Falacia presupuestaria
Por Joaquín Samayoa*
El presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2012 debe estar listo para ser enviado a consideración de la Asamblea Legislativa a más tardar el último día de septiembre, lo cual significa que quedan solo unas pocas semanas para llevar a cabo un debate público sobre diversas opciones para incrementar los ingresos fiscales, pero también sobre las prioridades de política pública que justifican las propuestas de gasto e inversión.
En teoría, este debate debiera permanecer abierto en el transcurso de los tres meses que la ley otorga a la Asamblea Legislativa para conocer, discutir y aprobar el presupuesto; sin embargo, lo que ha sucedido los dos últimos años es que las fracciones partidarias afines o sumisas al gobierno no han ejercido responsablemente su función y han aprobado sin mayor discusión unos presupuestos desbalanceados, los cuales además no reflejan las prioridades de atención que debieran recibir los problemas más graves de nuestra sociedad.
Cuando era partido de oposición, el FMLN escudriñaba los presupuestos y obstaculizaba su aprobación siempre que el financiamiento de los mismos requería contraer deudas que no contaban con previo aval de la legislatura. Lamentablemente, ese comportamiento responsable fue abandonado por el FMLN tan pronto se convirtió en partido de gobierno. Sumando los votos fáciles de GANA, PCN y algunos otros, so pretexto de facilitar la gobernabilidad, el FMLN ha aprobado de manera expedita los presupuestos de la administración Funes.
Se les olvida a los legisladores que no están ahí por su linda cara ni porque tengan conocimientos o capacidad de pensamiento superiores a los del resto de la población; sino porque fueron elegidos para representar al pueblo en el primer órgano del Estado y, consiguientemente, están obligados a prestar atención a las necesidades y a la voluntad expresa de los ciudadanos siempre que toman decisiones en su nombre.
Los graves y persistentes problemas de seguridad ciudadana han sido objeto de reclamos expresados constantemente a través de todas las encuestas de opinión y mediante comunicados de las principales organizaciones de la sociedad civil. La atención que debe recibir este problema de parte del gobierno requiere, sin lugar a dudas, una fuerte inversión, la cual debe quedar suficientemente cubierta en las asignaciones presupuestarias para el resto del período de gobierno.
Pero en relación con este punto, es preciso insistir en algo que ya se ha señalado reiteradamente pero que el gobierno no quiere escuchar. Antes que plantear la necesidad de recursos económicos adicionales, debe concebirse una estrategia que no sea simplemente más de lo mismo, porque a falta de una estrategia realmente novedosa y efectiva, la asignación de más fondos en el presupuesto no va a ayudar a resolver los problemas. Lo mismo debe decirse en lo concerniente a la reactivación económica y la generación de empleo.
No se debe poner la carreta por delante de los bueyes ni se debe permitir que los bueyes la jalen a su antojo, sin rumbo o sin ruta. Pero además es preciso poner en evidencia la falacia que los gobiernos suelen usar cuando buscan más dinero, sea por la vía del endeudamiento o por la vía de los impuestos. Cuando la oposición negaba sus votos para aprobar los préstamos que decían necesitar los gobiernos conducidos por ARENA, la propaganda gubernamental trataba de engañarnos afirmando que, a causa de esa negativa, los niños se iban a quedar sin educación y la gente se iba a quedar sin medicinas en los hospitales. El actual gobierno hace exactamente lo mismo; nos quiere hacer creer que si no aceptamos tal o cual medida impositiva no habrá dinero suficiente para frenar la criminalidad.
Esas justificaciones son demagógicas. En nuestro país no hay impuestos específicos. Cada gobierno escoge sus prioridades y decide cuánto asigna a cada necesidad. En general, es válida la aspiración de elevar la carga tributaria de un país. Lo que no debiéramos aceptar es que una gran parte de los ingresos del Estado se consuma en usos improductivos, como son la propaganda presidencial, algunos subsidios mal concebidos y el mantenimiento de una burocracia estatal cada vez más inflada. Las responsabilidades deben ser compartidas y el gobierno también debe hacer sacrificios si necesita más dinero para seguridad, educación y salud.
Joaquín Samayoa es columnista salvadoreño - jsamayoa@fepade.org.sv
El presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2012 debe estar listo para ser enviado a consideración de la Asamblea Legislativa a más tardar el último día de septiembre, lo cual significa que quedan solo unas pocas semanas para llevar a cabo un debate público sobre diversas opciones para incrementar los ingresos fiscales, pero también sobre las prioridades de política pública que justifican las propuestas de gasto e inversión.
En teoría, este debate debiera permanecer abierto en el transcurso de los tres meses que la ley otorga a la Asamblea Legislativa para conocer, discutir y aprobar el presupuesto; sin embargo, lo que ha sucedido los dos últimos años es que las fracciones partidarias afines o sumisas al gobierno no han ejercido responsablemente su función y han aprobado sin mayor discusión unos presupuestos desbalanceados, los cuales además no reflejan las prioridades de atención que debieran recibir los problemas más graves de nuestra sociedad.
Cuando era partido de oposición, el FMLN escudriñaba los presupuestos y obstaculizaba su aprobación siempre que el financiamiento de los mismos requería contraer deudas que no contaban con previo aval de la legislatura. Lamentablemente, ese comportamiento responsable fue abandonado por el FMLN tan pronto se convirtió en partido de gobierno. Sumando los votos fáciles de GANA, PCN y algunos otros, so pretexto de facilitar la gobernabilidad, el FMLN ha aprobado de manera expedita los presupuestos de la administración Funes.
Se les olvida a los legisladores que no están ahí por su linda cara ni porque tengan conocimientos o capacidad de pensamiento superiores a los del resto de la población; sino porque fueron elegidos para representar al pueblo en el primer órgano del Estado y, consiguientemente, están obligados a prestar atención a las necesidades y a la voluntad expresa de los ciudadanos siempre que toman decisiones en su nombre.
Los graves y persistentes problemas de seguridad ciudadana han sido objeto de reclamos expresados constantemente a través de todas las encuestas de opinión y mediante comunicados de las principales organizaciones de la sociedad civil. La atención que debe recibir este problema de parte del gobierno requiere, sin lugar a dudas, una fuerte inversión, la cual debe quedar suficientemente cubierta en las asignaciones presupuestarias para el resto del período de gobierno.
Pero en relación con este punto, es preciso insistir en algo que ya se ha señalado reiteradamente pero que el gobierno no quiere escuchar. Antes que plantear la necesidad de recursos económicos adicionales, debe concebirse una estrategia que no sea simplemente más de lo mismo, porque a falta de una estrategia realmente novedosa y efectiva, la asignación de más fondos en el presupuesto no va a ayudar a resolver los problemas. Lo mismo debe decirse en lo concerniente a la reactivación económica y la generación de empleo.
No se debe poner la carreta por delante de los bueyes ni se debe permitir que los bueyes la jalen a su antojo, sin rumbo o sin ruta. Pero además es preciso poner en evidencia la falacia que los gobiernos suelen usar cuando buscan más dinero, sea por la vía del endeudamiento o por la vía de los impuestos. Cuando la oposición negaba sus votos para aprobar los préstamos que decían necesitar los gobiernos conducidos por ARENA, la propaganda gubernamental trataba de engañarnos afirmando que, a causa de esa negativa, los niños se iban a quedar sin educación y la gente se iba a quedar sin medicinas en los hospitales. El actual gobierno hace exactamente lo mismo; nos quiere hacer creer que si no aceptamos tal o cual medida impositiva no habrá dinero suficiente para frenar la criminalidad.
Esas justificaciones son demagógicas. En nuestro país no hay impuestos específicos. Cada gobierno escoge sus prioridades y decide cuánto asigna a cada necesidad. En general, es válida la aspiración de elevar la carga tributaria de un país. Lo que no debiéramos aceptar es que una gran parte de los ingresos del Estado se consuma en usos improductivos, como son la propaganda presidencial, algunos subsidios mal concebidos y el mantenimiento de una burocracia estatal cada vez más inflada. Las responsabilidades deben ser compartidas y el gobierno también debe hacer sacrificios si necesita más dinero para seguridad, educación y salud.
Joaquín Samayoa es columnista salvadoreño - jsamayoa@fepade.org.sv
Siempre odié esa actitud tan hipócrita en la que todos los males que le achacaban a gobiernos anteriores no funcionan para con ellos. Claro, quizá piensan que están allí por su linda cara, :P
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