37 años de impunidad por asesinato de Monseñor Romero

Por Teresa Alvarado

Hoy se cumplen 37 años del asesinato del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero y hasta la fecha no se han procesado a los responsables del hecho, de ahí que las organizaciones de derechos humanos como la Concertación Monseñor Romero, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y FESPAD han solicitado la reapertura del caso para juzgar a los responsables del magnicidio.

“No es venganza, sino que se busque la justicia en nuestro país y a través de esta conocer la verdad”, con esta palabras las organizaciones que luchan por la justicia del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero solicitaron al Juzgado Cuarto de Instrucción reabrir nuevamente el proceso penal contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices en el asesinato del beato salvadoreño.

La petición fue hecha por las organizaciones Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Concertación Monseñor Romero y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Amparados en la anulación de la Ley de Amnistía que en 2016 fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los representantes de estas instituciones piden que se haga justicia en este caso, particularmente por considerar que se ha violentado el derecho a la aplicación de la ley para que se criminalice a los responsables.

Hoy se cumplen 37 años de la muerte del arzobispo de San Salvador Monseñor Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital la Divina Providencia de esta capital.

El magnicidio del beato se le adjudicó al capitán Álvaro Saravia y, como responsable intelectual, al Mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido ARENA quien según el informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, fue quien planeó y financió el asesinato del arzobispo.

Ovidio Mauricio, coordinador de la oficina de Tutela Legal, dijo que la petición se hace en el marco del Día del Derecho a la Verdad, que se celebra cada 24 de marzo fecha proclamada por las Naciones Unidas en relación con las violaciones graves a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas.

El coordinador de Tutela Legal dijo que la moción se ampara en varios informes como el de la Comisión de la Verdad, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Fresno California donde fue condenado el capitán Saravia y el de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, afirmó que este caso quedó cerrado en 1993, cuando fue aprobada la Ley de Amnistía justo cuando se intentaba procesar al capitán Saravia y la etapa del proceso en aquel momento estaba en la de Instrucción, de ahí la razón porque fue llevado al referido Tribunal para su investigación.

“El Código Penal habla de cárcel pero esto debe ser transformado porque la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, al declarar la anulación de la Ley de Amnistía, establece que la Asamblea debe emitir una ley de reconciliación nacional respetando a las víctimas, me imagino que debe ser otro tipo de sanción que sustituya las sanciones que habla el Código Penal de 1973”, explicó Díaz.

Por su parte el padre Fredy Sandoval, de la Concertación Romero, consideró que la aplicación de justicia en un estado de derecho debe reconocer la verdad histórica mediante la aplicación de las leyes y juzgar a los criminales.

Jimmy Ortiz, abogado de FESPAD, también reiteró que la acción de exigir justicia no es motivada por la “venganza”, sino únicamente hacer cumplir el estado de derecho dentro del sistema democrático.
Agregó que en el caso de aquellas personas que fueron señaladas como los responsables de la muerte de Monseñor Romero, pero que ya murieron como el Mayor D´Aubuisson se espera que la justicia al menos señale puntualmente el grado de participación que tuvieron en el hecho.

“Lo que queremos es el reconocimiento a la verdad es decir quiénes fueron para que estas personas no queden como héroes, sino como lo que han sido, criminales y que sea del conocimiento público y de las nuevas generaciones que hubo personas que utilizaron al Estado para aplicar terrorismo de Estado”, puntualizó Ortiz.

Teresa Alvarado es periodista salvadoreña

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