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DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS:

CONDENA DIRECTIVA APROBADA POR PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

La Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto consultivo en EL Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expresa su más enérgica condena a la aprobación en el Parlamento Europeo de la "Directiva sobre los procedimientos y normas comunes en los estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, del 18 de junio de 2008, de claras implicaciones inhumanas, discriminatorias, , xenofóbicas y racistas, que se calcula afectará a unos 8 millones de personas cuya mayoría proviene de Latinoamérica.

La Directiva europea carece de garantías procesales y no provee revisión judicial, atentando con los principios del debido proceso, los derechos humanos, y el derecho internacional.

La Directiva es un medio institucional que pretende legitimar una política sistemática de persecución y detención arbitraria por el solo hecho de ser inmigrante, con una mera orden administrativa.

La Directiva contiene los siguientes puntos principales: a) retener a una persona por un periodo de hasta 18 meses antes de la expulsión al país de origen o un tercer país, solo con una orden administrativa; b) los niños y niñas, menores de 18 años de edad, estén o no acompañados, también podrán ser expulsados y retenidos en lugares de internamiento especiales hasta 18 meses; c) implementa una prohibición de entrar o regresar a territorio europeo por un espacio de 5 años, independientemente de si las personas expulsadas dejan el territorio europeo voluntaria o involuntariamente. Por otra parte, la Directiva no excluye expresamente su aplicación a los casos de asilo motivados por guerra interna, lo cual podría dar lugar a una interpretación violatoria del derecho internacional humanitario.

Las condiciones inhumanas antes citadas niegan el derecho al asilo, la reunificación familiar, los derechos civiles y políticos de los inmigrantes y otros derechos fundamentales reconocidos por la propia Unión Europea. Asimismo, viola, entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derecho Políticos y Civiles, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea sobre los Derechos del Niño. La Directiva de Retorno pone en grave riesgo el bienestar y los intereses superiores de los menores de edad, permitiendo su expulsión a países donde no tengan padres o guardianes, existan conflictos armados o tengan alta probabilidad de ser víctimas de reclutamiento forzado, acoso sexual y extrema pobreza.

La Directiva viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que establece:

“… se concede especial importancia al respeto de los Derechos humanos sobre la base de los artículos 6,7 y 13 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales. Apoyándose en Iniciativas y programas comunitarios como Deprime y Progresa, su acción se centra en la lucha contra las discriminaciones, el racismo y la xenofobia y en la protección de las minorías en ámbitos como el asilo, la inmigración o el empleo. En el este contexto, la Agencia europea de los Derechos Fundamentales procurara el respeto de estos valores fundamentales.”

Hay que recordarle a la Unión Europea, además de su deuda histórica con el Continente Americano por el genocidio y la expoliación perpetrados durante la colonización, que en periodos de guerras, hambre y persecución política, millones de inmigrantes, documentados e indocumentados, provenientes de sus países, llegaron a las costas americanas y encontraron en nuestros países la oportunidad de, reconstruir sus vidas y las de sus familias, hacer fortuna y educar a sus hijos.

Por tanto, la Asociación Americana de Juristas:

1. Condena la "Directiva Retorno" como racista, arbitraria e inhumana, violatoria de preceptos fundamentales del derecho internacional;

2. Solicita a los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe que se pronuncien sin ambigüedad, adopten todas las medidas de defensa de los derechos de sus nacionales emigrados a Europa, y analicen las posibles acciones de reparación económica aplicables sobre las remesas de utilidades de empresas de ese origen radicadas en sus países, y destinadas a implementar medidas para solucionar los problemas de empleo, vivienda y subsistencia de los retornantes.

A 14 de julio de 2008

Vanessa Ramos
Presidenta AAJ Continental

Beinusz Szmukler
Presidente Consejo Consultivo de la AAJ
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