La última trinchera
Por Joaquín Samayoa
Según reportes recientes de la PNC, casi 100 estudiantes han sido asesinados en los primeros siete meses del año. El órgano policial atribuye aproximadamente tres de cada cuatro de esos asesinatos a las pandillas, pero no se sabe a ciencia cierta por qué fue asesinado cada uno de esos jóvenes. Las hipótesis al respecto suelen ser bastante especulativas, basadas casi siempre en las apreciaciones de los familiares de las víctimas y no en una rigurosa investigación de los casos.
La estadística mensual de asesinatos de estudiantes zigzaguea siguiendo un patrón de variación muy similar al del número de asesinatos diarios en la población general, lo cual significa que se ha establecido ya una consistente tendencia de vulnerabilidad y riesgo para el grupo particular de adolescentes y jóvenes escolares. La magnitud y la regularidad de estos asesinatos constituyen un fenómeno novedoso, lo cual me lleva a pensar que podríamos estar todavía a tiempo de frenarlo y revertirlo.
Cualquier asesinato es deplorable y muy lamentable, pero el asesinato de jóvenes estudiantes podría tener implicaciones particularmente graves para nuestra sociedad, si es el caso que, de parte de las pandillas, existe una estrategia de penetrar las escuelas y convertirlas en territorios disputados entre las principales pandillas para su propio fortalecimiento o con propósitos más específicos e inmediatos, como puede ser la venta y el consumo de drogas.
Los asesinatos de estudiantes se cometen fuera de los recintos escolares y no se puede descartar que algunas de las víctimas hayan estado de alguna manera relacionadas con la actividad de las pandillas, lo cual nos llevaría a ver este fenómeno en una óptica diferente. Por eso es importante investigar, para lograr una mejor comprensión del tipo de situación al que nos enfrentamos.
Talvez la investigación no produzca, en muchos casos, evidencias suficientes para lograr condenas judiciales, pero puede darnos importantes elementos de juicio para construir perfiles de los jóvenes que corren mayor riesgo, de forma que se pueda realizar un trabajo más efectivo de protección policial.
La escuela es nuestra última trinchera en el combate contra la violencia y los comportamientos antisociales. Yo sostengo que, a pesar de sus muchas limitaciones, la escuela salvadoreña ha hecho un buen trabajo de contención que solo podríamos apreciar en su real magnitud si esos cientos de miles de jóvenes que se mantienen dentro del sistema educativo se sumaran al grupo relativamente pequeño de jóvenes pandilleros y delincuentes.
Pero si nos falta audacia para impedir que la escuela sea penetrada por las pandillas mucho más de lo que posiblemente ya está, habremos perdido esta guerra y no quedará ya otra solución que la de un régimen autoritario que ponga orden por la fuerza ahí donde fracasó la educación.
La escuela debe ser la piedra angular de cualquier estrategia de prevención social de violencia y delincuencia. Desde esa perspectiva, debe haber un apoyo técnico y financiero muchísimo mayor, particularmente a los centros educativos enclavados en zonas de alto riesgo. El programa de escuela inclusiva de tiempo pleno es talvez la idea más lúcida que yo le conozco a este gobierno, pero es lamentable que no cuente con el financiamiento necesario para convertirla en un programa verdaderamente prioritario. Es lamentable que el gobierno siga pensando que es mejor gastar el dinero en los famosos paquetes escolares.
En el sector privado hay experiencias muy exitosas, como la obra educativa salesiana y el colegio Padre Arrupe, ambos en Soyapango. Esas y otras instituciones de la sociedad civil están en la mejor disposición de complementar los esfuerzos del gobierno en el momento en que haya una real voluntad política de reformar la educación para que pueda cumplir su difícil función en las circunstancias y frente a los desafíos concretos que enfrenta nuestra sociedad.
Pero las principales amenazas que enfrenta la escuela salvadoreña no se originan en su interior sino que le vienen desde fuera. Eso implica que debe haber un trabajo mucho más efectivo de prevención y protección policial de los centros escolares y de sus estudiantes y docentes. Debo reconocer que el “Plan estratégico institucional 2009-2014” de la PNC es muy alcanzativo y minucioso, pero su ejecución adolece todavía de grandes vacíos, especialmente en lo concerniente a la inteligencia policial.
Por Joaquín Samayoa (jsamayoa@fepade.org.sv) es analista salvadoreño
Según reportes recientes de la PNC, casi 100 estudiantes han sido asesinados en los primeros siete meses del año. El órgano policial atribuye aproximadamente tres de cada cuatro de esos asesinatos a las pandillas, pero no se sabe a ciencia cierta por qué fue asesinado cada uno de esos jóvenes. Las hipótesis al respecto suelen ser bastante especulativas, basadas casi siempre en las apreciaciones de los familiares de las víctimas y no en una rigurosa investigación de los casos.
La estadística mensual de asesinatos de estudiantes zigzaguea siguiendo un patrón de variación muy similar al del número de asesinatos diarios en la población general, lo cual significa que se ha establecido ya una consistente tendencia de vulnerabilidad y riesgo para el grupo particular de adolescentes y jóvenes escolares. La magnitud y la regularidad de estos asesinatos constituyen un fenómeno novedoso, lo cual me lleva a pensar que podríamos estar todavía a tiempo de frenarlo y revertirlo.
Cualquier asesinato es deplorable y muy lamentable, pero el asesinato de jóvenes estudiantes podría tener implicaciones particularmente graves para nuestra sociedad, si es el caso que, de parte de las pandillas, existe una estrategia de penetrar las escuelas y convertirlas en territorios disputados entre las principales pandillas para su propio fortalecimiento o con propósitos más específicos e inmediatos, como puede ser la venta y el consumo de drogas.
Los asesinatos de estudiantes se cometen fuera de los recintos escolares y no se puede descartar que algunas de las víctimas hayan estado de alguna manera relacionadas con la actividad de las pandillas, lo cual nos llevaría a ver este fenómeno en una óptica diferente. Por eso es importante investigar, para lograr una mejor comprensión del tipo de situación al que nos enfrentamos.
Talvez la investigación no produzca, en muchos casos, evidencias suficientes para lograr condenas judiciales, pero puede darnos importantes elementos de juicio para construir perfiles de los jóvenes que corren mayor riesgo, de forma que se pueda realizar un trabajo más efectivo de protección policial.
La escuela es nuestra última trinchera en el combate contra la violencia y los comportamientos antisociales. Yo sostengo que, a pesar de sus muchas limitaciones, la escuela salvadoreña ha hecho un buen trabajo de contención que solo podríamos apreciar en su real magnitud si esos cientos de miles de jóvenes que se mantienen dentro del sistema educativo se sumaran al grupo relativamente pequeño de jóvenes pandilleros y delincuentes.
Pero si nos falta audacia para impedir que la escuela sea penetrada por las pandillas mucho más de lo que posiblemente ya está, habremos perdido esta guerra y no quedará ya otra solución que la de un régimen autoritario que ponga orden por la fuerza ahí donde fracasó la educación.
La escuela debe ser la piedra angular de cualquier estrategia de prevención social de violencia y delincuencia. Desde esa perspectiva, debe haber un apoyo técnico y financiero muchísimo mayor, particularmente a los centros educativos enclavados en zonas de alto riesgo. El programa de escuela inclusiva de tiempo pleno es talvez la idea más lúcida que yo le conozco a este gobierno, pero es lamentable que no cuente con el financiamiento necesario para convertirla en un programa verdaderamente prioritario. Es lamentable que el gobierno siga pensando que es mejor gastar el dinero en los famosos paquetes escolares.
En el sector privado hay experiencias muy exitosas, como la obra educativa salesiana y el colegio Padre Arrupe, ambos en Soyapango. Esas y otras instituciones de la sociedad civil están en la mejor disposición de complementar los esfuerzos del gobierno en el momento en que haya una real voluntad política de reformar la educación para que pueda cumplir su difícil función en las circunstancias y frente a los desafíos concretos que enfrenta nuestra sociedad.
Pero las principales amenazas que enfrenta la escuela salvadoreña no se originan en su interior sino que le vienen desde fuera. Eso implica que debe haber un trabajo mucho más efectivo de prevención y protección policial de los centros escolares y de sus estudiantes y docentes. Debo reconocer que el “Plan estratégico institucional 2009-2014” de la PNC es muy alcanzativo y minucioso, pero su ejecución adolece todavía de grandes vacíos, especialmente en lo concerniente a la inteligencia policial.
Por Joaquín Samayoa (jsamayoa@fepade.org.sv) es analista salvadoreño
Al fin una visión bastante realista de lo que esta pasando en cuanto a ese tema.
ReplyDeleteCon la propiedad que me da haber salido de un Instituto público, puedo decir que estos estudiantes no son víctimas pasivas, sino simples bajas de una guerra en la que ellos están participando activamente.