La economía y la propiedad privada según Luis Mario Rodríguez

Economía y propiedad privada en "función social"
Por Luis Mario Rodríguez

Digámoslo con claridad: nuestra Constitución, interpretada bajo el lente de un proyecto socialista, puede, sin reforma alguna, convertirse en el mejor instrumento de la dirigencia del FMLN para perpetuarse en el poder, expropiar empresas y en nombre de los más desposeídos, transformar el sistema de libertades en uno que limite la iniciativa individual.

No pretendo referirme a los antecedentes y el contexto nacional en el que se promulgó nuestra Constitución en 1983. Lo que deseo es reflexionar sobre la posibilidad de aplicar la Constitución de tal forma que el "interés social" que no definió el constituyente, pueda ser la llave para trastocar el sistema económico y los derechos fundamentales como el de propiedad privada y la libertad de expresión.

Nuestra Constitución al referirse al orden económico, a partir de los artículos 101 y siguientes, introduce el concepto de interés social: "Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social" (inc. 1º, art. 103); "se reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada en función social (inc.1º, art. 106)". En ninguna disposición se define qué entendió el constituyente con tal afirmación y por tanto, cada quien podría definirlo como mejor se adecúe a sus aspiraciones y lo que es peor, a su ideología.

Recién suscritos los Acuerdos de Paz, se constituyó el denominado grupo gestor, que entre otros esfuerzos, pretendió acordar una sola interpretación de nuestra Constitución -- aunque conscientes que la Corte Suprema de Justicia es la única instancia facultada para interpretar la Carta Magna-- sobre el concepto de propiedad privada en función social. Tuve acceso a un documento, presuntamente escrito por el Dr. Fabio Castillo, reconocido intelectual y abogado, en su momento alto dirigente del FMLN, en el que, entre otras afirmaciones, enumera una serie de requisitos que deberían cumplirse para que la propiedad persiga la función social que le manda la Constitución de la República: "1. explotación eficiente del bien de producción a fin de obtener el mayor resultado al menor costo"; "2. participación suficiente de los trabajadores materiales y/o intelectuales en el resultado de la producción, entendiéndose por ello que deben tener capacidad de inversión en bienes de capital, acciones por ejemplo"; "3. resultados de producción que impliquen un margen mayor que la mera satisfacción de las necesidades de los individuos y familias que participan en la producción".

Si nos atuviéramos a la interpretación citada, resulta que aquellos que no obtengamos ganancias por el uso de nuestros bienes, que no cedamos parte de nuestra propiedad sobre algún bien a los trabajadores, o que utilicemos el producto del esfuerzo por la explotación de los bienes para satisfacer nuestras necesidades personales, deberíamos ser desposeídos de la propiedad debido a que no la estamos empleando en función social. Semejantes argumentos asustan a cualquiera que durante generaciones ha venido esforzándose por consolidar su empresa, generar empleos y desarrollar económicamente al país.

La expropiación de la propiedad por causa de interés social

Si lo anterior no es suficiente, citemos un ejemplo más de la posibilidad que el FMLN tendría para "socializar" los bienes de todos los ciudadanos. El artículo 106 de la Constitución establece que "la expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización". A los salvadoreños ya no nos es ajeno el término expropiación, pues ha sido el instrumento legal utilizado por Rafael Correas en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y Hugo Chávez en Venezuela, para despojar de un plumazo empresas que han pertenecido a generaciones en dichos países. Chávez ha expropiado petroleras, gaseras, bancos, arroceras y todas a aquellas tierras que no están siendo explotadas eficientemente por sus propietarios.

Lizette Kuri de Mendoza, Francisco Bertrand Galindo y José Albino Tinetti, todos connotados juristas salvadoreños, en su manual de Derecho Constitucional, al referirse a la Constitución de 1983 sobre el régimen económico, confirman que no es posible conceptualizar el interés social al que se refirió el constituyente: "La impresión que uno se forma al leer las actas respectivas --presumo que se refieren a los textos en los que se dejó constancia de la discusión que se desarrolló en el pleno de la Asamblea Legislativa al momento de discutir artículo por artículo de la nueva Constitución-- es que los que participaron en ella no quisieron expresar realmente en qué consistía esa institución para no alarmar a los sectores que podrían ser afectados por las limitaciones que se le introdujeron. En términos sencillos podríamos decir que la función social obliga al propietario a manejar sus bienes en forma tal que sean productivos y no contrarios al interés social, de no hacerlo así su derecho puede ser afectado", (pág. 824); "el interés social por su parte, significa que el Estado puede expropiar para resolver problemas sociales en favor de las clases económicas débiles" (pág. 837).

El lector podrá preguntarse por qué si la Constitución desarrolla estos preceptos desde 1983, nadie ha procedido a expropiar empresas, bienes y todo aquello que el Estado crea que puede contribuir a erradicar la pobreza. Sencillo, ninguno de los gobiernos, desde hace veinte años, ha pretendido quitar a uno para darle al otro, destruyendo la generación de riqueza y las fuentes de empleo. Se hizo en los años ochenta, con la reforma agraria y lo que se logró fue cooperativas "ricas/pobres" que detentan miles de manzanas y no producen nada. La sensatez, responsabilidad y diligencia nos han acompañado en los últimos años; pero con facilidad y a diferencia de lo que cualquier democracia normal presenta cuando hay cambios de gobierno, donde nadie piensa ni ofrece cambiar el sistema e instaurar un socialismo, en El Salvador podríamos llegar a lamentar otorgar el poder a quienes siempre han expresado, en público y en privado, su sueño por construir un sistema de vida distinto, todo con el pretexto de aliviar la pobreza, objetivo con el que estamos en total acuerdo, más no en la forma, métodos e ideas con las que se piensa lograr tal aspiración.

El referéndum y el cambio de Constitución

Los salvadoreños también hemos escuchado y visto en los medios de comunicación, como a través de la "consulta popular", en Suramérica se han legitimado atrocidades para la democracia boliviana, ecuatoriana y venezolana. Se llamó a Asamblea Constituyente para aprobar una nueva ley fundamental en cada uno de estos países y luego se utilizó el referéndum (consulta popular) para legitimar la reelección indefinida, al mejor estilo castrista. En El Salvador, la Constitución de la República permite la consulta popular para el caso de impulsar la Unión Centroamericana (art. 89). Algunos constitucionalistas aseguran que el referéndum, no obstante ser un mecanismo valioso para conocer el mandato soberano del pueblo, podría convertirse en el ve- hículo para legitimar democráticamente, dictaduras y totalitarismos.

Lo peor del caso, es la posibilidad que según algunos destacados juristas, podría presentarse, si se reformara el Código Electoral y en las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral se incluye la facultad de convocar a elecciones para Asamblea Constituyente (aquella que se conforma exclusivamente para aprobar una nueva Constitución), previa consulta popular. Para esta reforma bastarían cuarenta y tres votos que fácilmente puede un eventual gobierno de izquierda negociar con otras fuerzas políticas.

Ante tal posibilidad, la importancia del papel de la Sala de lo Constitucional al interior de la Corte Suprema de Justicia, cobra un lugar de primer orden, pues sería el único obstáculo para cuestionar la legalidad de tal ocurrencia, en caso que así sucediera; este Órgano es el único facultado para declarar la inconstitucionalidad de reformas a leyes secundarias por expresa violación a los preceptos constitucionales. Ello debería obligarnos a todos aquellos que creemos en el sistema democrático, a no descuidar la próxima elección de los magistrados, cuya lista preliminar de quince candidatos ya ha sido electa por los abogados el pasado sábado en la elección que convocó la Fedaes, faltando los quince restantes por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, debiendo elegirse por parte de la Asamblea Legislativa, juristas destacados que privilegien los conocimientos del Derecho sobre las afinidades políticas.

La posibilidad de transformar el sistema con las leyes secundarias

La facilidad con la que un gobernante puede hacer girar ciento ochenta grados en los distintos ámbitos de las políticas públicas, también cuenta con las leyes secundarias como instrumentos privilegiados para transformar el sistema sin pasar por la Asamblea Legislativa. Basta nombrar un Ministro de Educación afín a la ideología socialista para politizar al personal docente, crear una base política en las universidades privadas y darle un poder absoluto a la Universidad de El Salvador; un Ministro de Hacienda al estilo de Salvador Arias, para que inicie una persecución fiscal; un Canciller que le de preeminencia a las relaciones con Cuba, China Comunista y Venezuela --que aunque ya tenemos relaciones diplomáticas, profundizarlas en términos principalmente políticos--; un Ministro de Gobernación que a través de la Dirección de Espec- táculos Públicos censure programas, medios de comunicación y en general, la libertad de expresión, y un Ministro de Seguridad Pública que oriente la función de la PNC y del Organismo de Inteligencia del Estado a la persecución política.

Si a lo anterior agregamos que la ley orgánica del Banco Central de Reserva establece la facultad de emitir moneda, la ley de integración monetaria, la circulación de ambas monedas --colón y dólar-- y la política comercial nos podría introducir en el ALBA de Chávez, no necesitamos ni una sola reforma a la Constitución para cumplir el tan anhelado sueño del candidato a la vicepresidencia y de la casi totalidad de los diputados electos del FMLN.

*Abogado, con maestrías en Derecho Empresarial y Ciencia Política Fuente EDH 10/3/2009.

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