Desmadre en la selección de nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema se acerca al limbo jurídico
Por Sergio Arauz*
“Nos estamos aproximando a una situación que podría ser crítica para la institucionalidad del país”. Así describe Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el enredo jurídico provocado por la preselección de magistrados al máximo tribunal.
La Corte Suprema admitió un amparo de Michelle Gallardo, viceministra de Turismo y aspirante a magistrada que fue dejada fuera de la lista de precandidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, en el que alega que sus derechos fueron violentados por los miembros del CNJ. La Corte ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el nombramiento de los nuevos magistrados hasta que resuelva el caso demandado por Gallardo.
Las palabras del magistrado Guzmán hacen referencia a que cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, la más importante de la CSJ, terminan su periodo el 30 de junio, y por mandato constitucional deben abandonar el cargo; pero ante la decisión de la misma Sala podrían no tener sustitutos.
Gallardo argumentó su amparo con la autodesignación de tres miembros del Consejo Nacional de la Judicatura en la lista de precandidatos que envoi a la Asamblea, y que ha sido considerada por las fuerzas políticas y la opinion pública como una violación a la ética y un claro conflicto de intereses. Gallardo alega que al autoincorporarse a la lista, los tres miembros del CNJ cortaron las posibilidades qde que esas candidaturas pudieran ser llenadas por otras personas… como ella.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por ley tiene la potestad de mandar a la Asamblea Legislativa un listado de 30 aspirantes a magistrados (Quince de ellos compitieron en elecciones de profesionales del derecho y 15 los deciden los miembros del CNJ a partir de un banco de curriculos que tiene la institución).
Pero esta e sla primera vez que tres miembros del CNJ se incluyen en la lista de propuestas.
Con la admission del amparo y la suspension del acto reclamado, es decir la elección de magistrados en la Asamblea, la Sala más importante de la Corte Suprema podría haber incurrido también en un conflicto de intereses, ya que dos de los tres magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron a favor de la admission de la denuncia de Gallardo también quieren ser magistrados. El magistrado presidente, Agustín García Calderon, no firmó la resolución, pero sí participó en el debate del caso. Él también quiere ser reelecto como magistrado.
El escrito presentado por Gallardo el 27 de abril pasado alega que el Consejo Nacional de la Judicatura le violó su derecho a optar a un cargo público cuando la excluyó del listado de 72 aspirantes: “(...) el referido Pleno sin facultades legales ni constitucionales procedió a incluir en la prenotada lista de candidatos a tres de sus miembros o integrantes propietarios, incluyendo entre estos al Presidente y dos vocales (…)”.
El texto resume que el CNJ ha violado la Carta Magna al haber incluido en la lista a Nora Montoya, Efraín Campos y David Cabezas, todos miembros del CNJ, este último presidente del organismo. La Viceministra concluye que lo que considera una violación a la Constitución por parte del CNJ le afecta directamente: “(...)repercute o recae directamente en violación y obstaculización a mis derechos constitucionales para optar al ejercicio del cargo público de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, causándome un agravio personal y directo con infracción, además, del principio constitucional de igualdad (…)”.
Los argumentos que sirvieron a Michelle Gallardo -conflicto de interes en los miembros del CNJ que se autopropusieron para una silla de la CSJ- son los mismos en los que incurren dos magistrados que pidieron al CNJ ser incluidos y no fueron tomados en cuenta para la lista que acordó mandar a la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de este año.
Los magistrados Julio Enrique Acosta Baires, José Nestor Castaneda y Mauricio Alfredo Clará firmaron el documento (Amparo 128-2009) a favor de Michelle Gallardo que ordena a la Asamblea Legislativa detener el proceso de elección de candidatos a las sillas que ellos ocupan en la Sala de lo Constitucional.
“Resulta procedente suspender los efectos del acto reclamado en el presente amparo, ordenando a la Asamblea Legislativa que se abstenga de proceder a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el uno de julio del año dos mil nueve y el treinta de junio del año dos mil dieciocho, tomando como base la lista de candidatos conformada y que le fue remitida por el Consejo Nacional de la Judicatura; lo anterior con el objeto de evitar la alteración del estado de hecho de la situación controvertida”, dice el escrito de admisión de la demanda.
La Magistrada Victoria Marina de Avilés, la única que votó en contra, alegó que no es posible amparar a la vice ministra de Turismo por que no hay un agravio en contra de ella claro: “Y es que, el reunir los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en los artículos 51 y 52 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura para ser propuesto como candidato para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no produce la certeza en el individuo que reúne tales condiciones de que efectivamente el ente encargado de la designación de los candidatos a ese cargo le seleccione, sino que, por el contrario, únicamente origina una expectativa de que su postulación deberá ser tomada en cuenta al momento de efectuar la deliberación y elección respectiva, sin que esa consideración especial vincule o limite la potestad facultativa que para el ejercicio de esa función el ordenamiento jurídico le concede al Consejo Nacional de la Judicatura.”
La magistrada De Avilés, que también termina su periodo el 30 de junio, explica en su escrito que un agravio, según la norma jurídica de la Sala, puede entenderse como agravio personal o como agravio jurídico: “entendiéndose por el primero, cualquier daño, lesión, afectación o perjuicio definitivo que la persona sufra en forma personal y directa en su esfera jurídica; y el segundo -el elemento jurídico- que el daño sea causado o producido en ocasión o mediante la real violación de derechos constitucionales atribuida a alguna autoridad.”
La institucionalidad a prueba
La magistrada Mirna Perla, quien pertenece a la Sala de lo Civil de la Corte, segunda en jerarquía luego del a Sala de lo Constitucional, dice que abordarán el problema en Corte Plena, es decir, en sesión de los 15 magistrados de la CSJ. Según dijo, “los magistrados que conocieron del amparo tendrían que excusarse de conocer y llamar a los suplentes”.
-¿Está o no obligada la Asamblea a acatar el fallo?, se autopreguntó el magistrado Ulices del Dios Guzmán en una entrevista en TCS. “Bueno, en principio la Asamblea Legislativa está obligada a acatar ese fallo, no hay que olvidar que estamos hablando de relaciones entre poderes y eso se vuelve realmente muy delicado. Yo he escuchado, y me parece con ‘cierto’ sentido en realidad, el argumento de que esa atribución, la de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se la confiere directamente la Constitución a la Asamblea Legislativa y que por tanto la Sala de lo Constitucional no puede prohibirle el ejercicio de esa atribución a la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que la Asamblea Legislativa puede elegir a los magistrados de la lista que le envía el Consejo y la lista a su vez que la envía el Consejo debe de ser legítima, debe de ser constitucional y legítima. Y precisamente la legitimidad o en la constitucionalidad de esa lista es que está siendo atacada por el proceso de amparo y por eso yo sostengo de que la Sala de lo Constitucional sí puede ordenarle a la Asamblea Legislativa la suspensión de los efectos del acto reclamado.Lo que ocurre es que en realidad no debiéramos de llegar hasta ese extremo porque estamos llegando a un extremo realmente sumamente delicado”. En la misma entrevista, fue él mismo quien develó el conflicto de interés entre los magistrados de la Sala de lo constitucional que discutieron y admitieron el amparo.
Según Perla, en caso de que no se resuelva el punto antes del 30 de junio, los suplentes deberían llenar las sillas de los que abandonan la Sala de lo Consitucional: “Tendría que ser los suplentes, son lo que pueden venir, los que no han terminado su periodo, el que queda (magistrado que no termina su periodo) es el presidente (de la Sala, el magistrado Castaneda)”. La misma opinión comparte el magistrado Acosta Baires.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), presentó otro amparo como contraparte al presentado por Michelle Gallardo. En el texto, IDHUCA expone que frenar el proceso de elección de magistrados contituye una violación al derecho de seguridad jurídica: “¿Qué ocurrirá si, llegada la fecha en que los actuales magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional finalizan su período, la medida cautelar que impide a la Asamblea Legislativa proseguir el proceso de elección se mantiene? La Asamblea seguirá sin poder realizar la elección, pero –por no contar con una Sala de lo Constitucional que resuelva el Amparo 128-2009– la medida cautelar impediría ad perpetuam la integración tanto de la Sala de lo Constitucional como de la Corte Plena. Eso, como se ha sostenido antes, viola frontalmente nuestro derecho constitucional a la seguridad jurídica”.
Al documento de amparo presentado, el IDHUCA también ha pedido a la Corte que admita en el proceso constitucional de amparo un Amicus Curiae (Amigos del derecho), recurso jurídico que apoya los argumentos con el que piden ser aceptados como parte involucrada. Este texto solicita a la Corte que acepte los argumentos de la Magistrada Velásquez de Avilés y revoque inmediatamente, y de oficio, el amparo de la viceministra Gallardo.
Fuente: El Faro.net 13/5/2009
Por Sergio Arauz*
“Nos estamos aproximando a una situación que podría ser crítica para la institucionalidad del país”. Así describe Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el enredo jurídico provocado por la preselección de magistrados al máximo tribunal.
La Corte Suprema admitió un amparo de Michelle Gallardo, viceministra de Turismo y aspirante a magistrada que fue dejada fuera de la lista de precandidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, en el que alega que sus derechos fueron violentados por los miembros del CNJ. La Corte ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el nombramiento de los nuevos magistrados hasta que resuelva el caso demandado por Gallardo.
Las palabras del magistrado Guzmán hacen referencia a que cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, la más importante de la CSJ, terminan su periodo el 30 de junio, y por mandato constitucional deben abandonar el cargo; pero ante la decisión de la misma Sala podrían no tener sustitutos.
Gallardo argumentó su amparo con la autodesignación de tres miembros del Consejo Nacional de la Judicatura en la lista de precandidatos que envoi a la Asamblea, y que ha sido considerada por las fuerzas políticas y la opinion pública como una violación a la ética y un claro conflicto de intereses. Gallardo alega que al autoincorporarse a la lista, los tres miembros del CNJ cortaron las posibilidades qde que esas candidaturas pudieran ser llenadas por otras personas… como ella.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por ley tiene la potestad de mandar a la Asamblea Legislativa un listado de 30 aspirantes a magistrados (Quince de ellos compitieron en elecciones de profesionales del derecho y 15 los deciden los miembros del CNJ a partir de un banco de curriculos que tiene la institución).
Pero esta e sla primera vez que tres miembros del CNJ se incluyen en la lista de propuestas.
Con la admission del amparo y la suspension del acto reclamado, es decir la elección de magistrados en la Asamblea, la Sala más importante de la Corte Suprema podría haber incurrido también en un conflicto de intereses, ya que dos de los tres magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron a favor de la admission de la denuncia de Gallardo también quieren ser magistrados. El magistrado presidente, Agustín García Calderon, no firmó la resolución, pero sí participó en el debate del caso. Él también quiere ser reelecto como magistrado.
El escrito presentado por Gallardo el 27 de abril pasado alega que el Consejo Nacional de la Judicatura le violó su derecho a optar a un cargo público cuando la excluyó del listado de 72 aspirantes: “(...) el referido Pleno sin facultades legales ni constitucionales procedió a incluir en la prenotada lista de candidatos a tres de sus miembros o integrantes propietarios, incluyendo entre estos al Presidente y dos vocales (…)”.
El texto resume que el CNJ ha violado la Carta Magna al haber incluido en la lista a Nora Montoya, Efraín Campos y David Cabezas, todos miembros del CNJ, este último presidente del organismo. La Viceministra concluye que lo que considera una violación a la Constitución por parte del CNJ le afecta directamente: “(...)repercute o recae directamente en violación y obstaculización a mis derechos constitucionales para optar al ejercicio del cargo público de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, causándome un agravio personal y directo con infracción, además, del principio constitucional de igualdad (…)”.
Los argumentos que sirvieron a Michelle Gallardo -conflicto de interes en los miembros del CNJ que se autopropusieron para una silla de la CSJ- son los mismos en los que incurren dos magistrados que pidieron al CNJ ser incluidos y no fueron tomados en cuenta para la lista que acordó mandar a la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de este año.
Los magistrados Julio Enrique Acosta Baires, José Nestor Castaneda y Mauricio Alfredo Clará firmaron el documento (Amparo 128-2009) a favor de Michelle Gallardo que ordena a la Asamblea Legislativa detener el proceso de elección de candidatos a las sillas que ellos ocupan en la Sala de lo Constitucional.
“Resulta procedente suspender los efectos del acto reclamado en el presente amparo, ordenando a la Asamblea Legislativa que se abstenga de proceder a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el uno de julio del año dos mil nueve y el treinta de junio del año dos mil dieciocho, tomando como base la lista de candidatos conformada y que le fue remitida por el Consejo Nacional de la Judicatura; lo anterior con el objeto de evitar la alteración del estado de hecho de la situación controvertida”, dice el escrito de admisión de la demanda.
La Magistrada Victoria Marina de Avilés, la única que votó en contra, alegó que no es posible amparar a la vice ministra de Turismo por que no hay un agravio en contra de ella claro: “Y es que, el reunir los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en los artículos 51 y 52 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura para ser propuesto como candidato para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no produce la certeza en el individuo que reúne tales condiciones de que efectivamente el ente encargado de la designación de los candidatos a ese cargo le seleccione, sino que, por el contrario, únicamente origina una expectativa de que su postulación deberá ser tomada en cuenta al momento de efectuar la deliberación y elección respectiva, sin que esa consideración especial vincule o limite la potestad facultativa que para el ejercicio de esa función el ordenamiento jurídico le concede al Consejo Nacional de la Judicatura.”
La magistrada De Avilés, que también termina su periodo el 30 de junio, explica en su escrito que un agravio, según la norma jurídica de la Sala, puede entenderse como agravio personal o como agravio jurídico: “entendiéndose por el primero, cualquier daño, lesión, afectación o perjuicio definitivo que la persona sufra en forma personal y directa en su esfera jurídica; y el segundo -el elemento jurídico- que el daño sea causado o producido en ocasión o mediante la real violación de derechos constitucionales atribuida a alguna autoridad.”
La institucionalidad a prueba
La magistrada Mirna Perla, quien pertenece a la Sala de lo Civil de la Corte, segunda en jerarquía luego del a Sala de lo Constitucional, dice que abordarán el problema en Corte Plena, es decir, en sesión de los 15 magistrados de la CSJ. Según dijo, “los magistrados que conocieron del amparo tendrían que excusarse de conocer y llamar a los suplentes”.
-¿Está o no obligada la Asamblea a acatar el fallo?, se autopreguntó el magistrado Ulices del Dios Guzmán en una entrevista en TCS. “Bueno, en principio la Asamblea Legislativa está obligada a acatar ese fallo, no hay que olvidar que estamos hablando de relaciones entre poderes y eso se vuelve realmente muy delicado. Yo he escuchado, y me parece con ‘cierto’ sentido en realidad, el argumento de que esa atribución, la de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se la confiere directamente la Constitución a la Asamblea Legislativa y que por tanto la Sala de lo Constitucional no puede prohibirle el ejercicio de esa atribución a la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que la Asamblea Legislativa puede elegir a los magistrados de la lista que le envía el Consejo y la lista a su vez que la envía el Consejo debe de ser legítima, debe de ser constitucional y legítima. Y precisamente la legitimidad o en la constitucionalidad de esa lista es que está siendo atacada por el proceso de amparo y por eso yo sostengo de que la Sala de lo Constitucional sí puede ordenarle a la Asamblea Legislativa la suspensión de los efectos del acto reclamado.Lo que ocurre es que en realidad no debiéramos de llegar hasta ese extremo porque estamos llegando a un extremo realmente sumamente delicado”. En la misma entrevista, fue él mismo quien develó el conflicto de interés entre los magistrados de la Sala de lo constitucional que discutieron y admitieron el amparo.
Según Perla, en caso de que no se resuelva el punto antes del 30 de junio, los suplentes deberían llenar las sillas de los que abandonan la Sala de lo Consitucional: “Tendría que ser los suplentes, son lo que pueden venir, los que no han terminado su periodo, el que queda (magistrado que no termina su periodo) es el presidente (de la Sala, el magistrado Castaneda)”. La misma opinión comparte el magistrado Acosta Baires.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), presentó otro amparo como contraparte al presentado por Michelle Gallardo. En el texto, IDHUCA expone que frenar el proceso de elección de magistrados contituye una violación al derecho de seguridad jurídica: “¿Qué ocurrirá si, llegada la fecha en que los actuales magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional finalizan su período, la medida cautelar que impide a la Asamblea Legislativa proseguir el proceso de elección se mantiene? La Asamblea seguirá sin poder realizar la elección, pero –por no contar con una Sala de lo Constitucional que resuelva el Amparo 128-2009– la medida cautelar impediría ad perpetuam la integración tanto de la Sala de lo Constitucional como de la Corte Plena. Eso, como se ha sostenido antes, viola frontalmente nuestro derecho constitucional a la seguridad jurídica”.
Al documento de amparo presentado, el IDHUCA también ha pedido a la Corte que admita en el proceso constitucional de amparo un Amicus Curiae (Amigos del derecho), recurso jurídico que apoya los argumentos con el que piden ser aceptados como parte involucrada. Este texto solicita a la Corte que acepte los argumentos de la Magistrada Velásquez de Avilés y revoque inmediatamente, y de oficio, el amparo de la viceministra Gallardo.
Fuente: El Faro.net 13/5/2009
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Democracia
ASI SE PREMIA A LOS DEL PARTIDO ARENARCONAZI LA SEÑORA GALLARDO.
ReplyDeleteLA PREGUNTA CLAVE ES PORQUE ENTONCES NO SE ESTIMO LA DEMANDA DEL HERMANO CHEVEZ CUANDO FUE DESTITUIDO POR EL ACTUAL PRESIDENTE ELEGIDO POR ARENA EL CIROTE ZE-PEDA ?
VEN PAISANOS COMO ESTAMOS DE JODIDOS EN EL PAIS?
HACEN LO QUE QUIEREN Y LES VAL ELO QUE DIGA EL PUEBLO, ES MAS, EXISTE UN CINISMO SARCASTICO CUANDO HABLAN DE LA INTEGRIDAD DE ESTE CIROTE, EL CUAL NO TIENE NI UNA PIZCA DE DECENCIA NI MORAL Y ALLI ANDABA CON EL HERMANO CHEVEZ CON UNA CRUZ COLGADA AL CUELLO Y CUANDO LO DESTITUYO INGNORANDOLO DE LA ZAFO (ESA CRUZ SE PARECE A LACRUZ QUE SE TRABA TREVI LOCO, DIGO TOBY LOBO, DIGO LOPEZ.
HASTA CUANDO PUEBLO?
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.