Las FARC cambian de estrategia y liberan a sus rehenes sin condiciones

Por Alejandra de Vengoechea

Claudia Rugeles, la esposa de Alan Jara, uno de los dos políticos que iban a ser liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, primera guerrilla del país) tras siete años de secuestro, llegó a decir que prefería morirse a seguir en vilo. Y es que tras la liberación el domingo pasado de cuatro policías y un soldado, ayer le correspondía el turno a Jara, ex gobernador de la provincia del Meta. Pero una bomba en Cali, en el noreste de Colombia, que dejó dos muertos y varios heridos, hizo que el presidente Álvaro Uribe detuviera las operaciones.

«No permitiremos que el terrorismo haga fiesta con el dolor de los secuestrados», dijo Uribe al desautorizar la participación de la senadora Piedad Córdoba, la única política con línea directa con las FARC. Gracias a Córdoba, han salido de la selva un gran número de «canjeables», como se conoce al grupo de personalidades -hoy quedan veintidós- que las FARC quieren intercambiar por guerrilleros presos.

A última hora de ayer, sin embargo, Uribe dio marcha atrás y le devolvió el aval a la senadora Córdoba por petición de la Cruz Roja Internacional. Según Córdoba, de salir todo como está previsto, hoy, martes Jara estará libre y el próximo jueves el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López. El ex gobernador está en poder de la narcoguerrilla desde 2001 y el ex diputado desde el año 2000.

Las liberaciones de secuestrados en el Gobierno Uribe han estado marcadas por las tensiones y grandes implicaciones políticas. Cuando en enero de 2008 Piedad Córdoba logró la liberación de Clara Rojas, compañera política de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, Uribe rompió relaciones con el presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien acusó de «querer exportar su modelo terrorista».

Sin desmilitarización

En esta ocasión, sin embargo, las FARC autorizaron la liberación de seis personas sin pedir desmilitarización de zonas y sin mediación internacional.

Para los analistas, detrás de este gesto de la guerrilla, que aceptó la logística de Brasil y la participación de la Cruz Roja Internacional, hay una milimétrica estrategia para reconfigurar el difícil escenario político y militar. Tras el asesinato de Raúl Reyes, canciller de las FARC; la muerte natural del máximo líder, Manuel Marulanda, alias «Tirofijo»; el éxito de la «Operación Jaque», que le arrancó a la narcoguerrilla a la candidata presidencial Ingrid Betancourt y a otros catorce secuestrados, y una ofensiva de las Fuerzas Militares, las FARC se replantean su forma de negociar. El secuestro de políticos como mecanismo de presión los hizo aparecer ante la comunidad internacional como unos terroristas.

Al devolver políticos sin contraprestación alguna vuelven al escenario de la negociación sin cartas tan bajas como el secuestro. Por otro lado, el secuestro requiere control de territorios, algo que la guerrilla ha perdido. Hace una década las guerrillas podían secuestrar a 1.500 personas al año. Hoy si acaso secuestran setenta, otro síntoma de su debilidad.

Fuente: ABC.es 3/2/2009

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