Los ofendidos de El Mozote

Miriam Núñez, esposa de Orlando Márquez, sostiene una fotografía tomada unos meses antes
 de la masacre en la que están retratadas su suegra María Agustina García y sus cuñadas
Edith Elizabeth Márquez y Yesenia Márquez. Todas ellas fueron asesinadas por el batallón Atlacátl.
Foto de El Faro.

Entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, el Estado salvadoreño masacró a 978 personas en El Mozote y ocho poblados aledaños, en las montañas del norte del departamento de Morazán. Aquellas fueron algunas de las noches más crueles de nuestra sociedad, cuando el inhumano y doloroso paso de la guerra apenas comenzaba. Sin embargo, tras la masacre también comenzó otra lucha, una contra la impunidad, en la que un grupo de campesinos-sobrevivientes decidió no callar y denunciar al Estado. Este 2017, 36 años después de la tragedia, ellos han desfilado ante un juzgado para narrar lo que sufrieron, para denunciar a los comandantes del ejército más oscuro, para que la sociedad salvadoreña, y el mundo, se entere de una vez por todas qué nos pasó en El Mozote.

Durante 36 largos años, y desde que una campesina llamada Rufina Amaya denunciara al mundo la masacre, los sobrevivientes nunca se han dado por vencidos. El silencio al que fueron condenados por los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos, que negaron el crimen, no los venció; los años en el exilio, en los bolsones de Colomoncagua y Mesa Grande, en Honduras, no los vencieron; las amenazas y el amedrentamiento que sufrieron en 1990, cuando denunciaron por primera vez la masacre ante un juez, no los vencieron.

Dorila Márquez es recibida por su hija, luego de brindar su testimonio en la audiencia sobre
la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Márquez declaró durante el juicio que se realiza en el juzgado
 de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, el viernes 13 de octubre.
Al fondo, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, quien admitió en declaraciones que,
el 11 de diciembre de 1981, sí ocurrió una masacre. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

A principios de la última década del siglo pasado tampoco los venció la desidia del sistema judicial, que suspendió las exhumaciones al percatarse de la inmensa cantidad de pruebas que surgían de la tierra: osamentas de mujeres, embarazadas, ancianos y niños. Tampoco los venció la aprobación de la ley de Amnistía de 1993, que perdonó a los violadores de derechos humanos y, un año más tarde, permitió al primer juez de la causa cerrar el caso. Tampoco los vencieron los sucesivos gobiernos de Arena, que desde 1989 proclamaran una ley no escrita de “perdón y olvido”; ni los últimos dos gobiernos de izquierdas, del FMLN, que han reaccionado a favor de las víctimas y los sobrevivientes más por presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por convicción propia. Para muestra algunos botones: en 2012, el expresidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado, pero fue incapaz de doblegar a la Fuerza Armada que él comandaba, para que esta dejara de honrar al coronel Domingo Monterrosa, señalado como el comandante que dirigió al ejército y al Batallón Atlacatl hacia esa masacre. Su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, ni siquiera ha tocado el tema, y tras la derogatoria de la ley de amnistía hecha por la Sala de lo Constitucional, en 2016, fue el primero en salir a cuestionarla, haciendo alusiones que sonaban al viejo estribillo del perdón y el olvido.

A las víctimas de El Mozote tampoco las ha vencido una Fiscalía -cómplice de la impunidad- que se ha resistido a investigar los crímenes de lesa humanidad del pasado. Bloqueada su búsqueda de verdad y justicia en el sistema salvadoreño, las víctimas por eso buscaron el sistema internacional; ganando todas sus batallas primero en la Comisión Interamericana y luego en la Corte, que condenó al Estado en 2012 por el cometimiento y ocultación del crimen.

Foto: Secretaría de Inclusión Social

Pero la impunidad no reina para siempre, o al menos eso continúan creyendo estos supervivientes. En 2016, tras la abolición de la amnistía, en San Francisco Gotera, un juez reabrió el caso, y durante todo el 2017 tomaron el centro del escenario esos que siempre lucharon en silencio y desde un segundo plano. Este colectivo siempre había sido, en la narrativa salvadoreña, objeto y no sujeto. Objeto de persecución, de vejámenes, de silencio obligado.

Este 2017 eso ha cambiado. El juez llamó a declarar a los testigos originales del caso. De los 17 ofendidos del reparto original, cinco ya murieron y otros dos no pudieron declarar por problemas de salud. Esas primeras 10 personas ratificaron lo que habían dicho hace casi 25 años. Pero, además, nuevos testimonios de otros sobrevivientes que nunca habían hablado en El Salvador han aportado más detalles de un operativo de tierra arrasada. Y esta vez no la estaban contando en un tribunal de justicia restaurativa o en un acto anecdótico. Este es un juicio y lo que dicen es evidencia. Ellos son la evidencia y el país, en el que buena parte de la sociedad niega o se resiste a conocer la verdad, está por fin escuchando.

Por su perseverancia y protagonismo, por ser ejemplo de la lucha contra la impunidad, para la redacción de El Faro ellos son los personajes del año. 2017 fue el turno de estos ofendidos, los ofendidos de El Mozote.

Fuente: elfaro.net

Newer Post Older Post