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El Salvador: Informe mensual agosto-septiembre del 2012

October 2, 2012 | Linda Garrett


Resumen:
Después de un largo y caluroso verano de enconadas batallas políticas, sesiones maratónicas de negociación y presiones internacionales, el 19 de agosto, los dirigentes políticos finalmente lograron un acuerdo sobre el tema contencioso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En opinión de algunos analistas, los choques en torno a la constitucionalidad de las elecciones de la Corte Suprema representó la crisis política más grave desde los Acuerdos de Paz de 1992. El arreglo —con la mediación del Presidente Funes— se presentó como una decisión salomónica en el que tanto ARENA como el FMLN harían concesiones. Sin embargo, la situación parece indicar que las concesiones del FMLN y sus aliados fueron un poco menores: el nuevo Presidente de la Sala de lo Constitucional, y por consiguiente de toda la Corte Suprema, es José Salomón Padilla, miembro del FMLN. Asimismo, aunque se reeligió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional denominados los “cuatro fantásticos” —responsables de emitir el fallo del 5 de junio que desencadenó la crisis—, según diversos analistas, la mayoría de los 15 integrantes de la Corte simpatizan con el FMLN.
El pasado 25 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Funes se refirió a la prolongada crisis del verano, afirmando que la misma “puso a prueba la solidez de la democracia salvadoreña”, pero logró resolverse “tras 17 largas jornadas de reuniones, a través del diálogo y las negociaciones”.
Presidente Funes habla en frente de la ONU. Foto: La Página
En otro tema, la tregua entre las pandillas más poderosas del país, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, se mantuvo durante el furor político de junio, julio y agosto. Actualmente, el proceso de paz, que ya ha entrado a sus primeros seis meses, ha permitido una extraordinaria reducción de los homicidios, pasando de unos 14 diarios antes del 8 de marzo a 3 o 4 al día en septiembre.
Después de una falta notable de apoyo público, de los medios de comunicación y del gobierno, finalmente se le está prestando mucha más atención a la tregua y sus repercusiones generales en las políticas públicas. Mientras tanto, hay voces persistentes e inquietantes que están advirtiendo que el alcance insidioso del crimen organizado es la mayor
amenaza a la democracia y a la seguridad institucional. Mientras los mandatarios centroamericanos estaban reunidos el pasado 7 de agosto para plantear asuntos de seguridad regional, se arrestó en Tegucigalpa al traficante de drogas más conocido de El Salvador, pero la Corte Suprema de Honduras lo dejó libertad pocas horas después. Bajo la protección durante años de una red de policías, jueces, funcionarios de aduanas y políticos, la liberación “expresa” del fundador de los “Perrones”, José Natividad Luna Pereira, dejó al descubierto la corrupción institucional generalizada que permite una afluencia de narcóticos casi sin obstáculos a lo largo de la región. En El Salvador, este episodio suscitó nuevamente preocupaciones sobre la presunta confabulación de diversos agentes policiales con la organización criminal de los  “Perrones”.  Asimismo, surgieron preguntas sobre los cambios que se han efectuado dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) este año, con la reincorporación de oficiales que anteriormente estaban implicados y que actualmente ocupan cargos estratégicos.
Mientras tanto, si bien las  elecciones presidenciales están programadas para febrero del 2014, ya han iniciado algunas actividades de campaña con cierto grado de confusión. Tanto el FMLN como ARENA escogieron candidatos que carecen del apoyo total de estos partidos: Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano, respectivamente. Se da por un hecho que el ex Presidente Tony Saca, de ARENA, se postulará nuevamente —esta vez en la papeleta de GANA—, lo cual probablemente obligaría a una segunda vuelta electoral. Una encuesta que condujo la empresa mexicana Mitofsky asignó el 47 por ciento de los votos a Norman Quijano, el 26 por ciento a Sánchez Cerén y un 22 por ciento a otros candidatos. Por su parte, ante la pregunta que formuló LPG Datos sobre quién sería el mejor Presidente, el 46,3 por ciento de los encuestados respondió que Quijano, el 19,3 por ciento afirmó que Tony Saca y el 14,9 por ciento señaló que Sánchez Cerén.  El FMLN anunciará a su candidato a la vicepresidencia durante su Convención Nacional el próximo 11 de noviembre. Los rumores insisten en que David Munguía Payés, actual Ministro de Justicia y Seguridad, se encuentra entre los finalistas, como alguien de “afuera” que tiene ambiciones políticas y que podría atraer votos independientes —si su estrategia de seguridad continúa teniendo éxito.
El 11 de septiembre, en Boston, Massachusetts, se declaró culpable del cargo de fraude migratorio al Coronel retirado Inocente Orlando Montano. Con anterioridad, un tribunal español había acusado al oficial militar de 70 años de participar en la masacre de los jesuitas en 1989. Se podría sentenciar a Montano a cumplir una condena en prisión en los Estados Unidos, o su extradición a El Salvador o España para que enfrente un juicio en ese país. El próximo 18 de diciembre se decidirá su futuro. Al respecto, el jesuita José María Tojeira explicó que “todo lo que promueve justicia es bueno. Sin embargo, nuestro máximo interés es promover la justicia en El Salvador… Continuaremos buscando justicia aquí”.

Finalmente, es muy importante reconocer la labor perdurable, valiente y profesional de diversos periodistas, cuyas minuciosas investigaciones y su compromiso inflexible con la verdad nos ayudan a comprender las circunstancias tan complicadas y a veces misteriosas que rodean la tregua de las pandillas, al igual que la red traicionera del crimen organizado, todo lo cual a menudo supone un alto grado de riesgo personal. Los más destacados han sido Carlos Dada y su equipo de El Faro, al igual que el periodista y diplomático Héctor Silva Ávalos. El 31 de agosto, Silva renunció a su cargo como Jefe de Misión Adjunto en la Embajada salvadoreña en Washington, D.C., en parte debido a preocupaciones por su seguridad.

Seguridad pública

La tregua:

“La tregua no es la solución, sino más bien, ha creado un escenario diferente”.
“Si el Presidente cree de verdad que esta tregua es lo que el país necesita… entonces debería comprometerse a fondo, asumir la responsabilidad y las consecuencias del acuerdo”.
Los periodistas evitan formar parte de las historias que están cubriendo, pero El Faro —a través de sus informes profesionales y congruentes— ha sido esencial en la narración del  proceso paz desde marzo anterior, cuando sacó a la luz pública la noticia de un acuerdo secreto para el cese al fuego y el papel “negociador” de las autoridades gubernamentales. Una vez más, a los seis meses de haber iniciado la tregua, un relato de El Faro ha enfurecido al Presidente Funes, quien acusó a esta publicación de decir “la más grande mentira que se haya dicho sobre la tregua entre las pandillas”.  El mandatario continúa insistiendo en que su administración nunca ha “negociado” con las pandillas y que simplemente ha “facilitado” el proceso.
Quizás la disputa no sea tan complicada y se trate más bien de los términos empleados: ¿negociar o facilitar?
Tanto el Presidente Mauricio Funes como el Ministerio de Seguridad, David Munguía Payés, han desmentido continuamente el informe original de El Faro en el que se afirma que el gobierno había “negociado” con los dirigentes pandilleros. Mientras tanto, los orígenes y los arreglos de la tregua han permanecido en un misterio, en medio de ofuscaciones y negativas. La sorprendente perseverancia del cese al fuego y los subsiguientes gestos de buena voluntad de los líderes de las pandillas no han convencido a los escépticos. Ellos siguen cuestionando las intenciones y la sinceridad de las pandillas y sugieren motivos nefarios por parte del gobierno, hasta el punto que algunos describen la tregua como “una farsa” y “una mentira”. La duda y la desconfianza son tan generalizadas que sólo se han escuchado pocas voces de apoyo en El Salvador —todo esto a pesar de que en este país, que en algún momento llegó a ser el segundo más violento del hemisferio, se han reducido los homicidios, pasando de unos 14 diarios a principios de marzo a 3 o 4 al día en septiembre.
Aparentemente, la insistencia generalizada de los medios de comunicación y la sociedad civil en cuanto a la transparencia convenció a los actores principales que “negociaron” o “facilitaron” la tregua a que relataran toda la historia a El Faro. En “La nueva verdad sobre la tregua entre las pandillas”, el Ministro de Seguridad admitió que lo habían tomado por sorpresa y que no estaba preparado para responder cuando inicialmente esta publicación dio a conocer la noticia: “El Faro develó algo que nosotros no queríamos develar”. La sarta de negativas y falsificaciones comenzaron desde el primer día y continuaron hasta mediados de septiembre.
Ahora, el Ministro y su asesor Raúl Mijango (ex guerrillero y ex diputado) por fin revelaron que la tregua formó parte de una estrategia diseñada para disminuir la espiral de violencia existente y siempre, según insistieron, contó con el conocimiento y el respaldo del Presidente. Según lo admitieron, el tan mentado papel de la Iglesia Católica fue una idea posterior, a fin de “legitimar” este esfuerzo.  La intervención de la Iglesia se ha limitado a la participación del Arzobispo Fabio Colindres, a quien se le solicitó su colaboración debido a que el Arzobispo y el Obispo Auxiliar rechazaron las invitaciones. A pesar de un comunicado inicial de apoyo, la Iglesia institucional se mantiene ajena al proceso.
Arzobispo Fabio Colindres y miembros de la Iglesia Católica. Foto: El Mundo
Ahora Munguía Payés acepta que durante el 2011, él y Raúl Mijango conversaron largamente sobre una estrategia de seguridad, la cual incluía una tregua entre las pandillas, cuando él todavía fungía como Ministro de Defensa. No se pudieron ejecutar los planes hasta su designación como Ministro de Justicia y Seguridad en noviembre del 2011. Después de esa fecha, se pospusieron los planes hasta enero, cuando ya había logrado asignar a personas de su entera confianza en puestos dentro de todo el aparato de seguridad, la mayoría provenientes del ejército.
Según el informe de El Faro, la primera reunión entre 30 dirigentes de la MS y Barrio 18, que facilitaron Mijango y el Obispo Colindres, se llevó a cabo en la Prisión de Zacatecoluca (“Zacatraz”) el 20 de febrero, en un ambiente descrito como muy tenso, hasta que dos de los líderes principales se dieron la mano y rompieron el hielo durante un almuerzo que ofreció Mijango en el que se sirvió la comida rápida más popular de El Salvador, “Pollos Campero”.
Para el 29 de febrero, los dirigentes habían acordado en secreto un “pacto de no agresión” de seis puntos, cuya ejecución debía “postergarse” hasta después de las elecciones del 11 de marzo.  Pero los planes cambiaron repentinamente cuando se informó a la dirigencia que diversos pandilleros de afuera estaban pensando en boicotear las elecciones. Este boicot podía interrumpir las elecciones y cualquier posibilidad de un diálogo con las pandillas en el futuro. A la media noche de los días 8 y 9 de marzo, se transfirió de forma secreta a 30 pandilleros desde prisiones de máxima seguridad a presidios de mínima seguridad, a fin de facilitar las comunicaciones con quienes estaban planificando el boicot electoral. Si giraron órdenes y en una sobresaliente demostración de la estructura jerárquica y la disciplina de las pandillas, se redujeron dramáticamente los homicidios casi de la noche a la mañana, se canceló el boicot y se llevaron a cabo las elecciones sin ningún incidente.
Tres días después, El Faro publicó la historia de las negociaciones, la cual incluyó alegaciones sobre el hecho que los dirigentes habían recibido grandes sumas de dinero. La desconfianza pública se hizo sentir tras las negaciones contradictorias e ineptas de los funcionarios gubernamentales, decididos a desvirtuar las acusaciones sobre sus negociaciones con organizaciones criminales.
“Merecen  oportunidad, no una segunda oportunidad, porque nunca tuvieron la primera”.

“Necesitamos algo similar a una ley de acción afirmativa [empleo para minorías en un plano de igualdad]”
En los meses siguientes, la dirigencia de la MS y del Barrio 18 ordenó poner fin al asesinato de soldados, policías y guardas de las cárceles; declararon las escuelas como zonas prohibidas para las actividades pandilleras, pusieron fin al reclutamiento forzado y ordenaron un alto a la violencia contra las mujeres.  Con la OEA como garante del proceso, en agosto se llevó a cabo la entrega simbólica de armas y ahora es posible que en las próximas semanas se efectúe la entrega de una cantidad considerable de armas.
Pero los gestos de buena voluntad no han logrado convencer a una población escéptica que ha sufrido durante mucho tiempo. A pesar de haberse experimentado una reducción en los índices, continúan las extorsiones y los homicidios, al igual que los asesinatos relacionados con las pandillas, y miles de familias todavía sobreviven con el dinero de las extorsiones que recaudan sus hijos pandilleros. Tal como lo explicó un reo del Penal de Izalco: “Hay cositas de las que no nos damos cuenta desde acá adentro… El compañero te ha dicho, y es cierto, que han tirado órdenes de que al pobre no se le pida nada; a la vendedora, digamos… Hay cipotes que solo matar saben; no es tan sencillo calmarse de un día para otro”.
Por su parte, el gobierno relevó a los soldados de sus funciones en las cárceles, con lo cual también finalizaron las revisiones corporales invasivas de los visitantes, se permitió un mayor acceso a las visitas familiares y la entrega de alimentos y dinero por parte de las familias, y se instalaron televisores con pantalla de plasma en las áreas de recreación, al igual que algunos aparatos eléctricos pequeños. También se están haciendo esfuerzos para mitigar el hacinamiento inhumano y la higiene inadecuada imperante, y para ofrecer talleres y oportunidades de rehabilitación. Pero el reto más grande para establecer una política pública sostenible de prevención y rehabilitación —que ofrezca oportunidades a los pandilleros de afuera, sus familias y los jóvenes en riesgo— es la disponibilidad de recursos económicos, al igual que la participación de la sociedad civil y el compromiso inquebrantable del gobierno. Tal como lo señaló uno de los reos, “sembrar la paz no corresponde sólo a las  pandillas”.
Desde la primavera,  el Presidente se ha venido reuniendo con líderes empresariales y religiosos, representantes del sector académico y otros, en un esfuerzo por establecer un acuerdo nacional para respaldar el proceso. Pero a septiembre, el único apoyo ha provenido de los facilitadores, de la OEA y de las propias pandillas, las cuales han solicitado que se efectúen conversaciones directas con el gobierno. En semanas recientes, se han creado dos comisiones: una “comisión técnica” encabezada por la OEA y “una comisión humanitaria”, descrita como un grupo de apoyo privado, transnacional y sin fines de lucro que gestionará proyectos y fondos para programas de prevención y rehabilitación. Finalmente, después de seis meses, se observa cierto movimiento, pero el público sigue cauteloso. Robert Valent, Representante de las Naciones Unidas en El Salvador, insistió en que ya es tiempo de “levantarse un poco las mangas y ponerse a trabajar todas y todos para poder sostener esta tregua, y más que sostenerla, para poder verdaderamente activar políticas de reducción de la pobreza”.
“La más grande mentira que se haya dicho sobre la tregua entre pandillas”.
El informe de El Faro con fecha del 12 de septiembre sobre “nueva verdad” de la tregua, ofreció la primera comprensión veraz sobre un proceso que  ha sido desacreditado en gran parte debido a la falta de honestidad y transparencia desde un principio. Así que ¿por qué todavía el Presidente sigue negando su participación, continúa enojado con El Faro y está refutando las palabras de su propio Ministro de Seguridad? El mandatario declaró lo siguiente: “Nosotros no hemos parido esta tregua, nosotros no hemos propuesto esta tregua, nosotros no nos hemos sentado a negociar con los pandilleros. Hay por allí un periódico digital que dice que la tregua nació del despacho del Ministro de Seguridad, avalada por el Presidente de la República. No es cierto, esa es la más grande mentira que se ha contado con respecto a la tregua”
Ya sea que se “facilitó” o se “negoció”, la tregua es una estrategia políticamente riesgosa para el Ministro de Seguridad Munguía Payés y por consiguiente para el mandatario. Pero aún con todas sus imperfecciones, esto ha tenido un éxito rotundo. Ahora, el Ministro de Seguridad ha asumido la responsabilidad de su participación y el proceso se beneficiaría si el Presidente finalmente también se hiciera cargo para “comprometerse a fondo, asumir la responsabilidad y las consecuencias del acuerdo”, según lo escribieron los editores de El Faro, pues “al fin y al cabo… la verdad más incontrovertible y la más importante es justamente esa: los índices de homicidios se han reunido de manera extraordinaria y ese es un gran motivo para celebrar los primeros seis meses de tregua.  Es una oportunidad extraordinaria para que debatamos una solución estable”.

Se adjunta una cronología del proceso de paz durante los meses de agosto y septiembre.
Las cronologías completas desde abril del 2012 están disponibles en la página de Internet del CDA.

La Policía Nacional Civil:
“Esa gente está limpia”
“Algunas manzanas podridas”
Entre el 7 y el 8 de agosto, con el arresto sorpresa y la liberación “expresa” del hombre conocido como “Chepe Luna”, se centró nuevamente la atención en la red criminal de los Perrones  en el oriente de El Salvador. Esto también atrajo atención a la infiltración del crimen organizado en las instituciones del gobierno, específicamente la Policía Nacional Civil (PNC).
El fugitivo traficante de drogas José Natividad Luna Pereira inició su carrera criminal en los años 90, con el contrabando de productos lácteos hacia Honduras. Él desarrolló una red logística y pronto logró transformar su negocio, pasando del transporte transfronterizo de quesos al contrabando de drogas y el lavado de dinero. Los Perrones fue la primera empresa sofisticada dedicada al tráfico de drogas en El Salvador. En 1998, un tribunal federal de Nueva York acusó a Luna con cargos relativos al tráfico de drogas y el lavado de dinero, y con el tiempo se le incluyó en la lista de personas buscadas de la INTERPOL a partir del 2004. Con la presunta colaboración secreta de diversos oficiales de la PNC, él logró evadir cuatro operaciones de detención en El Salvador y después vivió muy cómodamente en Honduras durante varios años. Finalmente se le arrestó en el plantel de su empresa de camiones en Tegucigalpa bajo una masiva operación policial que presuntamente incluyó la participación de funcionarios de la inteligencia salvadoreña y de la DEA.
La Corte Suprema de Honduras liberó a Chepe Luna tan sólo19 horas después con base en una solicitud de habeas corpus que presentó su abogado. “¿Qué significa esto?” señaló el Presidente Funes —en medio de las negociaciones políticas sobre los integrantes de la Corte Suprema salvadoreña— “Que hay que tener muy en cuenta a quiénes se eligen como magistrados…”
Tal como lo afirmó un analista, para que una empresa criminal tenga éxito, se necesitan “sobornos y balas”: control territorial, facilidad de movimiento y protección con una red de policías, jueces, agentes aduanales y políticos, conductores y sicarios, casas seguras e informes locales. Luna Pereira tenía todo esto, pero los agentes encubiertos lograron documentar sus actividades en el 2003, incluido el uso de remesas como medio para el lavado de dinero. Su habilidad para frustrar cuatro intentos de arrestos se debió presuntamente a la información que le proporcionaron diversos oficiales policiales de alto rango que cooperaban secretamente con los Perrones.
Algunos de estos funcionarios — incluido Ricardo Meneses, ex Director de la Policía (2003-2005) — ya se encontraban bajo investigación cuando se nombró a Zaira Navas como la nueva Inspectora General en el 2009. A Meneses se le destituyó como jefe policial en el 2006 y se le envió a Washington, D.C., como asesor de seguridad de la Embajada de El Salvador. En el 2009, la administración de Funes exigió su renuncia. Cuando Navas abrió los archivos y comenzó a investigar a Meneses y a otros siete oficiales presuntamente vinculados con la red de los Perrones, ella recibió amenazas de muerte. En un plazo de pocos meses, diversos legisladores conservadores establecieron una comisión para investigar a quien estaba haciendo las averiguaciones e interrumpieron con éxito el proceso hasta que la ley de prescripción de delitos ya pudo aplicarse a muchos de estos oficiales.
Ricardo Meneses. Foto: Diario CoLatino

Zaira Navas renunció a su cargo en enero del 2012, cuando fue aparente que se había transferido todo el aparato de seguridad del FMLN al ejército y que se obstaculizarían las investigaciones posteriores. En unas pocas semanas, varios de los oficiales bajo investigación ya habían regresado al servicio activo y se les había promovido a puestos claves.
A raíz del fiasco de Chepe Luna en Honduras, el Ministro de Seguridad Munguía Payés declaró que cualquier vínculo entre Ricardo Meneses u otros oficiales con los Perrones era una simple “especulación”, afirmando lo siguiente: “No hemos recibido ningún reporte de la inspectoría que vincule a los oficiales… Todos (los casos) están archivados, incluso algunos ya prescribieron. No le encontramos nada a nadie, todos están limpios”.
A principios de septiembre, el Inspector General Carlos Ascencio Linares, de reciente nombramiento, anunció el cierre “definitivo” de los casos en contra de ocho oficiales, citando la ley de prescripción, el uso de “evidencia secreta” proveniente de “testigos bajo protección” y “violaciones a la presunción de inocencia”. Asimismo, Linares acusó a Zaira Navas de haber cometido “errores”, de ser “subjetiva”  y de no contar con suficiente “evidencia probatoria”. El abogado que representó a los oficiales sostuvo que todo el caso se basó en “motivaciones ideológicas” y se debió a la propia “tendencia ideológica” de Navas.
Al día siguiente, el Fiscal General Romeo Barahona —cuyo cargo llegó a su fin el 18 de septiembre pero que espera lograr su reelección — anunció que los fiscales continuarán investigando los ocho casos mediante el uso de registros bancarios, telefónicos y de viajes, pero explicó que las investigaciones “disciplinarias” de la PNC son diferentes a las investigaciones criminales. Después, el esquivo ex Director de la PNC, Ricardo Meneses, apareció en una entrevista televisiva y declaró que todos los cargos en su contra eran “ilegales” y “carentes de fundamento”. Asimismo, Meneses afirmó que ahora que el nuevo Inspector General lo ha exonerado, apelará ante la Corte Suprema, solicitará salarios de forma retroactiva y su reincorporación en la PNC. Él añadió que en el 2009 se le obligó a renunciar a su cargo en Washington “sin ninguna justificación”.
Unos pocos periodistas, organizaciones de derechos humanos, la Universidad Centroamericana (UCA) y el Congresista de los Estados Unidos Jim McGovern (representante del tercer distrito electoral de Massachusetts) siguieron muy de cerca los esfuerzos de Zaira Navas para investigar la corrupción en la PNC y se muestran preocupados por el rumbo que está tomando la institución. ¿Por qué se ha reincorporado a estos oficiales cuestionados y se les ha asignado una serie de responsabilidades estratégicas? ¿Se debe, tal como lo sugieren algunos, a la larga trayectoria de sus relaciones con algunas agencias estadounidenses? Recientemente, un profesor de la UCA expresó su preocupación ante diversos visitantes, afirmando que “algo muy extraño está sucediendo en la PNC”.
Próximas fechas importantes
Convención Nacional del FMLN: 11 de noviembre del 2012
Elecciones presidenciales: 16 o 23 de febrero del 2014. La segunda vuelta se celebraría el 16 o el 23 de marzo del 2014.
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