Decreto 743, Contubernio Político
Consecuencias de un contubernio político
Por Roberto Rubio-Fabián
Foto Guillermo Ávila (ARENA) le explica Antonio Almendáriz (PCN) que es innecesario que retire firma del dictamen de derogatoria que llevaron a plenaria pues quedó sin efecto.FOTO EDH / JORGE REYES
¿Quién comete desacato: los que no hacen lo que manda el máximo tribunal constitucional, o los que no le hacen caso al torcido decreto 743?
El decreto 743, que trata de ponerle candado al quehacer de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es un adefesio jurídico y político, engendro de la chambonería política. Las mentes perversas que están detrás de este decreto nos han metido en la peor crisis de institucionalidad democrática desde los Acuerdos de Paz. Una crisis que está trayendo y traerá serias consecuencias para la democracia y el desarrollo de nuestro país.
No es dramático afirmar que el decreto 743 constituye una grave fractura democrática, que pone de manifiesto el pobre nivel de desarrollo y madurez de nuestro sistema político, la paraplejía que padece la política partidaria, y la fragilidad de nuestra democracia.
El 743 ha parido un peligroso y confuso vacío de poder y de autoridad. Resulta ahora que hasta un funcionario de segundo nivel, como el director de la Imprenta Nacional, juzga y decide ampararse a un decreto a todas luces inconstitucional tanto en su proceso de formación de ley como en sus contenidos, posteriormente declarado inaplicable por el máximo tribunal constitucional, e inexistente y sin ninguna validez legal si consideramos que lo que sancionó el presidente no es lo mismo que votó la Asamblea.
Resultará entonces que en este vacío de poder, amparándose en el 743, podrán emitirse, por ejemplo, decretos legislativos en contra de la libertad de expresión, a favor de la reelección presidencial, por la creación de un cuarto poder, por cambiar el rol apolítico del ejército, y cuanta otra barbaridad política o jurídica permita y se le ocurra a la aritmética legislativa, sin que haya una justicia constitucional que le ponga freno. ¿A quién va a obedecer la autoridad? ¿Quién comete desacato: los que no hacen lo que manda el máximo tribunal constitucional, o los que no le hacen caso al torcido decreto 743?
Bajo tal contexto, las próximas elecciones no solo podrán ser cuestionables en su credibilidad sino también, y es lo más grave, en su legitimidad. Un retroceso enorme si consideramos que en materia electoral habíamos venido teniendo algunos avances. En efecto, si el decreto 758 promovido por el FMLN sobre la forma de votación, que nuevamente contraviene la resolución de inconstitucionalidad de la sala sobre las listas cerradas, es sancionado favorablemente por el presidente, pero posteriormente declarado inconstitucional por el máximo tribunal constitucional, ¿a quién obedecerá el Tribunal Supremo Electoral? Y si este organiza las elecciones y papeletas de votación acorde al decreto legislativo 758, amparado en el cuestionable decreto 743, entonces ¿qué legitimidad tendrán las elecciones? ¿Qué legitimidad tendrán los diputados/as y alcaldes electos? Estas elecciones serían jurídicamente más cuestionables que las elecciones ocurridas durante la guerra de los ochenta, cuya falta de legitimidad se debía más a la carencia de pluralidad que de legalidad.
De igual manera, otra consecuencia importante a considerar es la peligrosa pérdida de credibilidad y legitimidad del sistema político, ya de por sí demasiado baja en nuestro país según los ranking del Latinobarómetro. Las democracias necesitan de sistemas políticos y partidos sólidos y socialmente legitimados. Cuando esto cae demasiado, se abren peligrosamente los portones al autoritarismo.
Por otro lado, los contubernios políticos, el manoseo constante de las leyes, y ahora este aberrante decreto 743, atentan contra uno de los factores positivos que disponía El Salvador frente a la comunidad internacional: un país ejemplar en su transición hacia la democracia, consagrada por la alternancia gubernamental, con relativa estabilidad institucional y democrática, especialmente si nos comparamos con nuestros vecinos centroamericanos. Ahora ese potencial de liderazgo regional, que nos valió ser uno de los cuatro países en el mundo escogidos por Estados Unidos para participar en la iniciativa “Socios para el Crecimiento”, está en cuestionamiento. Y sin duda este “puterío jurídico y político” tendrá sus efectos sobre las posibilidades de atracción de inversión extranjera.
Ante estas preocupantes consecuencias no queda más que apelar a la sensatez, el diálogo y la reflexión. Así como algunos debemos comprender que al deteriorado y atrofiado sistema digestivo de nuestro sistema político le resulta demasiado difícil poder digerir los bocados de la modernidad democrática, y que por tanto debemos saber administrar adecuadamente las dosis y los tiempos de los cambios, también la clase política debería comprender que no puede seguir atrincherada en el pasado y apertrechada en sus mezquinos y miopes intereses. Ojalá podamos abrirnos a ambos lados en aras de lo que hasta ahora hemos democráticamente construido.
Roberto Rubio-Fabián es Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)-rubiofabian@telesal.net
Por Roberto Rubio-Fabián
Foto Guillermo Ávila (ARENA) le explica Antonio Almendáriz (PCN) que es innecesario que retire firma del dictamen de derogatoria que llevaron a plenaria pues quedó sin efecto.FOTO EDH / JORGE REYES
¿Quién comete desacato: los que no hacen lo que manda el máximo tribunal constitucional, o los que no le hacen caso al torcido decreto 743?
El decreto 743, que trata de ponerle candado al quehacer de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es un adefesio jurídico y político, engendro de la chambonería política. Las mentes perversas que están detrás de este decreto nos han metido en la peor crisis de institucionalidad democrática desde los Acuerdos de Paz. Una crisis que está trayendo y traerá serias consecuencias para la democracia y el desarrollo de nuestro país.
No es dramático afirmar que el decreto 743 constituye una grave fractura democrática, que pone de manifiesto el pobre nivel de desarrollo y madurez de nuestro sistema político, la paraplejía que padece la política partidaria, y la fragilidad de nuestra democracia.
El 743 ha parido un peligroso y confuso vacío de poder y de autoridad. Resulta ahora que hasta un funcionario de segundo nivel, como el director de la Imprenta Nacional, juzga y decide ampararse a un decreto a todas luces inconstitucional tanto en su proceso de formación de ley como en sus contenidos, posteriormente declarado inaplicable por el máximo tribunal constitucional, e inexistente y sin ninguna validez legal si consideramos que lo que sancionó el presidente no es lo mismo que votó la Asamblea.
Resultará entonces que en este vacío de poder, amparándose en el 743, podrán emitirse, por ejemplo, decretos legislativos en contra de la libertad de expresión, a favor de la reelección presidencial, por la creación de un cuarto poder, por cambiar el rol apolítico del ejército, y cuanta otra barbaridad política o jurídica permita y se le ocurra a la aritmética legislativa, sin que haya una justicia constitucional que le ponga freno. ¿A quién va a obedecer la autoridad? ¿Quién comete desacato: los que no hacen lo que manda el máximo tribunal constitucional, o los que no le hacen caso al torcido decreto 743?
Bajo tal contexto, las próximas elecciones no solo podrán ser cuestionables en su credibilidad sino también, y es lo más grave, en su legitimidad. Un retroceso enorme si consideramos que en materia electoral habíamos venido teniendo algunos avances. En efecto, si el decreto 758 promovido por el FMLN sobre la forma de votación, que nuevamente contraviene la resolución de inconstitucionalidad de la sala sobre las listas cerradas, es sancionado favorablemente por el presidente, pero posteriormente declarado inconstitucional por el máximo tribunal constitucional, ¿a quién obedecerá el Tribunal Supremo Electoral? Y si este organiza las elecciones y papeletas de votación acorde al decreto legislativo 758, amparado en el cuestionable decreto 743, entonces ¿qué legitimidad tendrán las elecciones? ¿Qué legitimidad tendrán los diputados/as y alcaldes electos? Estas elecciones serían jurídicamente más cuestionables que las elecciones ocurridas durante la guerra de los ochenta, cuya falta de legitimidad se debía más a la carencia de pluralidad que de legalidad.
De igual manera, otra consecuencia importante a considerar es la peligrosa pérdida de credibilidad y legitimidad del sistema político, ya de por sí demasiado baja en nuestro país según los ranking del Latinobarómetro. Las democracias necesitan de sistemas políticos y partidos sólidos y socialmente legitimados. Cuando esto cae demasiado, se abren peligrosamente los portones al autoritarismo.
Por otro lado, los contubernios políticos, el manoseo constante de las leyes, y ahora este aberrante decreto 743, atentan contra uno de los factores positivos que disponía El Salvador frente a la comunidad internacional: un país ejemplar en su transición hacia la democracia, consagrada por la alternancia gubernamental, con relativa estabilidad institucional y democrática, especialmente si nos comparamos con nuestros vecinos centroamericanos. Ahora ese potencial de liderazgo regional, que nos valió ser uno de los cuatro países en el mundo escogidos por Estados Unidos para participar en la iniciativa “Socios para el Crecimiento”, está en cuestionamiento. Y sin duda este “puterío jurídico y político” tendrá sus efectos sobre las posibilidades de atracción de inversión extranjera.
Ante estas preocupantes consecuencias no queda más que apelar a la sensatez, el diálogo y la reflexión. Así como algunos debemos comprender que al deteriorado y atrofiado sistema digestivo de nuestro sistema político le resulta demasiado difícil poder digerir los bocados de la modernidad democrática, y que por tanto debemos saber administrar adecuadamente las dosis y los tiempos de los cambios, también la clase política debería comprender que no puede seguir atrincherada en el pasado y apertrechada en sus mezquinos y miopes intereses. Ojalá podamos abrirnos a ambos lados en aras de lo que hasta ahora hemos democráticamente construido.
Roberto Rubio-Fabián es Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)-rubiofabian@telesal.net
La solución son las candidaturas independientes.
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