El Salvador: la presidencia imperial

Por Manuel Enrique Hinds

A principios de mes salieron publicados datos sobre los gastos en bienes y servicios realizados por Casa Presidencial de El Salvador en el quinquenio de 2004 a 2008. Hay dos puntos que provocan serias preocupaciones en estos datos. Primero, los gastos efectivamente ejecutados fueron mucho mayores que los explícitamente aprobados por la Asamblea Legislativa para Casa Presidencial. Segundo, los gastos en bienes y servicios ejecutados en Casa Presidencial durante el periodo fueron enormes.

El primer punto fue posible porque desde 2004 los presupuestos incluyeron una combinación de dos artículos que permitieron que el Órgano Ejecutivo redistribuyera fondos de un ramo a otro sin consultar previamente a la Asamblea. Este mecanismo fue objetado por Schafik Hándal, Salvador Sánchez Cerén y Gerson Martínez, que presentaron una demanda de inconstitucionalidad alegando que la Constitución dice que sólo la Asamblea puede realizar dichos traslados. La Corte Suprema de Justicia dijo que la redistribución de fondos no era inconstitucional, al menos no por las razones aducidas por Hándal, Sánchez Cerén y Martínez.

Si esto es preocupante, igualmente lo es la enorme magnitud de los gastos de Casa Presidencial y, en particular, los realizados en la compra de bienes y servicios. En estos años, la Presidencia gastó en compras de bienes y servicios mucho más que los ministerios de Salud, Educación o Seguridad, y de hecho más que la suma de los dos primeros combinados. El gasto total de Casa Presidencial en estos cinco años —incluyendo no sólo bienes y servicios sino salarios y otros gastos— sumaron la increíble cantidad de 480 millones de dólares, de los cuales 83 millones se gastaron en publicidad. La cifra total equivale al 2,1 por ciento de toda la producción del país en 2008, al 43 por ciento de todo el IVA colectado en el año que terminó en junio de 2009, al 50 por ciento de todo el impuesto sobre la renta colectado en ese periodo. Y este gasto no incluyó programas especiales como la Red Solidaria —para la cual no había dinero, por lo cual tuvo que ser financiada principalmente con donaciones. El poner bajo el control de un solo individuo esa enorme capacidad de compra, cuyo destino en un 40 por ciento no fue expresamente autorizado explícitamente por la Asamblea, es un peligro para el desarrollo de una sociedad democrática.

He llamado a este artículo la Presidencia Imperial porque estos flujos enormes de dinero convierten una institución democrática —la Presidencia— en una de autoridad sin control —un Imperio. Pero no sólo por eso sino también porque el uso irrestricto de la capacidad de gasto con dineros del estado por parte de los líderes políticos fue lo que destruyó la República Romana y luego el Imperio Romano. La grandeza de la República Romana se basó en el control estricto que ejercía la ciudadanía sobre los funcionarios que elegía para el gobierno y en el estoicismo aplicado por estos funcionarios en el manejo de la cosa pública (la Res Publica, la República).

La decadencia de la República vino cuando los ciudadanos dejaron de gastar tiempo y energías en controlar al gobierno para perseguir sus propios intereses. Esto permitió que los políticos tuvieran creciente acceso al enorme tesoro romano y a los recursos generados por las provincias —dineros que ellos comenzaron a usar para financiar publicidad personal diseñada para construir imágenes de intensa preocupación social que no concordaba con los hechos de sus gobiernos; para pagar los favores o favorazos otorgados a socios y clientes políticos; para corromper el sistema judicial y la sociedad entera; y para el enriquecimiento propio.

En ese ambiente, el objetivo de los gobernantes ya no era tener éxito a través de gobernar bien sino volverse populares a través del clientelismo, la propaganda, los favorazos y la corrupción, todos financiados por el mismo pueblo a través del tesoro público. En la competencia por ser más populares que sus rivales, los políticos romanos se acabaron el enorme tesoro romano, desangraron a Roma en una terrible guerra civil, y generaron un caos tal que en el año 46 Antes de Cristo (AC) el pueblo aceptó que Julio César se convirtiera de hecho en el Emperador de Roma, terminando con la República. Ésta renació brevemente cuando Julio César fue asesinado en 44 A.C., pero volvió a degenerarse hasta que Octavio César Augusto en el año 27 A.C. puso orden matando a todos sus enemigos y estableciéndose como emperador. Así se acabó la República y así perdió Roma sus libertades.

Rápidamente, Roma volvió a caer en la misma maldición. Los nuevos emperadores buscaron popularidad a través de Pan y Circo, pagados también con fondos públicos. Después de muchos emperadores, el caos naturalmente regresó. En enero de 193 la Guardia Pretoriana, que cuidaba a los Césares, asesinó al emperador Cómodo. Inmediatamente, el Senado eligió como César a Pertinax, que la misma Guardia asesinó apenas dos meses después, anunciando que iba a coronar emperador al que les pagara más a sus soldados. Ganó Julianus, que fue depuesto y descabezado meses después por Geta, que pagó más, usando, como su víctima, el dinero del pueblo para volver efectivas sus promesas populistas. Esto inauguró la última decadencia de Roma.

Guardando las diferencias entre un imperio que gobernó al mundo entonces conocido y nuestro pobre país, tenemos que vernos en este espejo. Éste es el camino que nos espera si no restablecemos el control que el pueblo debe tener sobre los gastos de Casa Presidencial. Aquí no tendríamos Pan y Circo, porque ni para pan o circo alcanza. Tendríamos sólo vallas con fotos de sonrientes presidentes mezcladas con creciente miseria, crimen y pobreza.

Fuente: Cato Institute

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