Funes lima asperezas con los empresarios salvadoreños
Funes dio a los empresarios el discurso que estos querían oír
Por Rodrigo Baires Quezada
El anuncio de la pronta presentación de la ley de concesión del Puerto de La Unión y la promesa de no sorprender con nuevos impuestos arrancaron aplausos a los empresarios que en 2011 han enfrentado abiertamente al gobernante.
El presidente de la República, Mauricio Funes, llegó a limar asperezas, a aplacar las voces de reclamo que durante los últimos meses han salido desde el gremio de empresarios a tal punto de considerar que el gobernante tiene una agenda oculta. La palabra diálogo sonó 10 veces durante su discurso, pero se percibía un interés en demostrar que verdaderamente toma en cuenta al sector.
Su tono no era conciliador sino, más bien, el de quien quiere persuadir de que está haciendo algo bueno y no se le reconoce públicamente. Aseguró que no tiene en preparación un paquete de impuestos que pretende impulsar inconsultamente y anunció la pronta concesión del puerto de La Unión, una medida que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) viene exigiendo desde hace meses. Y lo hizo en el terreno de los empresarios, durante su participación en el XI Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade).
El encuentro empresarial parecía ser el lugar propicio para cerrar de tajo los dimes y diretes entre el Ejecutivo y los empresarios que han rondado la discusión del pacto fiscal y su estudio en el Consejo Económico y Social (CES) durante los primeros meses de este año.
Funes llegó decidido a mandar un mensaje directo a los empresarios: su gobierno apuesta por apoyar al empresariado, a tomarlo en cuenta en los planes de desarrollo del país. Primero, tras escuchar el discurso de Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP, recalcó que su gobierno no ha adelantado ningún paquete de reformas tributarias. Al menos, no tiene nada concreto todavía.
Durante su discurso, Araujo Eserski fue directo al grano: “Nos gustan (a los empresarios) los gobiernos con agendas sociales, lo que no nos gustan son los gobiernos con agendas escondidas”. Sus palabras hacían referencia a la sensación generalizada entre el empresariado de que el Ejecutivo mantiene una agenda paralela en la que ya se tiene dispuestos al menos dos nuevos impuestos y cambios en un tercero: un predial, a favor de las municipalidades, otro al gran capital para ser utilizado en seguridad pública y cambios en el impuesto a la renta.
Y Funes retomó las palabras del presidente del gremio. Desde el podio, Funes vio hacia los asistentes y dijo: “Déjenme decirles una vez más, déjenme insistir una vez más, que no tengo ningún proyecto de aumento de impuestos en mi escritorio. No lo tengo, ni lo he pedido a ningún funcionario.”
La frase del primer mandatario hizo estallar los aplausos de los empresarios. Nadie parecía recordar de lo que dijo Funes el 1 de marzo pasado, tras inaugurar una delegación policial en Lourdes, Colón, cuando reconoció que le había pedido a su equipo de Hacienda hacer una propuesta para ser discutida en su momento en el CES. De eso, ninguna palabra. Como tampoco se hizo referencia a la carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se establecen metas de crecimiento y reducciones en el déficit fiscal que implicarán, según el mismo protocolo de metodología propuesto por el Ejecutivo, una discusión sobre la base impositiva. Nadie pareció recordar, tampoco, las palabras de Funes a inicios de noviembre pasado, cuando anunció que había encargado a su ministro de Hacienda un estudio para crear un impuesto al gran capital para destinarlo a la seguridad pública.
Aun así, Funes aseguró que la cuestión impositiva es un “aspecto que es importante pero secundario en orden de interés”. Que antes de ello, tal como se acordó en la metodología propuesta por el Ejecutivo al CES, se busca alcanzar acuerdos sobre el tratamiento del gasto público, la transparencia en los actos del Estado, el modelo de gestión de la cosa pública y la apuesta productiva que tiene que hacer el país.
“A mí tampoco, como a la ANEP, señor presidente, me gustan los gobiernos con agendas escondidas, pero no solo los gobiernos, tampoco los partidos, tampoco los sindicatos, tampoco las gremiales con doble agenda o con doble estándar”, sostuvo Funes y remarcó que estaba lejos de llevar al parlamento un paquete tributario. “No hay ni habrá paquetes impositivos –y menos paquetazos (…)- mientras el pacto fiscal en su conjunto no sea tratado y acordado en el seno del CES”, aseguró.
Y después de defenderse, Funes habló de leyes a favor de la empresa privada, ya sea esta la micro, pequeña, mediana o grande. El punto de partida fue la ley de concesión del puerto de La Unión, una normativa que está casi lista. Durante las últimas semanas, un borrador elaborado por consultores externos del Banco Mundial ha sido discutido por miembros de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), Proesa y las secretarías jurídica y técnica de la presidencia. El presidente prometió que “tan pronto se termine su revisión jurídica”, entre el viernes y el lunes próximo, este llegaría a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.
Tres semanas atrás, Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP, recalcaba en una entrevista con El Faro la importancia de la concesión del puerto como una forma de bajar los gastos que el Estado tiene en la actualidad. Este tipo de medidas se tenían que dar antes de andar pensando en crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, dijo.
Y el presidente le tomó la palabra. Ahí, frente a los empresarios, anunció que el modelo de concesión del puerto sería el “landlord”, el mismo que propuso Proesa en 2008 y que el entonces presidente Antonio Saca desechó sin mayores argumentos. Según explicó Funes, bajo esta modalidad “el Estado mantiene el control y la propiedad de los activos pero delega la responsabilidad a un operador privado para que desarrolle el negocio por su propia cuenta y riesgo en un 100%”.
Este modelo ya es el que el FMLN se negó a apoyar cuando fue propuesto por el gobierno de Saca, porque el partido de izquierdas alegó que solo respaldaría una ley en al que el Estado tuviera el control accionario en el manejo del puerto.
La concesión sería solo de la fase 1 del puerto, correspondiente al frente de atraque, dejando el resto de las instalaciones –entre ellas el parqueo de contenedores, por ejemplo, en manos de CEPA y esta podría concesionarse de forma independiente en el futuro. Incluso, aseguró el primer mandatario, ya se tiene ofertas para ello de algunos inversionistas extranjeros.
“Este modelo es atractivo para operadores estratégicos que desarrollan su negocio con visión de mercado y contribuye, además a mejorar el clima de inversiones en país”, sostuvo Funes y se ganó los aplausos de los empresarios.
Aún con la aprobación de la nueva normativa, esta estaría necesariamente emparejada a otro anteproyecto de ley propuesto por el primer mandatario: La ley de Asocios Público Privados que, según aseguró Funes, “está en su etapa de redacción final para ser presentado al Consejo Económico Social en aproximadamente dos semanas y posteriormente elevada también a la consideración de los legisladores”.
Si el anteproyecto logra el visto bueno de los partidos políticos y una pronta aprobación en la Asamblea Legislativa, el proceso de concesión puede tardar todavía entre nueve y 18 meses para otorgar un contrato definitivo a la empresa encargada de explotar el puerto. De este largo proceso, Funes no dijo una palabra.
De lo que sí habló el presidente fue de dar una nueva herramienta financiera para aumentar la inversión privada en el país. Según dijo Funes, su gobierno creará el Sistema Nacional Financiero de Fomento, que incluye tres proyectos de financiamiento complementario al que ya hace la banca privada. “El primero de ellos es el que crea el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador, que contará con un capital de 202 millones de dólares y un apalancamiento de ocho veces ese monto”, anunció.
El segundo proyecto es el Fondo de Desarrollo Económico, que contará con 65 millones de dólares y una capacidad de financiamiento de hasta 520 millones de dólares; y Fondo Salvadoreño de Garantías, con un capital inicial de 20 millones, destinado a facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Este viernes, el CES entregará su dictamen sobre este ambicioso proyecto y a partir de allí se harán las revisiones pertinentes”, sostuvo.
Fuente. El Faro.net
Por Rodrigo Baires Quezada
El anuncio de la pronta presentación de la ley de concesión del Puerto de La Unión y la promesa de no sorprender con nuevos impuestos arrancaron aplausos a los empresarios que en 2011 han enfrentado abiertamente al gobernante.
El presidente de la República, Mauricio Funes, llegó a limar asperezas, a aplacar las voces de reclamo que durante los últimos meses han salido desde el gremio de empresarios a tal punto de considerar que el gobernante tiene una agenda oculta. La palabra diálogo sonó 10 veces durante su discurso, pero se percibía un interés en demostrar que verdaderamente toma en cuenta al sector.
Su tono no era conciliador sino, más bien, el de quien quiere persuadir de que está haciendo algo bueno y no se le reconoce públicamente. Aseguró que no tiene en preparación un paquete de impuestos que pretende impulsar inconsultamente y anunció la pronta concesión del puerto de La Unión, una medida que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) viene exigiendo desde hace meses. Y lo hizo en el terreno de los empresarios, durante su participación en el XI Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade).
El encuentro empresarial parecía ser el lugar propicio para cerrar de tajo los dimes y diretes entre el Ejecutivo y los empresarios que han rondado la discusión del pacto fiscal y su estudio en el Consejo Económico y Social (CES) durante los primeros meses de este año.
Funes llegó decidido a mandar un mensaje directo a los empresarios: su gobierno apuesta por apoyar al empresariado, a tomarlo en cuenta en los planes de desarrollo del país. Primero, tras escuchar el discurso de Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP, recalcó que su gobierno no ha adelantado ningún paquete de reformas tributarias. Al menos, no tiene nada concreto todavía.
Durante su discurso, Araujo Eserski fue directo al grano: “Nos gustan (a los empresarios) los gobiernos con agendas sociales, lo que no nos gustan son los gobiernos con agendas escondidas”. Sus palabras hacían referencia a la sensación generalizada entre el empresariado de que el Ejecutivo mantiene una agenda paralela en la que ya se tiene dispuestos al menos dos nuevos impuestos y cambios en un tercero: un predial, a favor de las municipalidades, otro al gran capital para ser utilizado en seguridad pública y cambios en el impuesto a la renta.
Y Funes retomó las palabras del presidente del gremio. Desde el podio, Funes vio hacia los asistentes y dijo: “Déjenme decirles una vez más, déjenme insistir una vez más, que no tengo ningún proyecto de aumento de impuestos en mi escritorio. No lo tengo, ni lo he pedido a ningún funcionario.”
La frase del primer mandatario hizo estallar los aplausos de los empresarios. Nadie parecía recordar de lo que dijo Funes el 1 de marzo pasado, tras inaugurar una delegación policial en Lourdes, Colón, cuando reconoció que le había pedido a su equipo de Hacienda hacer una propuesta para ser discutida en su momento en el CES. De eso, ninguna palabra. Como tampoco se hizo referencia a la carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se establecen metas de crecimiento y reducciones en el déficit fiscal que implicarán, según el mismo protocolo de metodología propuesto por el Ejecutivo, una discusión sobre la base impositiva. Nadie pareció recordar, tampoco, las palabras de Funes a inicios de noviembre pasado, cuando anunció que había encargado a su ministro de Hacienda un estudio para crear un impuesto al gran capital para destinarlo a la seguridad pública.
Aun así, Funes aseguró que la cuestión impositiva es un “aspecto que es importante pero secundario en orden de interés”. Que antes de ello, tal como se acordó en la metodología propuesta por el Ejecutivo al CES, se busca alcanzar acuerdos sobre el tratamiento del gasto público, la transparencia en los actos del Estado, el modelo de gestión de la cosa pública y la apuesta productiva que tiene que hacer el país.
“A mí tampoco, como a la ANEP, señor presidente, me gustan los gobiernos con agendas escondidas, pero no solo los gobiernos, tampoco los partidos, tampoco los sindicatos, tampoco las gremiales con doble agenda o con doble estándar”, sostuvo Funes y remarcó que estaba lejos de llevar al parlamento un paquete tributario. “No hay ni habrá paquetes impositivos –y menos paquetazos (…)- mientras el pacto fiscal en su conjunto no sea tratado y acordado en el seno del CES”, aseguró.
Y después de defenderse, Funes habló de leyes a favor de la empresa privada, ya sea esta la micro, pequeña, mediana o grande. El punto de partida fue la ley de concesión del puerto de La Unión, una normativa que está casi lista. Durante las últimas semanas, un borrador elaborado por consultores externos del Banco Mundial ha sido discutido por miembros de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), Proesa y las secretarías jurídica y técnica de la presidencia. El presidente prometió que “tan pronto se termine su revisión jurídica”, entre el viernes y el lunes próximo, este llegaría a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.Tres semanas atrás, Carlos Araujo Eserski, presidente de la ANEP, recalcaba en una entrevista con El Faro la importancia de la concesión del puerto como una forma de bajar los gastos que el Estado tiene en la actualidad. Este tipo de medidas se tenían que dar antes de andar pensando en crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, dijo.
Y el presidente le tomó la palabra. Ahí, frente a los empresarios, anunció que el modelo de concesión del puerto sería el “landlord”, el mismo que propuso Proesa en 2008 y que el entonces presidente Antonio Saca desechó sin mayores argumentos. Según explicó Funes, bajo esta modalidad “el Estado mantiene el control y la propiedad de los activos pero delega la responsabilidad a un operador privado para que desarrolle el negocio por su propia cuenta y riesgo en un 100%”.
Este modelo ya es el que el FMLN se negó a apoyar cuando fue propuesto por el gobierno de Saca, porque el partido de izquierdas alegó que solo respaldaría una ley en al que el Estado tuviera el control accionario en el manejo del puerto.
La concesión sería solo de la fase 1 del puerto, correspondiente al frente de atraque, dejando el resto de las instalaciones –entre ellas el parqueo de contenedores, por ejemplo, en manos de CEPA y esta podría concesionarse de forma independiente en el futuro. Incluso, aseguró el primer mandatario, ya se tiene ofertas para ello de algunos inversionistas extranjeros.
“Este modelo es atractivo para operadores estratégicos que desarrollan su negocio con visión de mercado y contribuye, además a mejorar el clima de inversiones en país”, sostuvo Funes y se ganó los aplausos de los empresarios.
Aún con la aprobación de la nueva normativa, esta estaría necesariamente emparejada a otro anteproyecto de ley propuesto por el primer mandatario: La ley de Asocios Público Privados que, según aseguró Funes, “está en su etapa de redacción final para ser presentado al Consejo Económico Social en aproximadamente dos semanas y posteriormente elevada también a la consideración de los legisladores”.
Si el anteproyecto logra el visto bueno de los partidos políticos y una pronta aprobación en la Asamblea Legislativa, el proceso de concesión puede tardar todavía entre nueve y 18 meses para otorgar un contrato definitivo a la empresa encargada de explotar el puerto. De este largo proceso, Funes no dijo una palabra.
De lo que sí habló el presidente fue de dar una nueva herramienta financiera para aumentar la inversión privada en el país. Según dijo Funes, su gobierno creará el Sistema Nacional Financiero de Fomento, que incluye tres proyectos de financiamiento complementario al que ya hace la banca privada. “El primero de ellos es el que crea el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador, que contará con un capital de 202 millones de dólares y un apalancamiento de ocho veces ese monto”, anunció.
El segundo proyecto es el Fondo de Desarrollo Económico, que contará con 65 millones de dólares y una capacidad de financiamiento de hasta 520 millones de dólares; y Fondo Salvadoreño de Garantías, con un capital inicial de 20 millones, destinado a facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Este viernes, el CES entregará su dictamen sobre este ambicioso proyecto y a partir de allí se harán las revisiones pertinentes”, sostuvo.
Fuente. El Faro.net
Comentarios
No comments :
Gracias por participar en SPMNEWS de Salvadoreños por el Mundo