de especialistas que certificaron que el delincuente no tiene posibilidades de readaptación en la sociedad; se dirá tal vez que este individuo tiene el derecho, en virtud de la ley, de gozar de la libertad que le fue otorgada; nos preguntamos, ¿ que no es claro que este señor volverá a delinquir, y a hacer que otros delincan bajo su liderazgo?; ¿ porque no se modifican las leyes que favorecen a los delincuentes como este?; creo que el legislador debe legislar de acuerdo a las circunstancias, y las circunstancias presentes en El Salvador, caracterizan un estado de excepción y por lo tanto las leyes vigentes, en cuanto al tratamiento de la delincuencia, deberían de estar totalmente de acuerdo con ese estado de excepción.
La sociedad salvadoreña está enferma de gravedad; los síntomas, por dolorosos, son evidentes y no se pueden ignorar, creemos que el estado sigue reiteradamente fallando en el diagnostico y en el tratamiento de este terrible flagelo social, al dar prioridad a la opción de represión en lugar de poner la prevención en lugar primerísimo de un plan anti delincuencial; sirva el siguiente ejemplo para explicar mejor nuestra tesis: si usted descubre una fuga de agua en su cocina o baño, por sentido común, cerrara primero el grifo del cual se derrama el agua y luego secara la humedad; en este sentido, jamás debería de emprenderse un plan anti delincuencial que detenga los actos criminales sin proteger antes a la infancia y haciendo lo que debe hacerse para detener el avance de la proliferación y aumento de miembros de las pandillas criminales, cuidando físicamente los colegios y escuelas para evitar el contacto de las nuevas generaciones con los pandilleros reclutadores.
A pesar de entender la intima relación e influencia que existe entre el fenómeno delincuencial y el daño al tejido social, ya que ambos son mutuamente influyentes nos inclinamos por creer que el fenómeno delincuencial tiene como causa preponderante el daño profundo e intenso que el tejido social ha sufrido a través del tiempo, especialmente durante y después de la guerra.
Los gobiernos del pasado (y por lo que se ve, el presente no tiene planes que reviertan la situación), jamás se preocuparon por restaurar el tejido social que tanto sufrió en los tiempos de guerra; una sociedad que se vio enfrentada a sectores de población armada, aun después del conflicto de los años 80, que se acostumbró a ver la muerte como algo natural, ya que su entorno la obligaba a ello, que sufrió carencias económicas y de falta de espacio de desarrollo para su juventud, que enfrentó un fenómeno de importación de sistemas criminales con jóvenes "entrenados" en los países de destino de los inmigrantes, jóvenes que a la vez sufrieron carencias de espacio afectivo, de promoción y desarrollo y que encontraron en las pandillas, la identidad y espacio que el ambiente extraño no les ofrecía y el cuidado, orientación y guía que sus padres tampoco les brindaban, ocupados como estaban estos, trabajando para sobrevivir y para hacer que sobrevivieran sus parientes del país.
Si a lo anterior se agrega, la negación de la participación de los padres en el proceso de educación de sus hijos, la desintegración de las familias y la pérdida de valores morales tradicionales, cuya práctica constituyó en un tiempo un muro de contención al desvió de los niños y jóvenes y permitió un involucramiento no solo material sino ideológico por parte de la familia en la educación de la juventud, tendremos el fenómeno completo para que se diera lo que ahora presenciamos con terror.
Poniendo todos los ingredientes anteriores juntos: una sociedad con una cultura de muerte como consecuencia de una guerra, grandes sectores poblacionales armados con remanentes del conflicto, poco o nulo espacio y cero alternativas de desarrollo humano y empleo para los jóvenes, deterioro intenso de los valores familiares y daño profundo al tejido social-familiar, con tanto niño y joven sin padres (unos muertos y otros emigrados), tenemos la bomba molotov lista a explotar, la cual, ya nos está explotando en las manos.
Impacto sobre el Desarrollo Económico.
En una reciente visita al país, nos impusimos la tarea de conversar con comerciantes y empresarios de bajo nivel, tanto de la capital como de poblaciones aledañas a San Salvador y a través de esas entrevistas personales pudimos comprobar lo que ya es conocido por todo el mundo; los negocios pequeños, aquellos que son, en la mayoría de los casos, el único sostén económico de las familias que los operan, como tiendas, pequeños restaurantes y comedores, ventas de ropa de segunda mano, etc.; negocios que funcionan en colonias y barrios humildes de las ciudades principales del país, sufren el flagelo de tener que compartir sus escasos ingresos por la extorsión de que son víctimas, diaria, semanal o mensualmente con las pandillas organizadas de delincuentes, lo que los obliga a cerrar sus negocios poco tiempo después de haberlos iniciado y tener que enfrentar la dolorosa alternativa de emigrar al norte, a un país que está ahogando a los inmigrantes.
Es curiosa según las personas con las que conversé, la forma en que los extorsionistas calculan el rescate que deben pagar sus víctimas; en los casos en que se hace difícil calcular los ingresos de estos, usualmente cobran una cuota fija ($5, $10, $25 o hasta $100 diarios o semanales), a otros negocios más grandes le cobran una cuota semanal o mensual según el número de empleados que los negocios tienen.
Supe del caso de una empresa mediana (óigase bien, empresa), que tiene ( a estas alturas podríamos perfectamente decir “tenia”) entre 40 a 60 empleados, que paga a los delincuentes $ 20.00 por empleado, cada semana para funcionar normalmente; el gerente de esta empresa me confesó que el negocio estaba a punto de cerrar por que no podía soportar pagar alrededor de $ 3,000.00 mensuales.
Es increíble que el esquema planteado en El salvador, sea una copia calcada del fenómeno de extorsión, conocido como “protección” que sufrieron los Estados Unidos hasta el fin de la primera mitad del siglo XX; los negocios cierran y los ciudadanos no ven opciones para continuar con una vida normal; si esto no obedeciera a un esquema organizado de practica delincuencial, si fueran hechos aislados, quizás la angustia no sería tan grande, pero la verdad que estos hechos se han convertido en un fenómeno constante, una de las cosas que lo empeoran es que la prensa, por ser tan cotidianos y numerosos, ya no los divulga; todo esto ante los ojos de los responsables de “hacer algo”; ocupados como están, estos señores, en hacer política o politiquería y en hacer grandes planes macro económicos de largo plazo, se están olvidando del “hoy” y del “ya”, que está clamando la sociedad; las muertes, la violencia, los autobuses quemados con pasajeros, los desmanes y extorsiones están en la calle, en los barrios y los cantones, no en las lujosas oficinas gubernamentales o los magníficos recintos del congreso, lo cual explicaría, de alguna manera, la falta de sensibilidad aparente de las autoridades ante el dolor del pueblo.
Recordamos con desaliento las políticas de gobierno en tiempos de Elías A Saca, René Figueroa y Rodrigo Ávila, Presidente de la república, Ministro de Justicia y Director de la PNC, respectivamente, y los dispositivos estratégicos de “mano dura” y “súper-mano dura” y el esfuerzo institucional de desfigurar las estadísticas delincuenciales, y vemos además el estado de situación actual, en el cual la población carcelaria ha aumentado, los niveles desempleo han subido, y la gente común sigue buscando alternativas de vida y emigrando al norte a hacer ”a saber qué”.
La peligrosa y amplia publicidad que se da en el exterior a la situación delincuencial en El Salvador, que además de amplia es sospechosamente dimensionada y dosificada por los medios “serios”, quien sabe con qué propósitos (aunque los sospechamos); pone también en peligro la inversión extranjera en el país ya que al bajar los índices de confianza que los inversionistas foráneos puedan tener en la economía, debido más que todo a la descomposición social que produce la violencia y la delincuencia, bajará también el proceso de desarrollo económico, aumentará el desempleo y se potenciará el fenómeno de auto-alimentación de la delincuencia con la caída de la actividad económica.
El año 2009 estuvo caracterizado por una baja en la exportaciones, disminución en el consumo y de la inversión en general, descuido a la agro industria y a la agricultura, todo atribuible a la crisis económica mundial que ha producido una contracción global de los mercados; sería interesante y necesario medir la el impacto que tuvo y tiene el miedo generalizado como corolario de la intensa actividad delincuencial, en la baja de producción y por ende en las exportaciones del país.
También es interesante incluir, como causa del aumento de la delincuencia, las deportaciones que los Estados Unidos realizan de connacionales, que en los últimos años han alcanzado hasta 30,000 personas, gran porcentaje de estos individuos deportados, quiérase o no, al no encontrar ocupación en el país, deciden tomar la delincuencia como medio para sobrevivir, también se puede atribuir como causa de la baja en el consumo nacional, la caída de las remesas familiares (tema en el que he insistido desde hace algunos años), como consecuencia de la reducción de los espacios de empleo en la nación del norte y de las mismas deportaciones, con el doble efecto negativo de menos brazos que trabajan y envían dinero del extranjero y mas bocas que alimentar en el territorio.
Peligro para instituciones del estado.
En la semana que termino el 19 de junio pasado, el INSTITUTO DE ESTUDIOS JURIDICOS DE EL SALVADOR, publicó un breve pronunciamiento, no por breve menos claro, en cuanto a la criminalidad como posible producto de intereses de sectores de la sociedad para, según el pronunciamiento, justificar esos intereses de dichos sectores.
Lamentablemente, el pronunciamiento no especifica a que sectores se refiere, sino que se pierde en un análisis en el que menciona tanto a la PNC, los derechos y garantías ciudadanas y a la primera como responsable del cumplimiento de los segundos. Sin embargo el señalamiento, aunque un poco confuso, es importante por la luz de alarma que enciende, la cual nosotros la vemos rutilante y fuerte desde hace algún tiempo.
La pregunta que nos haremos a nosotros mismos, para clarificar nuestra exposición, seria: ¿ a quién favorece el clima de desorden social generado por la delincuencia organizada?; como corolario vendría la segunda pregunta: ¿a quién perjudica políticamente dicho fenómeno delincuencial?, la respuesta a la primera pregunta habría que buscarla no solamente en sectores de la oposición del gobierno, sino también en los sectores de la derecha extrema, sectores que son muy visibles para la ciudadanía, los cuales sin ser necesariamente los propulsores o estimuladores de la violencia, obviamente obtienen ventajas de la debilidad de un gobierno, que ocupado como parece estar, buscando soluciones al problema delictivo (soluciones que ameritan un análisis crítico y serio), no se ocupa de buscar soluciones y de formular planes serios para los otros grandes problemas cuya solución el pueblo demanda.
La Presidencia de la República, el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil, en ese orden jerárquico, como instituciones de estado, son los responsables del mantenimiento del orden público; la PNC desde los tiempos de instauración de los gobiernos de ARENA y ya en los tiempos del FMLN-Funes, ha pasado por muchas reorganizaciones, siempre tendientes a mejorar su efectividad, como es natural; desde el aumento de sus efectivos, mejoras en su equipo y armamento, hasta apoyo del ejército, que en operativos impresionantes ocuparon recientemente los recintos carcelarios de los delincuentes más notorios y peligrosos del país y lograron apoderarse de armas de alto poder y hechizas, así como, de acuerdo a informaciones impresas leídas por el autor, 23 teléfonos celulares ( muy pocos para tan grande población carcelaria, especialmente si como se difundió, el crimen del autobús de Mejicanos, fue planeado y ordenado desde la cárcel).
No se necesita ser adivino para darse cuenta del precio político que el gobierno en el poder tendrá que pagar ( o ya está pagando) por su ineficacia en el combate a la delincuencia y por los males derivados de esta falla; y aunque algunos aseguran corta vida a este gobierno, sobre todo al presidente como tal, estamos en la creencia que en El Salvador ya se superaron los esquemas golpistas, sí creemos, que la debilidad patente de las instituciones responsable del combate a la delincuencia, tendrá un efecto domino, con el resto del aparato gubernamental, lo cual será un costo altísimo que el Sr. Presidente, su equipo de gobierno y por contagio al FMLN (aunque ya haya puesto distancia con el candidato que llevo al poder) tendrán que pagar, lo cual creara espacios para que las fuerzas que han mantenido al país en retraso profundo por tantos años, retomen posiciones perdidas y redoblen esfuerzos para volver al poder.
Por finalizar, quisiera hacer un par de reflexiones y a la vez preguntas al Sr. Mauricio Funes: Sr. Presidente, ¿cómo ve usted al país dentro de apenas cinco años, con la ola de violencia y delincuencia desatada?, ¿cómo ve usted el futuro de los niños que ahora tienen 10 o 12 años, expuestos a no tener otro futuro que el de la delincuencia? y por último, ¿cómo ve usted la esperanza del cambio que todo un pueblo puso en usted y que muchos aun no hemos perdido?.
Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño……..
Carlos A Aguilar es un escritor y analista independiente residente en USA
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Violencia
Gracias señor Aguilar por analizar el problema de la delincuencia y discutirlo de esa manera. Cada vez que uno de estos criminales salen libres o se les aplican penas ridículas que no van acordes al delito que han cometido establece un claro ejemplo para los demás envueltos en el negocio de la delincuencia de que no hay problema si son agarrados y luego juzgados por sus actos.
ReplyDeleteAdemás el hecho de guardar un tiempo en prisión es para muchos de ellos parte de la experiencia que tienen que vivir.
Se habla en el artículo por un lado de un estado de excepción para juzgar estos criminales acorde a lo que han cometido, y por otro lado el hecho de dar menos énfasis en la represión de estos delincuentes y más en la prevención. Ese creo que es el dilema que todos tenemos que analizar y tomar decisiones para quitarnos este flagelo que ciertamente está carcomiendo a El Salvador.
De todas maneras, vale la pena preguntar ¿si es la acción inmediata, de hacer algo más radical, en la escala de mayor a menor en grado punitivo que se establezcan la que dará la pauta? o ¿es un plan bien concebido pero a más a largo plazo de prevención anti delincuencial? La respuesta puede que no sea tan simple.
No nos hagamos los inocentes, el verdadero problema lo esta causando la clase politica de El Salvador, porque es ahi donde se protege a muchos delincuentes para que ejerczan acciones que pongan entredicho la capacidad del actual gobierno, pero eso solo es la punta del iceberg, la verdadera causa es que los principales delincuentes estan enquistados en la Asamblea Legislativa, disfrazados de Diputados utilizando a este poder como cobija para cubrirse de impunidad y que estan siendo liderados desde afuera por un importante ex funcionario publico. Veamos solo un ejemplo: Robertio D'ahuison o como se llame, en la asamblea es un niño bonito (que no hace nada mas que criticar) pero afuera dirige con toda su famila un buen sector del narcotrafico que ya tuvo que pagar caro con la muerte de su hermano en Guatemala por querer abarcar mas de lo que se le habia asignado. Ahora el primer organo del Estado solo sirve para reuniones y acuerdos para protegerse entre ellos porque todos tienen la cola pateada, y asi nunca se va acabar la delincuencia, por el contrario es desde ahi donde se fomenta. por ultimo una reflecion: La delincuencia terminara solo cuando se cambie en su totalidad la clase politica salvadoreña, porque es la manzana podrida del pais y para ello es imperante abolir la ley de amnistia.
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