El Salvador: cuando la vida pende de la voluntad de los pandilleros

Por Jaime Ulises Marinero

Juan era un niño, apenas acababa de cumplir los 17 años, cuando el sábado pasado fue asesinado, mientras trabajaba como cobrador de la ruta 17 que hace su recorrido del centro de San Salvador a Panchimalco.

Nunca había recibido amenazas de muerte, pero como todo trabajador del sector transporte estaba expuesto a que lo mataran. Fueron dos hombres con apariencia de pandilleros quienes se subieron al microbús y al llegar al cantón Amayito le dispararon y luego huyeron como que si nada había pasado.

Juan es el trabajador del transporte número 82 en ser asesinado en lo que va del año. Su muerte se atribuye a pandilleros que los extorsionan y que deciden matar para demostrar que tienen el “poder” sobre este sector vulnerable a la seguridad.

Desde 2006 cerca de 525 trabajadores del sector han sido asesinados y en lo que va del año, en forma de protesta, han ocurrido 28 paros en las diferentes rutas afectadas. A ello se agrega que cerca de una docena de buses y microbuses han sido incendiados por los pandilleros.

Los empresarios están conscientes que los paros afectan a los usuarios y que no suelen llamar la atención de las autoridades, pero hasta ahora son la única forma de manifestarse para protestar contra la violencia en el sector.

Asesinatos de empleados del transporte han ocurrido en 12 de los 14 departamentos del país, aunque la mayoría en la zona metropolitana, especialmente en los municipios de San Salvador, Soyapango, Apopa, Ilopango y Mejicanos. Precisamente en este municipio el domingo 20 motoristas y cobrador de un microbús de la ruta 47 fueron asesinados calcinados junto a otras 14 personas, por un grupo de supuestos pandilleros.

Han sido asesinados trabajadores cuyas edades oscilan desde los 16 años hasta los 65, pertenecientes a rutas de microbuses, rutas de buses urbanas, interurbanas y departamentales. Incluso hasta han sido asesinados al menos diez “picacheros” quienes aumentarían la cifra de asesinados a 92.

Según registros extraoficiales de Asociación de Empresarios de Transporte Salvadoreños (AEAS) y la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS), en El Salvador alrededor de 12 mil personas trabajan en el sector del transporte público y están expuestos a morir a manos de delincuentes que se refugian en la impunidad.

Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans, señala que la desesperación en el sector es grande, porque no encuentran una respuesta clara de las autoridades de Seguridad y de la misma Policía Nacional Civil.

Incluso, jefes policiales han señalado que la delincuencia que afecta al sector transporte se debe, en parte al desorden del sector que contratan entre su personal a personas ligadas a pandillas.

El subdirector de investigaciones de la PNC, comisionado Howard Cotto, señaló que entre motoristas y cobradores hay pandilleros o personas que tienen contactos cercanos con las pandillas quienes estarían involucrados con las extorsiones y los asesinados en el sector.

En similares términos se expresó el jefe de la delegación centro de la PNC, comisionado Gersan Pérez, para quien el sector transporte requiere hacer un ordenamiento de inmediato.

Ambos oficiales se quejaron de que el sector transporte no denuncia y que se limita a hacer públicas sus quejas, lo cual dificulta el accionar policial contra los delincuentes.

Conductores como Miguel, quien trabaja en la ruta 9, tienen una respuesta a la expuesto por los oficiales al señalar que no confían en la PNC porque cuando han puesto una denuncia los pandilleros se enteran y en represalia actúan con más saña.
En su oportunidad Genaro Ramírez calificó de irresponsables las declaraciones policiales al recordar que cuando ellos contratan a un empleado les piden la solvencia policial, la cual es extendida por la PNC. “Si fueran pandilleros no recibirían las solvencias porque estarían cometiendo delito de asociaciones ilícitas”, dijo.

“Si ellos (la PNC) conocen de cobradores y motoristas pandilleros, por qué no los capturan”, dijo Ramírez, al considerar que las acusaciones de las autoridades policiales se debe a su propia incapacidad para detener la ola de criminalidad que afecta al sector.

Francisco, conductor de la ruta 30, considera irresponsables a las autoridades de seguridad que vinculan a los trabajadores con pandilleros. “Es cierto, tenemos que hablar con pandilleros y a veces hasta mostrarnos como ‘cheros’, pero lo hacemos porque de lo contrario nos matan, pero de eso a ser parte de ellos o amigos hay mucha distancia”, abundó.

Catalina Miranda señaló que no es necesario poner denuncias porque as autoridades bien saben que todo el sistema de transporte está extorsionado. Es raro encontrarse una ruta o un lugar donde no haya extorsiones.

LA PÁGINA habló con cuatro empresarios de municipios de Chalatenango y Cabañas, quienes señalaron que hasta en las rutas rurales les imponen “renta” los pandilleros, en algunos lugares han denunciado ante la PNC, pero es poco lo que hacen.

Una fuente policial señaló que en lo que va del año han sido detenidos alrededor de 300 pandilleros vinculados a extorsiones, incluso ya se lograron condenas de algunos de ellos, especialmente en la zona metropolitana y en Santa Ana, pero el problema, reconoce un oficial, es que queda alguien de la estructura que retoma las extorsiones o recibe órdenes desde los penales e, inclusive, desde el extranjero.

A juicio del oficial el sector transporte es vulnerable por muchas razones, entre ellas el hecho de que manejan dinero en efectivo, que los pandilleros conozcan sus rutinas de viaje y que conductores y motoristas sean altamente proclives a recibir cualquier tipo de daño, pues cualquiera se sube a una unidad y los mata a quemarropa.
El mismo oficial señala que entre los trabajadores hay algunos que han salido involucrados con extorsiones, pero son menos casos de los esperados. La PNC ha logrado diferenciar, a través de sus investigaciones, cuando se trata de extorsiones de pandilleros o cuando las extorsiones son producto de empleados. Los primeros actúan con violencia, no se esconden cuando recogen el dinero. Los segundos asignan un lugar para que los dueños de los buses o sus empleados dejen el dinero.
Hay muchas otras diferencias que por razones de seguridad no son reveladas, pero que han llevado a investigadores de la PNC a creer que el 90 por ciento o más de las extorsiones contra los buseros son cometidas por pandilleros, sin que haya involucradas personas que trabajan en el sector, pese a que altos jefes de la institución dicen lo contrario.

Los trabajadores del sector transporte saben que su oficio es, en la actualidad, el más peligroso porque están expuestos a ser asesinados en cualquier instante durante los trayectos. Sin previo aviso. “Muchos de los compañeros asesinados no habían recibido amenazas de muerte, aunque la ruta es extorsionada, los mataron de manera sorpresiva”, afirma Francisco, un conductor de la ruta 41, cuyo compadre fue asesinado, en marzo pasado, en la colonia Las Margaritas por supuestos pandilleros.
“Sabemos a qué horas salimos de la casa, pero no sabemos si vamos a retornar. No nos queda más que encomendarnos a Dios”, añade Francisco, quien asegura que están expuestos a que los maten aunque paguen las extorsiones. “A veces los pandilleros matan para demostrar que tienen poder”, añadió.

En el caso de Juan, quien dejó de estudiar para trabajar de cobrador, su objetivo era ahorrar dinero para pagar un “coyote” que lo pudiera llevar a Estados Unidos, a buscar un nuevo horizonte… Fue un sueño truncado por la violencia.

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