El tiempo se acaba para la niña Katya Miranda
Fiscalía pide amparo a Corte Suprema para reabrir caso Katya
La Fiscalía presentó este viernes un recurso ante el máximo tribunal, con el propósito de revivir la acusación contra Carlos Miranda por el asesinato y la violación de su nieta Katya Miranda, hechos por los que fue sobreseído en 2001.
Por Daniel Valencia
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En el último día hábil para acusar a alguien por el asesinato y violación de la niña Katya Miranda, la Fiscalía General pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia que revierta el fallo de dos tribunales inferiores, gracias a los cuales los acusados de los crímenes fueron sobreseídos.
Si la Corte admite el recurso de amparo, según planteó el fiscal general, Félix Garrid Safie, se detendría el término de 10 años que la ley establece como margen para que se entable acusación ante algún tribunal por la muerte y violación de la menor.
Para que eso suceda, sin embargo, el máximo tribunal primero debería admitir la demanda de amparo y después debería determinarse si la sola admisión del recurso efectivamente detiene el conteo.
La Fiscalía argumenta su petición diciendo que hace ocho años, la jueza de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, no fundamentó la resolución con la cual dejó en libertad a Carlos Miranda (abuelo de Katya, acusado de homicidio y violación), a Edwin Miranda (el padre, acusado de abandono) y los mozos Juan Francisco Ramos y Luis Alonso López (acusados ambos de encubrimiento). En ese caso, le quedaba el recurso de apelación ante el tribunal inmediato superior, que era la Cámara de la Tercera Sección del Centro, de San Vicente, y al parecer eso no se hizo nunca.
Katya fue asesinada y violada la madrugada del 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, y casi desde entonces la madre de la víctima, Hilda María Jiménez, emprendió una lucha contra el sistema, que se caracterizó por una serie de actuaciones irregulares de instituciones del Estado que llevaron a Jiménez a hablar de una conspiración para proteger a los responsables.
Esos responsables, según ella, eran el abuelo, un abogado, y el padre de la niña, Edwin Miranda, que era parte del batallón presidencial encargado de la custodia del entonces presidente Armando Calderón Sol.
Entre las irregularidades o displicencias atribuibles a la Policía y a la Fiscalía están que se permitiera la contaminación de la escena del crimen, que se permitiera a los parientes y acusados llevarse evidencias del lugar del asesinato, que la Fiscalía montara una relampagueante e infundada acusación de asesinato y violación contra el abuelo Carlos Miranda, y de abandono contra el papá Edwin Miranda.
El juzgado de instrucción de San Luis Talpa dio en octubre de 2000 un año a la Fiscalía para que sustentara sus imputaciones. La Fiscalía no presentó nada y en octubre de 2001 la jueza resolvió que las acusaciones no se sostenían y dictó sobreseimiento.
Hoy Safie y su equipo argumentan que el ministerio público no pudo apelar la resolución ante el tribunal competente superior (la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente) porque no tenían los argumentos suficientes (las razones del fallo otorgado por la jueza de instrucción) para realizar dicho proceso. La Fiscalía también plantea que se impugna el aval que el tribunal superior dio al fallo otorgado por el de San Luis Talpa porque violentó los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y justicia al no permitir que la resolución fuera revisada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía entonces plantea que se irrespetó el derecho de legalidad y que se violaron principios constitucionales con la decisión de dos tribunales inferiores, sin dejar abierta la posibilidad para apelar a una tercera instancia.
Según explicó Safie, hay al menos cinco precedentes en donde está referido que como la ley no prevé una revisión de la Sala de lo Penal de la Corte, estos sí han sido del conocimiento de la Sala de lo Constitucional.
Al revisar en la Sala de lo Constitucional, en efecto esta tiene al menos un caso en el que determinó que la Fiscalía puede presentar amparos. Se trata de una sentencia del 4 de enero de 2001, en la lcual la Fiscalía reclamaba por actos procesales.
La última estrategia
Hace dos semanas, la Fiscalía capturó de nuevo al abuelo de la menor, Carlos Miranda y a otros seis hombres –incluidos los dos mozos- acusándolos de secuestro agravado. A un tío político de la menor, Walter Badía, le imputa haber intentado asesinar a un testigo del juicio por homicidio que ahora es acusado de ser cómplice del secuestro. Este caso se ventilará dentro de cuatro meses.
El jueves 2 de abril, la jueza segunda de instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán –a quien le fue entregado el caso tras la resolución a favor de la acusación otorgada por el juzgado de paz de la misma localidad- se excusó de conocer el caso argumentando que se sentía agraviada por las declaraciones que en su contra estaban pronunciando la Fiscalía y la madre de la víctima. La decisión sobre el paradero en donde se ventilará este caso por secuestro está en manos de la Cámara de la Tercera Sección del Centro, de San Vicente, la otra instancia inferior señalada ahora por la Fiscalía.
Safie explicó que este recurso de amparo era parte de la estrategia que la Fiscalía vino construyendo en el último año para el caso de Katya Miranda. Según él, el primer paso era ordenar las capturas por secuestro agravado, abrir una nueva acusación por la violación de otra nieta en contra de Carlos Miranda, acusar a un tío político de la menor por homicidio agravado en grado de tentativa contra un testigo del juicio, y ahora el recurso de amparo para reabrir el caso por homicidio y violación.
Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), consultado al respecto, dijo que él desconocía esta nueva táctica de la Fiscalía y que le ha parecido “una grata sorpresa”.
El IDHUCA ha planteado que viene trabajando de la mano con la Fiscalía desde hace siete meses, pero Cuéllar insiste en que no se esperaban este proceso. “Hoy por la mañana fuimos informados por el fiscal de este nuevo procedimiento. Creemos que es un paso importante porque a través de esa demanda de amparo se deja la puerta abierta para que exista un resquicio para enfrentar el caso de la violación y la muerte de Katy. Además, está sentando un precedente importante en el sentido de que la Fiscalía demanda un amparo en defensa de los intereses de la sociedad”.
Según Cuéllar, este amparo, de ser aceptado, permitiría que se otorgue el plazo de un año para que se ventile, de nuevo, el caso por el homicidio y la violación.
Henry Campos, director del Centro de Estudios Jurídicos -y candidato a Fiscal General, que se definirá a finales de este mes en la Asamblea Legislativa-, plantea que siempre y cuando la Fiscalía haya agotado todos los recursos jurídicos es procedente la presentación de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
“Lo primero que hay que ver es si hubo una apelación ante la cámara. Si la vía ordinaria se agotó es procedente este recurso”, dice Campos.
Él, sin embargo, plantea que todavía está en juego la viabilidad de que la Fiscalía como institución sea la que pida un amparo ante el máximo ente de justicia. “La ley establece que son personas privadas ya sean personas físicas o personas jurídicas las que piden amparo por alguna violación a sus derechos constitucionales. Y ahorita estamos en un escenario en donde una institución del Estado ha recibido perjuicios por actos del propio Estado. Por jurisprudencia tendrá la Sala que evaluar si la Fiscalía es sujeto que puede presentar amparo”, dice Campos.
Sobre la prescripción del caso de homicidio y violación de Katya Miranda –al que ahora el fiscal se refiere como caso reabierto- Campos plantea que también queda en manos de la interpretación que haga la misma Sala. “El Código Procesal Penal dice que por cualquier otra causal legal el término de la prescripción puede suspenderse. Habría que ver si solo por poner el recurso se detiene la prescripción o si habrá que esperar la pronunciación de la sala”, dice.
Fuente El Faro.Net 4/4/2009
La Fiscalía presentó este viernes un recurso ante el máximo tribunal, con el propósito de revivir la acusación contra Carlos Miranda por el asesinato y la violación de su nieta Katya Miranda, hechos por los que fue sobreseído en 2001.
Por Daniel Valencia
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En el último día hábil para acusar a alguien por el asesinato y violación de la niña Katya Miranda, la Fiscalía General pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia que revierta el fallo de dos tribunales inferiores, gracias a los cuales los acusados de los crímenes fueron sobreseídos.
Si la Corte admite el recurso de amparo, según planteó el fiscal general, Félix Garrid Safie, se detendría el término de 10 años que la ley establece como margen para que se entable acusación ante algún tribunal por la muerte y violación de la menor.
Para que eso suceda, sin embargo, el máximo tribunal primero debería admitir la demanda de amparo y después debería determinarse si la sola admisión del recurso efectivamente detiene el conteo.
La Fiscalía argumenta su petición diciendo que hace ocho años, la jueza de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, no fundamentó la resolución con la cual dejó en libertad a Carlos Miranda (abuelo de Katya, acusado de homicidio y violación), a Edwin Miranda (el padre, acusado de abandono) y los mozos Juan Francisco Ramos y Luis Alonso López (acusados ambos de encubrimiento). En ese caso, le quedaba el recurso de apelación ante el tribunal inmediato superior, que era la Cámara de la Tercera Sección del Centro, de San Vicente, y al parecer eso no se hizo nunca.
Katya fue asesinada y violada la madrugada del 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, y casi desde entonces la madre de la víctima, Hilda María Jiménez, emprendió una lucha contra el sistema, que se caracterizó por una serie de actuaciones irregulares de instituciones del Estado que llevaron a Jiménez a hablar de una conspiración para proteger a los responsables.
Esos responsables, según ella, eran el abuelo, un abogado, y el padre de la niña, Edwin Miranda, que era parte del batallón presidencial encargado de la custodia del entonces presidente Armando Calderón Sol.
Entre las irregularidades o displicencias atribuibles a la Policía y a la Fiscalía están que se permitiera la contaminación de la escena del crimen, que se permitiera a los parientes y acusados llevarse evidencias del lugar del asesinato, que la Fiscalía montara una relampagueante e infundada acusación de asesinato y violación contra el abuelo Carlos Miranda, y de abandono contra el papá Edwin Miranda.
El juzgado de instrucción de San Luis Talpa dio en octubre de 2000 un año a la Fiscalía para que sustentara sus imputaciones. La Fiscalía no presentó nada y en octubre de 2001 la jueza resolvió que las acusaciones no se sostenían y dictó sobreseimiento.
Hoy Safie y su equipo argumentan que el ministerio público no pudo apelar la resolución ante el tribunal competente superior (la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente) porque no tenían los argumentos suficientes (las razones del fallo otorgado por la jueza de instrucción) para realizar dicho proceso. La Fiscalía también plantea que se impugna el aval que el tribunal superior dio al fallo otorgado por el de San Luis Talpa porque violentó los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y justicia al no permitir que la resolución fuera revisada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía entonces plantea que se irrespetó el derecho de legalidad y que se violaron principios constitucionales con la decisión de dos tribunales inferiores, sin dejar abierta la posibilidad para apelar a una tercera instancia.
Según explicó Safie, hay al menos cinco precedentes en donde está referido que como la ley no prevé una revisión de la Sala de lo Penal de la Corte, estos sí han sido del conocimiento de la Sala de lo Constitucional.
Al revisar en la Sala de lo Constitucional, en efecto esta tiene al menos un caso en el que determinó que la Fiscalía puede presentar amparos. Se trata de una sentencia del 4 de enero de 2001, en la lcual la Fiscalía reclamaba por actos procesales.
La última estrategia
Hace dos semanas, la Fiscalía capturó de nuevo al abuelo de la menor, Carlos Miranda y a otros seis hombres –incluidos los dos mozos- acusándolos de secuestro agravado. A un tío político de la menor, Walter Badía, le imputa haber intentado asesinar a un testigo del juicio por homicidio que ahora es acusado de ser cómplice del secuestro. Este caso se ventilará dentro de cuatro meses.
El jueves 2 de abril, la jueza segunda de instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán –a quien le fue entregado el caso tras la resolución a favor de la acusación otorgada por el juzgado de paz de la misma localidad- se excusó de conocer el caso argumentando que se sentía agraviada por las declaraciones que en su contra estaban pronunciando la Fiscalía y la madre de la víctima. La decisión sobre el paradero en donde se ventilará este caso por secuestro está en manos de la Cámara de la Tercera Sección del Centro, de San Vicente, la otra instancia inferior señalada ahora por la Fiscalía.
Safie explicó que este recurso de amparo era parte de la estrategia que la Fiscalía vino construyendo en el último año para el caso de Katya Miranda. Según él, el primer paso era ordenar las capturas por secuestro agravado, abrir una nueva acusación por la violación de otra nieta en contra de Carlos Miranda, acusar a un tío político de la menor por homicidio agravado en grado de tentativa contra un testigo del juicio, y ahora el recurso de amparo para reabrir el caso por homicidio y violación.
Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), consultado al respecto, dijo que él desconocía esta nueva táctica de la Fiscalía y que le ha parecido “una grata sorpresa”.
El IDHUCA ha planteado que viene trabajando de la mano con la Fiscalía desde hace siete meses, pero Cuéllar insiste en que no se esperaban este proceso. “Hoy por la mañana fuimos informados por el fiscal de este nuevo procedimiento. Creemos que es un paso importante porque a través de esa demanda de amparo se deja la puerta abierta para que exista un resquicio para enfrentar el caso de la violación y la muerte de Katy. Además, está sentando un precedente importante en el sentido de que la Fiscalía demanda un amparo en defensa de los intereses de la sociedad”.
Según Cuéllar, este amparo, de ser aceptado, permitiría que se otorgue el plazo de un año para que se ventile, de nuevo, el caso por el homicidio y la violación.
Henry Campos, director del Centro de Estudios Jurídicos -y candidato a Fiscal General, que se definirá a finales de este mes en la Asamblea Legislativa-, plantea que siempre y cuando la Fiscalía haya agotado todos los recursos jurídicos es procedente la presentación de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
“Lo primero que hay que ver es si hubo una apelación ante la cámara. Si la vía ordinaria se agotó es procedente este recurso”, dice Campos.
Él, sin embargo, plantea que todavía está en juego la viabilidad de que la Fiscalía como institución sea la que pida un amparo ante el máximo ente de justicia. “La ley establece que son personas privadas ya sean personas físicas o personas jurídicas las que piden amparo por alguna violación a sus derechos constitucionales. Y ahorita estamos en un escenario en donde una institución del Estado ha recibido perjuicios por actos del propio Estado. Por jurisprudencia tendrá la Sala que evaluar si la Fiscalía es sujeto que puede presentar amparo”, dice Campos.
Sobre la prescripción del caso de homicidio y violación de Katya Miranda –al que ahora el fiscal se refiere como caso reabierto- Campos plantea que también queda en manos de la interpretación que haga la misma Sala. “El Código Procesal Penal dice que por cualquier otra causal legal el término de la prescripción puede suspenderse. Habría que ver si solo por poner el recurso se detiene la prescripción o si habrá que esperar la pronunciación de la sala”, dice.
Fuente El Faro.Net 4/4/2009
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caso katya miranda
Ojala continue el caso y no prescriba !
ReplyDeleteYa estuvo suave de tanto asalto a las Instituciones Juridicas a favor de los poderosos que se adueñaron del aparato pubico del Estado.
Safieh es un mediocre burocrata que solo quiere apantallar que es un buen fiscal cuando el no es un Abogado de carrera en la persecusion del delito,no es criminalista pues ! en otras palabras no es el individuo idoneo para tal cargo !
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.