Democracia y derechos humanos. Los casos de El Salvador y México

Juan Federico Arriola*

San Salvador. A invitación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, hago una breve visita académica de investigación sobre derechos humanos y criminología.

El Salvador es un país que ha salido de una terrible guerra civil, de una represión sistemática, en la que fallecieron decenas de miles de personas y no sólo salvadoreños,
también extranjeros. Además, muchos salvadoreños por razones económicas y políticas se vieron obligados a emigrar y hoy una de las fuentes principales de ingreso son las remesas -igual ocurre en México- que envían muchos salvadoreños a sus familias.

La amenaza de la estabilidad política en El Salvador es la delincuencia. El Gobierno y la
Asamblea Nacional lo saben y enfocan sus esfuerzos en atacar el fenómeno delictivo. Su plataforma de despegue es su reciente democracia que ya experimentó alternancia en el poder. Los salvadoreños saben muy bien que el fortalecimiento de su democracia pasa por la generación de empleos y una mejor educación, en otras palabras, no puede haber un claro desarrollo social sin respeto a los derechos humanos.

México va en sentido contrario a El Salvador. Los factores reales de poder y algunos partidos políticos y dirigentes van a romper la liga social. La democracia mexicana no podrá resistir más los embates de la oligarquía inserta en algunas empresas y sindicatos y que encuentran protección en sitios oficiales.

Las últimas elecciones mexicanas dejan varias lecciones: hay un creciente desinterés ciudadano por la política y los partidos. El Partido Revolucionario Institucional se fortalece, pero eso no significa su democratización interna ni su limpieza en temas de corrupción donde políticos prominentes de ese partido no están presos, sino que disfrutan de una amplia impunidad. Muchos votantes castigaron al Partido Acción Nacional y al gobierno de Calderón, porque no ha cumplido con sus promesas de campaña: hay más desempleo y más inseguridad pública en todos los niveles.

El gobierno de Calderón presume tener los mejores números: mayor decomiso de armas y dinero proveniente del narcotráfico, pero no dice cuánto ha subido el nivel de violencia traducido en miles de muertos al año y el grave deterioro de los derechos humanos.

¿México va hacia una guerra civil? Nadie lo desea y tampoco lo augura, pero los tejidos sociales en México están cada vez más dañados. La delincuencia organizada, el egoísmo y la insatisfacción de los factores reales de poder y la torpeza gubernamental y de los actores políticos en el Congreso Federal y los partidos nos acercan a un escenario de violencia mayúscula, quizá no como en El Salvador, pero finalmente violencia con cualquier pretexto: protesta pos electoral, falta de empleos, mayor inseguridad e impunidad que cada vez es más evidente a pesar de los discursos oficialistas que no tienen correspondencia con la realidad.

Juan Federico Arriola es Profesor Investigador del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor en Derecho y Maestro en Filosofía.

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