ALIANZA POR LA FAMILIA DEL GOBIERNO

Casi como por arte de magia, sale de repente “Alianza por la Familia”. No cabe duda que hay buenos y hábiles “marketiniamos políticos” en el Gobierno y en el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). También puede ser que estuviera previsto, nadie saca 19 medidas en cuatro días, en todo caso se lo tenían bien guardado para dar el pistoletazo y neutralizar cualquier avance del contrario. No es una crítica, es la mecánica de la Democracia en movimiento.

Hay que ser claros en esto. Las medidas son poco más que nada pero algo es algo y por tanto bienvenidas sean.

En el plano electoral, también, para que nos vamos a engañar, las 19 medidas son electoralistas, o por lo menos hay espacio para pensarlo. El “timing” así lo sugiere, cosa que por otro lado no quita el posible beneficio de aquellos para quienes van destinadas.

Yo no conozco, sinceramente, ninguna medida de ningún gobierno del mundo destinada a ayudar al ciudadano de a pie que no tenga algún elemento “electoralista”, entendiendo por este concepto el accionar del gobernante a ofrecer nuevos servicios a la población con el objetivo de conseguir su voto. Al fin de cuentas, la Democracia es así, un poco electoralista.

La medida del impuesto de 0.10 centavos por galón de combustible a los cerca de 600 mil ciudadanos que tienen algún tipo de vehículo de combustión, perece haber sido el gatillo que ha obligado el disparo de las nuevas medidas de Tony Saca y su gobierno. Otra vez, bienvenidas sean.

Si vemos la fotografía, no la global, sino la inmediata, o sea la de los próximos 12 meses, se trata de $54 millones que el Gobierno pondrá en la mesa para ayudar a las familias, además de un plan de control estatal en el mercado para evitar abusos y tarifas excesivas. Esto es, sobre el papel, lo inmediato de la “Alianza por la Familia”.

¿Adónde o en qué se van a gastar o invertir esos 54 millones?
1) $18.5 anuales en la “Gratuidad del Bachillerato”.
2) $3 millones anuales en ampliar la cobertura salarial del 75% al 100% a las madres con incapacidad por maternidad, dentro del sistema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que beneficiará a unas 13,000 familias.
3) $17 millones 2007-2008, para fortalecer la cosecha de granos básicos para abastecer más y mejor
4) $15 millones anuales en una deducción de hasta $1,600 a los contribuyentes en su declaración anual de la renta, que afectará a unos 350,000 contribuyentes. La deducción aplica solo a gastos de salud y educación del contribuyente

Bien, estamos claros: la Alianza es buena para las familias ya que pone en “lo social” $54 millones adicionales para ayudar a paliar el cansancio financiero de fin de mes de las familias salvadoreñas. ¿Es suficiente? No, el gasto social nunca es suficiente en ningún país del mundo.

Sin ánimos de jugar a ser el papel de abogado del diablo, ésto no estaba previsto ni programado en ninguna agenda oficial dentro del partido ni dentro del programa de Gobierno o por lo menos estaba bien guardado en la caja negra de seguridad. Ya hemos dicho antes que el impopular impuesto del petróleo es, en parte, responsable de estas 19 medidas de última hora. También los indicadores de la cuenta del milenio podrían estar implicados. También la encuesta que da 7 puntos de ventaja al FMLN puede tener algo que ver.

Bueno, pueden haber muchos otros “porques”. Pero lo sustancial es que es bueno para las familias. Pero hay que profundizar más el análisis.

El tema es que ahora el Gobierno va a tener que sacar de algún lado esos 54 millones de dólares. Según Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la Presidencia, “$18.5 millones saldrán del fideicomiso para la educación, paz social y seguridad ciudadana”. No hay explicaciones de las fuentes para compensar el resto de los de $35.5 millones, por lo menos yo no las conozco. Se dice que saldrán del aumento en la recaudación de los impuestos en los próximos años. A mí me parece un plan armado y cocinado a toda velocidad, pero puedo estar equivocado.

De acuerdo con Grimaldi, esa huida de $18.5 millones a otra partida presupuestaria “no deja de cubrir ningún área”, prevista con anterioridad en Educación.

En la economía básica de un estado más o menos transparente, si quitamos $15 de una partida para ponerla en otra partida no prevista implica que los servicios de la partida inicial, de donde se ha quitado el dinero, sufran el retroceso correspondiente a la falta del recurso económico ahí creado y que los servicios, de la partida de destino, aumenten con el reesfuerzo del nuevo recurso asignado. Naturalmente suponiendo una cierta eficiencia por parte de un estado en las transformaciones de los recursos económicos en servicios a la ciudadanía.

Bien si Grimaldi dice se quitan $18.5 millones de educación, paz social y seguridad ciudadana y que todas las áreas en educación se quedan cubiertas como estaban previstas, ¿entonces cual es el hueco que se crea en paz social y seguridad ciudadana? No lo sabemos. Puede ser que en paz social y seguridad ciudadana hayan partidas y fondos que nadie conoce. Puede ser. Solo nos queda el derecho a sospechar. El Gobierno de la Nación tiene esta mala costumbre de poca, o ninguna transparencia especialmente en cuestiones de índole económica. Nadie sabe por ejemplo cuales son los salarios de los ministros y su programación de gastos en conceptos de viajes, dietas, y otros gastos relacionados con la mecánica de la representación oficial. Pero, bueno, éste es otro debate.

Seguimos con la “Alianza por la Familia”.

Por el lado de la regulación, hay que admitir que las medidas son acertadas y muy necesarias. En un mercado como El Salvador en donde si uno se compra, digamos, una tarjeta prepagada de 15 dólares para hacer llamadas por el celular, solo se dispone de 15 días máximos para ventilarse todo el crédito comprado. El crédito vence a la hora exacta de la compra, exactamente 15 días después. Si a la tarjeta le quedaban $10 en el momento del vencimiento, eso va para las arcas de las operadoras.

¿Quién controla todo esto? Bueno, digamos, yo estoy en el sillón de Telefonica o France Telecom, y digo bueno pues el plazo de las tarjetas prepagadas de ahora en adelante será de 5, 10, 15, 20 días. La duracion de este preciado producto la controla el mercado y 15 días para una tarjeta prepagada es un medio robo al consumidor. De estas anécdotas hay miles en El Salvador.

Es un mercado arrasador, no tiene ninguna piedad hacia los consumidores y las instituciones que velan por los derechos del consumidor hasta ahora sólo han asomado la cabeza desde lo lejos, cuando su función es la de fajarse por los derechos del consumidor.

Por eso es bueno y gratificante saber que la “Alianza por la Familia” va a poner un “granito de arena” para defender mejor al pobre ciudadano del “libre mercado”, muchas veces, arrollador. Y a pesar de la tardanza, felicitamos al Ejecutivo por las medidas adoptadas.

Sin embargo, sobre los “terceros efectos” de trasladar $54 millones de otras partidas presupuestarias al nuevo plan “Alianza por la Familia”, el Gobierno ha de hacer un mejor ejercicio de transparencia para evitar que corrientes ciudadanos, no militantes como nosotros caigamos siempre en el ultra-espacio de la duda que inevitablemente nos lleva al indeseado terreno de la conjetura y la sospecha de algo que presumiblemente es bueno y nos conviene, con la consiguiente etiqueta por parte de algunos oficiales del Gobierno de "militantes de ultra-izquierda”, por poner un termino suave, cuándo en realidad lo único que hacemos es un acto de análisis y reflexión.

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