Joaquín Samayoa: “El sistema democrático puede sobrevivir con algunos alcaldes, diputados y funcionarios ineptos"

La nueva ecuación de poder
Por Joaquín Samayoa

La ecuación del poder político es muy parecida a una ecuación algebraica. Contiene términos o factores constantes y cantidades variables. La diferencia estriba en que en las matemáticas no hay donde perderse, mientras que en la política las cosas se confunden fácilmente y se prestan a cálculos convenientes.

En relación con las decisiones que la Asamblea Legislativa ha dejado para última hora, algunos diputados y analistas sostienen que las mismas deben discutirse y decidirse en combo, para salvaguardar el balance de poder. Quienes así piensan, obviamente no saben distinguir entre las cosas que deben ser constantes en una sociedad y las cosas que pueden variar. Tampoco entienden la diferencia entre el balance y los controles del poder. En las democracias, el poder político no siempre está equilibrado y no es preciso que lo esté, siempre y cuando se someta a los controles que establecen las leyes.

El gobierno central, los gobiernos municipales y los escaños en la Asamblea Legislativa son variables sujetas a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Puede darse el caso que un mismo partido tenga mayor presencia que los demás en todos esos ámbitos institucionales. Tal situación, aunque no siempre es deseable, no implica necesariamente un peligro para la democracia. Es una situación transitoria que el mismo pueblo puede modificar en un lapso relativamente corto.

Pero otras instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General no pueden estar sujetas a los vaivenes de la política; deben ser constantes en la ecuación del poder. No existen para balancear cuotas de poder, sino para hacer valer el estado de derecho, para hacer justicia y evitar o castigar los abusos de poder. No es la lógica del balance sino la del control la que debe prevalecer en las elecciones de segundo grado que atañen a esas instituciones.

El sistema democrático puede sobrevivir con algunos alcaldes, diputados y funcionarios ineptos, corruptos o más comprometidos con su partido que con su país. Pero la legitimidad y la eficacia del sistema se socavan cuando los que deben protegernos de ese tipo de funcionarios, los que deben garantizar la aplicación ecuánime de las leyes y la armonía de las mismas con la Constitución, no son elegidos por sus méritos, sino mediante compromisos y negociaciones que buscan favorecer en vez de controlar a los que tienen más poder.

Quienes defienden el procedimiento de incluir las elecciones de segundo grado en combos legislativos aceptan implícitamente la lógica de la mutua protección de los poderes. Yo acepto a tu candidato en esta posición, si tú aceptas al mío en esta otra posición. Por eso estamos como estamos. Lo correcto sería realizar cada elección independientemente y atendiendo exclusivamente a los méritos de los candidatos, entre los cuales debe destacarse su honradez y su fortaleza para resistir sobornos, intimidaciones o presiones de cualquier índole.

Al evaluar la capacidad de actuación independiente de los aspirantes, se debe tener en cuenta una tendencia muy nociva que está empezando a perfilarse. Ya no es solo que los partidos políticos tienen secuestrada a la sociedad, sino que pequeños grupos, con intereses y vínculos bastante turbios, están intentando secuestrar a los partidos. En la medida en que eso sea así, serían esos grupos los que decidirían las elecciones de segundo grado y a ellos les terminarían debiendo lealtad los funcionarios así electos.

En la nueva ecuación de poder, se han modificado las variables que dependen directamente de la voluntad popular, pero eso no debiera torcer los criterios para la elección del fiscal y de los nuevos magistrados de la CSJ. En vez de hacer politiquería con esos nombramientos, los diputados deben ponerse a tono con la voluntad ciudadana y unirse para neutralizar el peso de los poderes fácticos que se oponen a ella.

Esos poderes ya no son los mismos de antes. Ha disminuido sensiblemente la influencia de los grandes empresarios tradicionales en el gobierno y aún dentro del bloque de derecha. La argolla económica está perdiendo la batalla con una argolla política transpartidaria que busca permanencia e impunidad. Esos son los nuevos poderes fácticos de los que debemos cuidarnos.

La institucionalidad democrática tiene defensores y enemigos en todos los partidos. Para elegir al nuevo fiscal, la mayoría calificada no saldrá del acuerdo entre bloques partidarios cohesionados, sino de los votos libres de todos los diputados que, en consonancia o en contradicción con sus respectivas cúpulas partidarias, están dispuestos a defender el estado de derecho. Una nueva actitud para una nueva época.

Fuente: LPG 28/4/2009

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