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Nayib Bukele suspende de cargos en la PNC a Landaverde, exministro de seguridad, y dos exfuncionarios de Centros Penales

Exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde;
Bukele ordena suspender de cargos en la Policía al exministro de Seguridad y dos exfuncionarios de Centros Penales

Por ser policías de carrera, los tres exfuncionarios de Penales habían sido nombrados en cargos en la Policía. Bukele los vincula a la supuesta corrupción en las tiendas penitenciarias que eran administradas por ASOCAMBIO.

Después de revelar la supuesta corrupción en el manejo de las tiendas penitenciarias por ASOCAMBIO, como se abrevia la Asociación Yo Cambio, el  presidente Nayib Bukele ordenó a través de su cuenta de twitter a la Inspectoría General de la Policía a que suspenda sin goce de sueldo al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde de su cargo de asesor del director de la corporación policial.

Ramírez Landaverde se desempeño como ministro de Justicia y Seguridad Pública en la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén y era el presidente de ASOCAMBIO.

“Se le ordena a la Inspectoría de Seguridad Pública; que de oficio y con base en el art. 14 literal “d” de la Ley Disciplinaria Policíal, inicie investigación por faltas muy graves y se suspenda inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo, al ex Ministro Ramírez Landaverde”, tuiteó.

Luego, Bukele ordenó al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aplicar el mismo proceso disciplinario contra el Subcomisionado Marco Tulio Lima, ex Director de Centros Penales, y separarlo de su cargo inmediatamente de su cargo de segundo jefe de la Policía de San Vicente.

“De igual manera, se le ordena al Ministro de Seguridad @RogelioRivasSS iniciar el mismo proceso disciplinario contra el Inspector Jefe de la @PNC_SV, Orlando Elías Molina Ríos, ex Sub Director General de @CentrosPenales, y separarlo inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo”, agregó Bukele.

El literal D del artículo 14 de la Ley Disciplinaria de la Policía establece que el Inspector General podrá iniciar investigación disciplinaria en contra de un oficial de la Policía, por faltas graves y muy graves que a su consideración ameriten ser investigadas.

El artículo 53 señala que el  procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave inicia mediante petición razonada, la cual será presentada ante el Tribunal Disciplinario competente por el Director General, el Inspector General o sus Delegados, la autoridad con competencia sancionadora, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos o el Fiscal General de la República.

Fuentes policiales explicaron que el Inspector General de la Policía debe de solicitar la apertura del expediente disciplinario ante un Tribunal Disciplinario y si considera conveniente puede solicitar que el oficial de policía que es investigado sea suspendido de su cargo de manera provisional, mientras se sigue el proceso interno, pero con base a las pruebas que presente ante el referido tribunal.

El artículo 55 de la referida ley señala que recibida la petición razonada por parte de la Inspectoría General para procesar internamente a un integrante de la Policía, el Tribunal Disciplinario lo admitirá si cumple con los requisitos del artículo anterior o hará las prevenciones del caso, señalando plazo para el cumplimiento de las mismas; y procederá a adoptar la medida preventiva de suspensión del cargo sin goce de sueldo, en contra del investigado, cuando proceda.

Los exfuncionarios ligados a ASOCAMBIO

ASOCAMBIO,  es el ente encargado de administrar los fondos provenientes de las tiendas penitenciarias, establecida como una Organización “sin fines de lucro” en la que el presidente era el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, pero también concurrían el exviceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

Según el Diario Oficial, Ramírez Landavarde fungía como presidente de esta entidad privada.

En febrero pasado, el todavía ministro Ramírez Landaverde justificó que los fondos que se reciben son para apoyar y financiar las diferentes necesidades de los centros penitenciarios, entre ellos el mantenimiento de las clínicas médicas.
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