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A un año de la ley anti-inmigrante SB1070 de Arinzona

Ley SB1070 llega a su primer año
Por Pilar Marrero*

Un año exacto después de que entró en vigencia la ley SB1070, mejor conocida como Ley de Arizona, la mayor parte de sus cláusulas siguen bloqueadas por los tribunales, pero su efecto se ha dejado sentir en el resto del país y en las vidas de los inmigrantes y de sus familias.

Los primeros en sentirlo y los más afectados han sido los residentes de Arizona, aunque la medida ha tenido repercusiones más allá de las fronteras de ese estado.

“El ambiente en Arizona se ha vuelto terrible para los inmigrantes. Uno siente que no puede respirar”, comentó telefónicamente Aída Pérez, una colombiana que tiene 15 años viviendo en Phoenix, donde tiene un negocio de catering para fiestas.

Agregó que ella y su familia sintieron en carne propia el efecto que la ley tuvo sobre muchos inmigrantes, que se fueron del estado o simplemente trataron de vivir vidas mucho más discretas.

“Yo sentí el efecto en mi negocio inmediatamente. Como nos dedicamos mucho a fiestas de cumpleaños y quinceañeras, vimos que enseguida había menos trabajo”, apuntó Pérez.

Según un estudio de BBVA Bancomer, 100,000 latinos abandonaron el estado de Arizona en 2010 después de la aprobación de SB1070. El efecto económico de un boicot iniciado por grupos contra esda ley es difícil de cuantificar, aunque los estimados, depende de quién los haga, varían entre 20 y 140 millones de dólares.

Lo cierto es que los líderes empresariales de Arizona están preocupados. El pasado viernes 15 de marzo, 60 ejecutivos de grandes empresas, entre ellos el de US Airways, Cox Communications (cable), Blue Cross-Blue Shield y el Banco Wells Fargo, entre otros, escribieron una urgente carta al autor de la medida y presidente del Senado, Russell Pierce.

La carta estaba destinada a rematar lo que ya se había logrado: división entre los legisladores del estado y la conversión de algunos que antes votaron por la SB1070 pero que este año se negaron a apoyar más medidas antiinmigrantes traídas al pleno por Pierce.

“Los legisladores y ciudadanos de Arizona tienen razón en estar preocupados por la inmigración ilegal”, reza la carta. “Pero debemos reconocer que cuando Arizona emprende sola este camino, hay consecuencias inesperadas… el boicot afectó nuestros negocios y nuestra economía; hasta los negocios con el nombre de Arizona sufrieron los efectos”.

La ley tuvo una consecuencia positiva inmediata en las carreras políticas de dos de sus más sólidos impulsores: el senador Russell Pearce y la gobernadora Jan Brewer se beneficiaron políticamente de la atención nacional.

El legislador es una figura conocida en todo el país, fue electo presidente del Senado y ha rumiado en público sus aspiraciones de un puesto en el Congreso de Estados Unidos.

Brewer fue reelecta a la gubernatura en noviembre del año pasado.
Aparte de lo ocurrido dentro de Arizona, la SB1070 ha traído cola también en el resto del país. Según un reporte publicado hace unos días por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), 31 estados han intentado copiar la ley en sus legislaturas —y algunos por medio de una iniciativa para la boleta—, aunque allí el éxito para los partidarios no ha sido tan rotundo como se esperaba.

De hecho, ninguno de los estados donde se consideraron estas leyes en 2010 aprobó una. En este añó, 11 de los 24 estados que las han considerado las rechazaron.

reve Florida, están implementado leyes similares, aunque en el caso de Utah vino acompañada de otra ley para facilitar permisos laborales a trabajadores inmigrantes y la declaración del gobernador Gary Herbert, de que el gobierno federal debería dar una solución al problema del sistema migratorio.

“Los estados están experimentando graves problemas presupuestarios, así que la perspectiva de implementar costosas leyes de dudosa constitucionalidad, con sus acompañantes luchas legales y pérdida de ingresos, está recibiendo un segundo análisis, más ajustado a los hechos”, dice el estudio de NCLR.

No obstante la reacción en algunos estados, los activistas pro inmigrantes estiman que la presión será más fuerte en 2012, especialmente si en el Congreso hay algún intento de discutir la reforma migratoria y precisamente porque ese año es de elecciones presidenciales.

“Creo que el trabajo que hemos hecho en este tiempo, haciendo coaliciones con grupos económicos y otros grupos minoritarios, está rindiendo sus frutos y creando un ambiente en contra de estas medidas”, dijo Catherine Han Montoya, de la Conferencia de Derechos Humanos y Civiles, una organización con sede en el sur del país. “Si no fuera por esto, creo que 2012 sería un año aún peor para nosotros”.

Mientras tanto, está por verse cuál es el efecto final de la demanda que pende en tribunales contra la ley de Arizona. Es probable, según lo indicado por la gobernadora Brewer, que el caso llegue hasta la Suprema Corte.

Si la Suprema revierte lo dicho por el tribunal de apelaciones, podría verse una proliferación más fuerte de estas leyes. Si, al contrario, se confirma que la mayoría de sus cláusulas son anticonstitucionales, eso daría un golpe mortal a estos esfuerzos.

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