“¡Muerte a la inteligencia!” en Centroamérica
Luis Alvarenga (*)
Si inteligencia es “intus legere”, leer adentro de la realidad, podríamos decir que en El Salvador, Honduras y Guatemala se libra, bajo diferentes formas, una lucha contra quienes se dedican a leer críticamente la realidad de sus países.
Quizá los casos más escandalosos son los que se están dando en Honduras. El régimen de Micheletti es digno heredero de Millán Astray, ese oscuro personaje del nacionalcatolicismo español quien, frente a don Miguel de Unamuno, rector de la universidad de Salamanca, gritó aquello de “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. El paralelismo no es forzado. El 5 de agosto pasado, el gobierno golpista allanó la sede de la Universidad Autónoma de Honduras y agredió a sus máximas autoridades, incluyendo a la rectora Julieta Castellanos.
Este hecho no es el único y no es el producto de la brutalidad descontrolada del régimen, sino de una bien estructurada ofensiva contra la oposición. Esta oposición ha logrado poner en jaque a los usurpadores mediante una sistemática movilización a escala nacional. Precisamente por ello, el régimen ve peligro en cualquier tipo de ejercicio de la crítica: desde los participantes en las marchas que exigen el retorno de Zelaya hasta la labor de los intelectuales.
Diariamente, aparecen por la red informática los nombres de artistas, escritores y académicos. En un país democrático, sus nombres aparecerían en noticias de presentaciones de libros, exposiciones de pinturas o en debates académicos. Ahora leemos los nombres de Linda Ordoñez y Candelario Reyes, ambos poetas, en denuncias de desaparición forzada. Antes había sido el caricaturista Allan McDonald víctima de secuestro y desaparición.
Afortunadamente, McDonald ya recobró su libertad y sigue dibujando sus valientes caricaturas. Según denunció el poeta Otoniel Guevara, Ordoñez se refugió en un cibercafé tras el allanamiento de la sede de la Universidad Pedagógica. Pasó al menos un día desaparecida. Después, recobró su libertad tras haber sido brutalmente torturada.
La brutalidad policial no es, sin embargo, la única forma de combatir la inteligencia. En El Salvador, no es el Estado el que persigue la disidencia, sino los intereses económicos que emplean métodos similares a los de los escuadrones de la muerte. La lucha contra la minería en Cabañas, uno de los departamentos más pobres de El Salvador, ya ha tenido sus víctimas: el promotor cultural y activista ecológico Gustavo Marcelo Rivera fue asesinado.
El 31 de julio, día del periodista, el personal de la comunitaria Radio Victoria recibió amenazas de muerte por sus denuncias contra la minería. También han sido amenazados líderes religiosos e integrantes de ADES, una ONG que trabaja temas de desarrollo local.
El último caso que reseñaremos, el de Guatemala, es más sutil. No apela a la brutalidad policial ni a la intimidación por el uso de la fuerza. Apela, más bien, al derecho, aunque se trata de una versión desfigurada del derecho. Se trata de la demanda contra el editor Raúl Figueroa que interpuso el oscuro empleado judicial Mardo Arturo Escobar. En una triste comedia judicial, las autoridades admitieron una demanda contra Figueroa, cuyo delito fue usar, con permiso del autor, una fotografía de Escobar para la portada de un libro de Rafael Menjívar Ochoa.
El ensañamiento contra Raúl Figueroa, quizá el editor más respetado de Centroamérica en la actualidad, se explica por algo más que la demanda ridícula de Mardo Arturo Escobar. Figueroa publicó en su editorial el informe de la Comisión encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos en Guatemala durante su larga guerra interna. Su esposa, la antropóloga Victoria Sanford, se destacó precisamente en la investigación de estos casos. Esto explica por qué una causa completamente ilógica es tomada en serio por los tribunales.
Los tres ejemplos anteriores no son casos aislados entre sí. En realidad, nos muestran que la democracia en Centroamérica es un ideal que está amenazado por todos lados. La amenaza de un retorno al autoritarismo militar no tiene muchas condiciones de posibilidad por el momento, aunque el caso hondureño demuestra que no hay que ser tan optimistas al respecto. Sin embargo, todavía hay prácticas autoritarias, tanto desde el Estado como de parte de determinados sectores sociales. Esas prácticas, que aparecen como prácticas aparentemente aisladas (el asesinato de un líder comunitario en un departamento “recóndito”, un proceso judicial “folklórico”, etc.) demuestran la latencia del autoritarismo. Mientras las veamos como “anomalías”, o como “incidentes aislados frente a los avances democráticos”, estaremos aceptando que estas prácticas son parte de la “normalidad” de toda transición democrática. Tan normales como que, un día cualquiera, se capture a un presidente en su casa particular y se suspendan las garantías constitucionales hasta nuevo aviso.
(*) Luis Alvarenga es escritor y columnista
Si inteligencia es “intus legere”, leer adentro de la realidad, podríamos decir que en El Salvador, Honduras y Guatemala se libra, bajo diferentes formas, una lucha contra quienes se dedican a leer críticamente la realidad de sus países.
Quizá los casos más escandalosos son los que se están dando en Honduras. El régimen de Micheletti es digno heredero de Millán Astray, ese oscuro personaje del nacionalcatolicismo español quien, frente a don Miguel de Unamuno, rector de la universidad de Salamanca, gritó aquello de “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. El paralelismo no es forzado. El 5 de agosto pasado, el gobierno golpista allanó la sede de la Universidad Autónoma de Honduras y agredió a sus máximas autoridades, incluyendo a la rectora Julieta Castellanos.
Este hecho no es el único y no es el producto de la brutalidad descontrolada del régimen, sino de una bien estructurada ofensiva contra la oposición. Esta oposición ha logrado poner en jaque a los usurpadores mediante una sistemática movilización a escala nacional. Precisamente por ello, el régimen ve peligro en cualquier tipo de ejercicio de la crítica: desde los participantes en las marchas que exigen el retorno de Zelaya hasta la labor de los intelectuales.
Diariamente, aparecen por la red informática los nombres de artistas, escritores y académicos. En un país democrático, sus nombres aparecerían en noticias de presentaciones de libros, exposiciones de pinturas o en debates académicos. Ahora leemos los nombres de Linda Ordoñez y Candelario Reyes, ambos poetas, en denuncias de desaparición forzada. Antes había sido el caricaturista Allan McDonald víctima de secuestro y desaparición.
Afortunadamente, McDonald ya recobró su libertad y sigue dibujando sus valientes caricaturas. Según denunció el poeta Otoniel Guevara, Ordoñez se refugió en un cibercafé tras el allanamiento de la sede de la Universidad Pedagógica. Pasó al menos un día desaparecida. Después, recobró su libertad tras haber sido brutalmente torturada.
La brutalidad policial no es, sin embargo, la única forma de combatir la inteligencia. En El Salvador, no es el Estado el que persigue la disidencia, sino los intereses económicos que emplean métodos similares a los de los escuadrones de la muerte. La lucha contra la minería en Cabañas, uno de los departamentos más pobres de El Salvador, ya ha tenido sus víctimas: el promotor cultural y activista ecológico Gustavo Marcelo Rivera fue asesinado.
El 31 de julio, día del periodista, el personal de la comunitaria Radio Victoria recibió amenazas de muerte por sus denuncias contra la minería. También han sido amenazados líderes religiosos e integrantes de ADES, una ONG que trabaja temas de desarrollo local.
El último caso que reseñaremos, el de Guatemala, es más sutil. No apela a la brutalidad policial ni a la intimidación por el uso de la fuerza. Apela, más bien, al derecho, aunque se trata de una versión desfigurada del derecho. Se trata de la demanda contra el editor Raúl Figueroa que interpuso el oscuro empleado judicial Mardo Arturo Escobar. En una triste comedia judicial, las autoridades admitieron una demanda contra Figueroa, cuyo delito fue usar, con permiso del autor, una fotografía de Escobar para la portada de un libro de Rafael Menjívar Ochoa.
El ensañamiento contra Raúl Figueroa, quizá el editor más respetado de Centroamérica en la actualidad, se explica por algo más que la demanda ridícula de Mardo Arturo Escobar. Figueroa publicó en su editorial el informe de la Comisión encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos en Guatemala durante su larga guerra interna. Su esposa, la antropóloga Victoria Sanford, se destacó precisamente en la investigación de estos casos. Esto explica por qué una causa completamente ilógica es tomada en serio por los tribunales.
Los tres ejemplos anteriores no son casos aislados entre sí. En realidad, nos muestran que la democracia en Centroamérica es un ideal que está amenazado por todos lados. La amenaza de un retorno al autoritarismo militar no tiene muchas condiciones de posibilidad por el momento, aunque el caso hondureño demuestra que no hay que ser tan optimistas al respecto. Sin embargo, todavía hay prácticas autoritarias, tanto desde el Estado como de parte de determinados sectores sociales. Esas prácticas, que aparecen como prácticas aparentemente aisladas (el asesinato de un líder comunitario en un departamento “recóndito”, un proceso judicial “folklórico”, etc.) demuestran la latencia del autoritarismo. Mientras las veamos como “anomalías”, o como “incidentes aislados frente a los avances democráticos”, estaremos aceptando que estas prácticas son parte de la “normalidad” de toda transición democrática. Tan normales como que, un día cualquiera, se capture a un presidente en su casa particular y se suspendan las garantías constitucionales hasta nuevo aviso.
(*) Luis Alvarenga es escritor y columnista
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Latinoamerica
Inteligencia militar son dos términos contradictorios!!!!!
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