Justicia en El Salvador, Una puerta abierta a la esperanza
Una puerta abierta a la esperanza
POR HENAR DÍAZ
VALLADOLID. «Sólo queremos que se reconozca que lo que allí se cometió fue un asesinato y nos pidan perdón». Quien habla es Catalina, hermana de Segundo Montes, uno de los jesuitas vallisoletanos asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador junto a otros cinco religiosos -los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón López y el salvadoreño Joaquín López- , la cocinera de la residencia donde vivían, Julia Ramos, y su hija Celia. Han pasado 20 años de la brutal masacre, atribuida a miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño y la investigación sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche parece dar sus primeros pasos.
Fue el 13 de noviembre de 2008 cuando la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco, interponían una querella para esclarecer la verdad de este caso que, dos meses después, admitía a trámite la Audiencia Nacional, poniendo la investigación en manos del juez Eloy Velasco. Se abría así un resquicio a la esperanza después de que familiares de los fallecidos y la propia Universidad Centroamericana viesen frustrados, año tras año, y tribunal tras tribunal, todos los intentos de llevar el caso ante la Justicia salvadoreña, que fue frenando todos los procesos abiertos contra los autores intelectuales de la matanza.
En el juicio que se celebró en septiembre de 1991 en El Salvador sólo dos de los catorce militares encausados fueron condenados: el coronel Guillermo Benavides y el teniente Jussy Mendoza; pero sólo durante ocho meses, ya que en marzo de 1992 quedaban en libertad tras la aprobación por parte del Gobierno de una Ley de Amnistía.
Por ello, Catalina Montes califica este proceso de toda una «farsa», donde «sólo se condenó a los de abajo». Ahora, en cambio se muestra más esperanzada. Acaban de salir a la luz unos documentos según los cuales el Departamento de Estado Norteamericano, la CIA, y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, por entonces rector de la Universidad Centroamericana, estaba en peligro, ya que el Ejército salvadoreño tenía pensado atentar contra su persona. Una prueba que, para la hermana de Segundo Montes, no es tan novedosa, ya que está convencida que tanto el Gobierno norteamericano como el español conocían lo que allí estaba pasando.
Estos documentos desclasificados se han entregado ya al juez Velasco, cuya investigación describía hace unos días a ABC la propia Catalina: «Está en un periodo crítico», ya que actualmente se está tomando declaración a los distintos testimonios.
Primeras comparecencias
Esta misma semana comparecieron como testigos ante el magistrado la profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, Terry Karl. También lo hacía el juez y el fiscal que instruyeron el caso en El Salvador y la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle. No obstante, no será hasta el próximo mes de febrero, según fuentes jurídicas recogidas por Efe, cuando el juez tomará declaración a los 14 militares salvadoreños imputados en la causa. Doce de ellos ya han sido localizados y se sabe que residen en El Salvador, mientras que de los otros dos se desconoce su paradero.
El magistrado español acordó no investigar al ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, contra el que también se dirigía la querella. «Lo ideal sería acabar en el banquillo con algunos de los responsables de la masacre, aunque es difícil», decía hace unos días en una conferencia celebrada en la Universidad de Salamanca la abogada Almudena Bernabeu, portavoz de la ONG que ha interpuesto la querella basándose en el Principio de Justicia Universal -que permite investigar delitos fuera de España cuando tengan una clara conexión con el país-.
Sin embargo, Catalina Montes ve muy difícil que se procese a los autores intelectuales de la matanza, y si algún día son condenados -dice- «lo serán fuera de su país». «Yo creo que en El Salvador van a salir siempre impunes, aunque quizá con este proceso se les cierren otras puertas», añade con cierta confianza.
POR HENAR DÍAZ
VALLADOLID. «Sólo queremos que se reconozca que lo que allí se cometió fue un asesinato y nos pidan perdón». Quien habla es Catalina, hermana de Segundo Montes, uno de los jesuitas vallisoletanos asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador junto a otros cinco religiosos -los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón López y el salvadoreño Joaquín López- , la cocinera de la residencia donde vivían, Julia Ramos, y su hija Celia. Han pasado 20 años de la brutal masacre, atribuida a miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño y la investigación sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche parece dar sus primeros pasos.
Fue el 13 de noviembre de 2008 cuando la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco, interponían una querella para esclarecer la verdad de este caso que, dos meses después, admitía a trámite la Audiencia Nacional, poniendo la investigación en manos del juez Eloy Velasco. Se abría así un resquicio a la esperanza después de que familiares de los fallecidos y la propia Universidad Centroamericana viesen frustrados, año tras año, y tribunal tras tribunal, todos los intentos de llevar el caso ante la Justicia salvadoreña, que fue frenando todos los procesos abiertos contra los autores intelectuales de la matanza.
En el juicio que se celebró en septiembre de 1991 en El Salvador sólo dos de los catorce militares encausados fueron condenados: el coronel Guillermo Benavides y el teniente Jussy Mendoza; pero sólo durante ocho meses, ya que en marzo de 1992 quedaban en libertad tras la aprobación por parte del Gobierno de una Ley de Amnistía.
Por ello, Catalina Montes califica este proceso de toda una «farsa», donde «sólo se condenó a los de abajo». Ahora, en cambio se muestra más esperanzada. Acaban de salir a la luz unos documentos según los cuales el Departamento de Estado Norteamericano, la CIA, y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, por entonces rector de la Universidad Centroamericana, estaba en peligro, ya que el Ejército salvadoreño tenía pensado atentar contra su persona. Una prueba que, para la hermana de Segundo Montes, no es tan novedosa, ya que está convencida que tanto el Gobierno norteamericano como el español conocían lo que allí estaba pasando.
Estos documentos desclasificados se han entregado ya al juez Velasco, cuya investigación describía hace unos días a ABC la propia Catalina: «Está en un periodo crítico», ya que actualmente se está tomando declaración a los distintos testimonios.
Primeras comparecencias
Esta misma semana comparecieron como testigos ante el magistrado la profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, Terry Karl. También lo hacía el juez y el fiscal que instruyeron el caso en El Salvador y la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle. No obstante, no será hasta el próximo mes de febrero, según fuentes jurídicas recogidas por Efe, cuando el juez tomará declaración a los 14 militares salvadoreños imputados en la causa. Doce de ellos ya han sido localizados y se sabe que residen en El Salvador, mientras que de los otros dos se desconoce su paradero.
El magistrado español acordó no investigar al ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, contra el que también se dirigía la querella. «Lo ideal sería acabar en el banquillo con algunos de los responsables de la masacre, aunque es difícil», decía hace unos días en una conferencia celebrada en la Universidad de Salamanca la abogada Almudena Bernabeu, portavoz de la ONG que ha interpuesto la querella basándose en el Principio de Justicia Universal -que permite investigar delitos fuera de España cuando tengan una clara conexión con el país-.
Sin embargo, Catalina Montes ve muy difícil que se procese a los autores intelectuales de la matanza, y si algún día son condenados -dice- «lo serán fuera de su país». «Yo creo que en El Salvador van a salir siempre impunes, aunque quizá con este proceso se les cierren otras puertas», añade con cierta confianza.
Tanto Catalina como Alicia Martín Baró -hermana de otro de los jesuitas asesinados, también de origen vallisoletano, y en cuyo nombre se ha interpuesto la querella- creen que todavía hay muchas «trabas» para que se haga justicia. «Ojalá sea así para que los asesinos no queden impunes», dicen. Ha pasado tanto tiempo desde aquella barbarie que se llevó a sus hermanos que ahora, más que metan en la cárcel a los culpables, lo que piden es que se reconozca que aquella noche horrible se cometió un asesinato y que, por ello, los responsables lo lamenten y pidan perdón.
Cambio en el Gobierno
Aunque el Gobierno salvadoreño, presidido actualmente por Mauricio Funes, todavía no ha reconocido estos hechos como crímenes de guerra, tanto Catalina como Alicia coinciden en señalar que se ha visto en él «un pequeño cambio de actitud». Prueba de ello es el homenaje póstumo que se ha rendido a los seis sacerdotes jesuitas, a cuyos familiares se entregó hace unos días la Orden José Matías Delgado en grado de Gran Cruz de Placa de Oro, el máximo reconocimiento que este Estado le confiere a destacadas personalidades.
Testigo más directo del cambio que está viviendo este país centroamericano desde su guerra civil es la propia Catalina, quien, año tras año, acude a este país para comprobar in situ la evolución del legado dejado por su hermano, el Proyecto de Acompañamiento al Desarrollo de la Comunidad de Repatriados, víctimas de la guerra salvadoreña, que lleva el nombre de Segundo Montes, y que está situada en el Departamento de Morazán, perteneciendo a los ayuntamientos de Meanguera y Joaitique.
Fuente: ABC 29/11/2009
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Caso Alfredo Cristiani
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