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Comunidad Salvadoreña en el exterior cuestiona al Consulado de Los Ángeles por nombramiento de SANA en CONMIGRANTE

Organizaciones salvadoreñas dicen que el consulado de L.A. aceptó a SANA a pesar de no cumplir con requisitos legales
Por Soudi Jiménez

La elección de uno de los tres miembros titulares del consejo de una entidad gubernamental salvadoreña ha causado indignación en las organizaciones comunitarias. Estas aseguran que la organización angelina electa no reunió los requisitos establecidos por el congreso de ese país.

El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrante) fue la entidad creada en el 2012 en cumplimiento con la ley de protección al migrante aprobada por el parlamento salvadoreño.

Para conformar el consejo de Conmigrante, las organizaciones tuvieron 30 días para inscribirse como parte de una convocatoria abierta. Los interesados debían presentar la documentación requerida en el consulado local.

“Eran requisitos normales, como tener personería jurídica; es decir, el registro de ‘non profit organization’. Nosotros no podemos tener una contraparte que no tenga existencia legal”, explicó el vicecanciller Juan José García.

Dado ese requirimiento, las comunidades aspirantes al puesto cuestionaron el proceso. En Los Ángeles únicamente se inscribieron tres entidades: la Asociación Nacional Salvadoreña Americana (SANA), Fundación Ilobasco y AURLA.

“Nosotros si lo teníamos y Fundación Ilobasco también”, dice Jaime Monjarás, presidente de AURLA, refiriéndose a la acreditación como organización sin fines de lucro ante la Secretaría de Estado de California.

Sin embargo, los activistas subrayan que la organización SANA fue aceptada por el consulado sin cumplir con ese requerimiento.

“Los funcionarios que están allí han sido puestos por un partido político y tienen allegados cercanos”, analiza Nelson Flores, presidente del Comité El Pescador, al conocer la irregularidad. “Están demostrando falta en seguir sus propias reglas”.

Entre los miembros de SANA están Werner Marroquín, diputado en el parlamento centroamericano por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la activista Sophia Cortez, sobrina del ministro de trabajo salvadoreño Humberto Centeno, del mismo instituto político.

“Sin lugar a dudas, la selección fue hecha de dedo”, señala Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate. “Cuando empezaron a dirimir cómo iba a ser la representación, decidieron quién les convenía políticamente”.

La Unidad de Comunidades de El Salvador en Estados Unidos, (Unicomdes-USA) denunció la anomalía a la cancillería salvadoreña a través de una carta con fecha 4 de noviembre de 2012, enviada al vicecanciller García.

Sin embargo, el vice-canciller dijo que ya se había investigado el reclamo. “Se formó una comisión en Conmigrante para examinar el caso de SANA; se le dio un tiempo prudencial para que presentase todos sus documentos y los presentó”.

Una vez como parte del consejo, José Roberto Hernández, representante de SANA, pidió que se le asignara una oficina en el consulado, lo cual aparentemente estaba en proceso. Pero al conocerse esta denuncia, la cancillería suspendió el tramite anticipándose a los cuestionamientos.

“Aunque el viceministro diga que le entregaron los papeles, el problema es que cuando fue electo no cumplía con lo que pedían”, destaca Raúl Mariona, presidente de Unicomdes-USA. “Ellos [SANA] no están autorizados como una organización no lucrativa”.

En el sitio web de la Secretaría de Estado de California, SANA fue suspendida en el 2006, en ese entonces a nombre de Werner Marroquín. Y en el 2010 sucedió lo mismo, pero en esta ocasión Celina Benítez fue la encargada de realizar el trámite.

En la páginawww.guidestar.org, portal para revisar las organizaciones sin fines de lucro autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, no se encontró a la organización SANA.

“Una cosa es estar exento de impuestos y otra cosa es estar registrado ante el estado; esa pudo ser la perversidad o ignorancia de quien hizo el señalamiento”, respondió Hernández, detallando que sí están registrados y que la cancillería ya cerró el caso.

“Ahora estamos tramitando el estatus de 501c3”, agrega.

Conmigrante se instaló en octubre de 2012, y está integrado por 22 miembros. El trabajo de las organizaciones es voluntario.

Lla planificación que están desarrollando se define a través de conferencias telefónicas, las cuales se realizan dos veces al mes.

“Quisiéramos que hubiera un vínculo con la comunidad, impulsar propuestas a favor de la reforma migratoria, por ejemplo, pero por falta de fondos no hemos podido hacer nada”, responde Hernández, representante de SANA.

Mientras tanto, Mariona sostiene que el nombramiento de SANA es nulo.

“Tendría que abrirse una investigación por respeto a las demás comunidades”, sostiene.

Fuente: Los Angeles Hoy - swjimenez@hoyllc.com
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