La universalidad de los derechos humanos según la audiencia nacional
Falta Oceanía
Florencio Domínguez*
El afán de buscar justicia debe canalizarse hacia la creación de órganos judiciales internacionales
Al mapa de los sumarios judiciales españoles sólo le falta tener abierto algún procedimiento relativo a Oceanía porque el resto de los continentes tienen causas en la Audiencia Nacional. Nuestros magistrados han acogido con calor la idea de justicia universal desde que en el 2005 el Tribunal Constitucional admitió la competencia de los juzgados españoles para perseguir crímenes contra la humanidad en cualquier parte del mundo.
La apertura de un sumario contra militares israelíes es el último caso, pero casi al mismo tiempo se abría una investigación contra militares salvadoreños implicados en el asesinato de seis jesuitas, obviando que el caso fue juzgado en el país centroamericano y que 14 uniformados fueron condenados. Que con posterioridad fueran amnistiados por su Gobierno es un problema político al que tendría que hacer frente el Ejecutivo de Madrid si quisiera denunciar la impunidad de los asesinos de unos ciudadanos españoles.
Hay abierto un sumario por el genocidio de Guatemala, promovido por Rigoberta Menchú, en el que se pide la extradición de dos ex presidentes del país, otro por crímenes en Ruanda, a pesar de la existencia de un Tribunal Penal Internacional con competencia para juzgar lo ocurrido en ese país. Otro contra China por la represión en el Tíbet y uno más contra Marruecos por el Sáhara.
La necesidad de que las grandes vulneraciones de derechos humanos no queden impunes ocurran donde ocurran es un principio sobre el que es fácil concitar un amplio consenso social y político, pero no lo es tanto decidir que sean tribunales de un país los que tengan que encargarse de buscar esa justicia universal, salvo en los casos en los que las víctimas sean ciudadanos del país que va a juzgar el caso. El afán de buscar justicia debe canalizarse hacia la creación de órganos judiciales internacionales, amparados por acuerdos entre las naciones, como se ha hecho, por ejemplo, para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia o los de Ruanda. Esa reclamación de justicia debe impulsar a los gobiernos a actuar mediante pactos internacionales.
Afrontar el problema en solitario puede conducirnos a conflictos internacionales como el que tenemos con Israel y el que tendremos con China si sigue adelante el sumario tibetano. Nos conduce también a la esterilidad del trabajo judicial en el que se gastan medios cuantiosos para resultados escasos. El sumario abierto contra los militares argentinos, por ejemplo, terminó con la única condena de un suboficial que aceptó venir a España para actuar como testigo de cargo y terminó sentenciado. Es lícito preguntarse si para ese viaje necesitábamos tantas alforjas.
Además, se corre el peligro de ver a la justicia saturada por denuncias de ciudadanos del mundo que piden justicia para su caso. Habría que ver hasta dónde llegarían los tribunales españoles si proliferaran las denuncias: chechenos contra Rusia, kurdos contra Turquía, tamiles frente a Sri Lanka, chiapanecos ante México, habitantes de Banda Aceh contra Indonesia, cachemires contra India, etcétera.
Fuenta: La Vanguardi 5/1/2009
Florencio Domínguez*
El afán de buscar justicia debe canalizarse hacia la creación de órganos judiciales internacionales
Al mapa de los sumarios judiciales españoles sólo le falta tener abierto algún procedimiento relativo a Oceanía porque el resto de los continentes tienen causas en la Audiencia Nacional. Nuestros magistrados han acogido con calor la idea de justicia universal desde que en el 2005 el Tribunal Constitucional admitió la competencia de los juzgados españoles para perseguir crímenes contra la humanidad en cualquier parte del mundo.
La apertura de un sumario contra militares israelíes es el último caso, pero casi al mismo tiempo se abría una investigación contra militares salvadoreños implicados en el asesinato de seis jesuitas, obviando que el caso fue juzgado en el país centroamericano y que 14 uniformados fueron condenados. Que con posterioridad fueran amnistiados por su Gobierno es un problema político al que tendría que hacer frente el Ejecutivo de Madrid si quisiera denunciar la impunidad de los asesinos de unos ciudadanos españoles.
Hay abierto un sumario por el genocidio de Guatemala, promovido por Rigoberta Menchú, en el que se pide la extradición de dos ex presidentes del país, otro por crímenes en Ruanda, a pesar de la existencia de un Tribunal Penal Internacional con competencia para juzgar lo ocurrido en ese país. Otro contra China por la represión en el Tíbet y uno más contra Marruecos por el Sáhara.
La necesidad de que las grandes vulneraciones de derechos humanos no queden impunes ocurran donde ocurran es un principio sobre el que es fácil concitar un amplio consenso social y político, pero no lo es tanto decidir que sean tribunales de un país los que tengan que encargarse de buscar esa justicia universal, salvo en los casos en los que las víctimas sean ciudadanos del país que va a juzgar el caso. El afán de buscar justicia debe canalizarse hacia la creación de órganos judiciales internacionales, amparados por acuerdos entre las naciones, como se ha hecho, por ejemplo, para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia o los de Ruanda. Esa reclamación de justicia debe impulsar a los gobiernos a actuar mediante pactos internacionales.
Afrontar el problema en solitario puede conducirnos a conflictos internacionales como el que tenemos con Israel y el que tendremos con China si sigue adelante el sumario tibetano. Nos conduce también a la esterilidad del trabajo judicial en el que se gastan medios cuantiosos para resultados escasos. El sumario abierto contra los militares argentinos, por ejemplo, terminó con la única condena de un suboficial que aceptó venir a España para actuar como testigo de cargo y terminó sentenciado. Es lícito preguntarse si para ese viaje necesitábamos tantas alforjas.
Además, se corre el peligro de ver a la justicia saturada por denuncias de ciudadanos del mundo que piden justicia para su caso. Habría que ver hasta dónde llegarían los tribunales españoles si proliferaran las denuncias: chechenos contra Rusia, kurdos contra Turquía, tamiles frente a Sri Lanka, chiapanecos ante México, habitantes de Banda Aceh contra Indonesia, cachemires contra India, etcétera.
Fuenta: La Vanguardi 5/1/2009
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Derechos Humanos
No que la Globalizacion es inminente y porque no la justicia internacional ?
ReplyDeleteHacienso justicia no solo en España ayudaria a ser un componente
deterrente (disuasivo) contra los crimenes de lesa Humanidad.
Jose Matatias Delgado Y del Hambre.