México, el depredador carnívoro de los migrantes en tránsito

México, el calvario de los migrantes en tránsito
Por José Manuel Ortiz Benítez

Bernardino Cruz Cardona, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ( FPDT), dice que México es un estado sin ley, que trata a los migrantes como si fueran auténticos animales salvajes, cuando, en realidad, sólo son criaturas fronterizas que van de paso (Ilustración el Empapelador: abusos en la frontera sur de México).

Cruz Cardona es originario de San Salvador Atenco, ese pequeño, pero valiente poblado granjero del estado de México que en 2001 sorprendió a propios y extraños, proclamando su independencia de la república de los Estados Unidos Mexicanos.

Los amigos de Cruz Cardona, también atenquenses, han formado un movimiento político independentista y han declarado al estado mexicano como el enemigo público número uno, porque destruye sueños impunemente con sus impuestos. Los del movimiento dicen que México despedaza vidas humanas y muchos de los decapitados son migrantes indefensos provenientes de los pueblos mesoamericanos que se instalaron desde tiempos inmemorables al sur de la frontera de Tecún Umán.

Las distintas ONGs, que no son movimientos partidistas, ni políticos, sino asociaciones ciudadanas en defensa de la dignidad humana, todas coinciden en la denuncia generalizada de que México es un real estado represor de los Derechos Humanos de los migrantes en tránsito, cuyo único delito es huir de sus pueblos de origen en busca de esperanza.

Lo más cínico del gobierno de México es que se presta de ser el referente más activo en la defensa y la promoción de los Derechos Humanos del migrante en la escena internacional, pero a la hora de la verdad actúa como un represor más en la ola de rateros, atracadores, asaltantes y asesinos que secuestran, violan, y matan a indefensos migrantes.

En 1997, México fue unos de los primeros países que firmó la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, después de haber defendido e impulsado durante cinco años la redacción del texto en el seno de las Naciones Unidas.

Entre muchos, uno de los postulados de la Convención, que defendió la delegación mexicana en las Naciones Unidas, reza: “los estados firmantes están en la obligación de prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia” contra los migrantes y sus familiares.

Esa Convención es la máxima protección sobre el papel que tienen los migrantes y sus familiares en todo el mundo.

Irónicamente, mientras México defendía a capa y espada la dignidad de los migrantes en todas las instancias multilaterales del planeta y ponía orgullosamente su firma en la Convención, su legislación tipificaba como “delito criminal” la migración no documentada en suelo mexicano, punible hasta con 10 años de prisión.

No fue hasta el 30 de abril de 2008 que el Congreso Mexicano despenalizó la migración indocumentada después de caer en la cuenta de que dicha legislación era indigna para un país hermano que sigue siendo, a fecha de hoy, el emisor número uno de migrantes indocumentados en todo el mundo.

La legislación vigente “es inadmisible por distanciarse de las exigencias y el respeto a los Derechos Humanos” de los propios migrantes mexicanos que salen de nuestro país dijo el congresista, Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional (PAN), cuando subió al estrado a dar su voto a favor de la derogación de la ley.

Sin embargo, a pesar de los cambios en las leyes mexicanas, la nobleza de congresistas como el Sr. Andrade Quezada y la incansable lucha de las distintas ONGs, el migrante mesoamericano sigue siendo tratado por el hermano azteca como un animal de lomo duro, sin alma, que resiste en carne propia los latigazos y el flagelo infernal de las autoridades mexicanas.

Nadie sabe el número exacto de migrantes atracados, navajeados, violados, balaceados, ametrallados y/o asesinados en territorio mexicano. Esa información no existe o nadie en el gobierno mexicano quiere que se le dé la dimensión pública que el fenómeno se merece.

La única instancia mexicana que se ha atrevido finalmente a poner el dedo en la llaga ha sido El Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), cuyo informe divulgado en Junio de 2009, revela que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9,920 “emigrantes centroamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos fueron secuestrados y tratados con extrema crueldad a su paso por territorio mexicano”.

¡Cerca de 10,000 casos de secuestro y maltrato de extrema crueldad! Es decir, el crimen contra los migrantes mesoamericanos no es algo residual, ni aislado, sino una práctica habitual generalizada e instrumentalizada que se repite 54 veces al día, 1 vez cada 20 minutos en territorio mexicano.

Sin Frontera, una organización activa en la defensa del migrante, pone rostro a la estadística del drama humano que se vive todos los días en la frontera sur de México: el 60% de las violaciones de Derechos Humanos es absorbido por el pellejo de una mujer centroamericana indefensa de entre 16 y 30 años de edad, que va rumbo al norte en busca de la felicidad.

Una joven salvadoreña, entrevistada por Pablo Ordaz, periodista de El País, dice llorando: "A mí, mientras llegaba el rescate, me violaron. Pero mi amiga no tenía familiares que pagaran por su libertad. Así que le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose durante tres horas enfrente de mí... Para intimidarme".

A otra joven hondureña “le atravesaron, varias veces, la mano derecha con un taladro eléctrico, y, mientras ella gritaba, los torturadores pedían por teléfono a los familiares un rescate de 4,000 dólares”, denuncia un periódico local mexicano.

Las prácticas de las torturas tienen un alto grado de creatividad y sofisticación propias del contraespionaje de la guerra fría y la eficiencia parece sobrada en la recaudación económica por los rescates.

Es la industria del asesinato y el secuestro de migrantes en tránsito llevada al límite de la automatización, que reporta a los malhechores unas ganancias de 26 millones de dólares anuales con el visto bueno y/o el permiso activo o pasivo de las autoridades mexicanas.

En el terreno de la legalidad, la cosa es pasmosa. Menos del 2% de todos los crímenes contra los migrantes en tránsito es investigado por las autoridades judiciales mexicanas, incluidos aquellos crímenes considerados delito mayor contra las personas como el secuestro, la violación, la tortura o el asesinato.

¿Qué se puede hacer ante semejante abominación consentida, coordinada, autorizada o perpetrada por las autoridades mexicanas?

Se puede hacer varias cosas, de las cuales recalco dos: 1) Nada, es decir, ver para otro lado y dejar las cosas como están porque ese problema personalmente no tiene nada que ver con nosotros, sino sólo con unos miserables migrantes anónimos que deciden, por su cuenta, cruzar las fronteras, tomando sus propios riesgos; o 2) Las autoridades de los países afectados, es decir los gobiernos de Centro América, pueden formar una Mesa Redonda o Consejo Regional para pedir y exigir conjuntamente a México que alivie el nivel de salvajismo contra la especie humana que practica cada 20 minutos en el corazón de la frontera sur, en esa tierra fértil que vio nacer al eterno migrante pueblo mesoamericano.

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